El financiamiento de las universidades estatales y su rentabilidad social es un tema de permanente interés. En las universidades públicas nos vemos obligados -por ley- a manejar un modelo obsoleto e ineficaz. Pero el país y su gente necesitan otra cosa. Es útil revisar algunas cifras que me son cercanas.
El presupuesto 2009 de la Universidad de Chile es de 300 mil millones de pesos, con un aporte estatal directo de 42 mil millones, un 14%. Cifra bajísima comparada con cualquiera de los países de la OCDE, club de las naciones más desarrolladas, algunas de las cuales aportan a sus universidades hasta el 90% de sus presupuestos.
Por ley, las universidades estatales deben publicar sus balances generales y estados financieros auditados, lo que no es obligatorio a las universidades privadas. Los recursos públicos y privados que reciben las universidades estatales se manejan como recursos públicos y están sujetas al control público. Las universidades privadas manejan los recursos públicos y privados sin control público alguno, y no están obligadas a funcionar con Chilecompra, ni con el Estatuto Administrativo, ni son supervisadas por dos contralorías como nosotros. Las privadas figuran como corporaciones sin fines de lucro, pero muchas son negocios que se compran y se venden en cifras millonarias en dólares. Lo que el país necesita globalmentc es otra cosa.
La Universidad de Chile, trabajando en estas condiciones desfavorables, sigue liderando en investigación y en docencia, gracias al esfuerzo y generosidad de su comunidad, pero esto tiene un límite.
En el período 2003-2007, entre las universidades del Consejo de Rectores, la Universidad de Chile representa el 32% de las publicaciones internacionales ISI, la Universidad Católica el 21%, y la Universidad de Concepción el 13%. En el concurso Fondecyt 2009, obtuvimos 128 proyectos (el 31,6%), la PUC 67 y la UdC 33 proyectos, o sea, la Universidad de Chile obtuvo más proyectos que ambas universidades juntas. En el período 2002-2006, la UCH graduó al 36% de los doctorados en el país, la PUC el 25%, y la UdC el 19%. Días atrás se publicaron los resultados de las 500 becas de doctorado para todo el país: la UCH ganó 149 y la PUC 100. En concursos Corfo - Innova, tenemos el 11,6%, la UdC el 6,8 %, y la PUC el 3,6%.
De los alumnos que ingresan el 2009, en nuestra universidad el 37% proviene de colegios particulares pagados (colegios que representan al 7% de los estudiantes), y el 63% de colegios subvencionados (municipales y particulares); en la U. Católica, el 67,6% proviene de colegios particulares pagados, y el 32,4% de colegios subvencionados. Sin embargo, la ayuda del Estado en becas y créditos por arancel de referencia favorece más a los estudiantes de la U. Católica.
¿Cuántos más beneficios obtendríamos como país si en lugar de dificultarles las cosas a sus universidades públicas el Estado optara por apoyarlas, como hacen los países desarrollados? Chile necesita dar un salto adelante en cuanto a calidad, equidad, innovación y responsabilidad social del conocimiento. Ahí hay tareas que sólo se pueden cumplir con un sólido sistema de universidades públicas. Por eso hemos presentado un conjunto articulado de propuestas que llamamos el Nuevo Trato entre el Estado y sus Universidades.
En este contexto, las universidades estatales asumen cinco compromisos: calidad con equidad (programas concretos con metas y resultados verificablcs sobre el mejoramiento de la productividad académica); apoyar al Estado en proyectos de desarrollo e innovación; dar opciones de educación superior para todos; asumir un modelo de administración moderno, eficiente y transparente; crear y mantener espacios públicos, pluralistas y laicos. El uso de recursos públicos establece obligaciones de transparencia y eficiencia. Por eso, el Nuevo Trato propone mecanismos concretos y exigentes de evaluación de desempeños y de resultados. Y el Estado se compromete a financiar, al menos, el 50% de los actuales presupuestos de las universidades estatales.
Esta política no va en contra de otras universidades que realizan aportes importantes al país; sí busca acabar con el abandono del que han sido víctimas las instituciones creadas por el propio Estado.
Chile carece hoy, sin razón alguna, de un modelo sustentable de universidad pública para el siglo 21. Queremos invitar al país y a los candidatos a la Presidencia de la República a pronunciarse.