Señor director:
Recientemente, hice un llamado para que la reforma a la educación superior que prepara el gobierno sea discutida públicamente y no entre cuatro paredes, y denuncié el lobby oscuro y sin regulación en nuestro país que realizan universidades privadas nuevas para recibir recursos públicos sin fiscalización de la Contraloría.
Hasta la fecha, sólo he leído muchas respuestas o comentarios de autoridades de las universidades Andrés Bello (de los mismos dueños de la Universidad de Las Américas), Mayor, Santo Tomás y del Desarrollo, pero ninguna respuesta oficial del ministro de Educación, quien impulsa esta reforma.
Como estamos hablando de temas públicos, educación y recursos fiscales, y toda vez que algunas de estas autoridades han manifestado que las suyas son corporaciones sin fines de lucro, sería bueno que todas estas instituciones privadas hagan públicos -tal como lo hace la Universidad de Chile, por ejemplo- sus estados financieros y contables auditados externamente, sus accionistas y sociedades inmobiliarias vinculadas (que las universidades públicas no tenemos), su institucionalidad que asegure la elección democrática de sus autoridades por parte de sus académicos, sus sistemas únicos de postulaciones y admisión de estudiantes y sus resultados de investigación y desarrollo. Es decir, que todos quienes dicen tener legitimidad para demandar recursos de todos los chilenos, lo hagan sobre la base de información pública que asegure que esos recursos públicos irán en beneficio del país y no de un negocio particular.
Ello permitirá al país entender, por fin, las razones altruistas que llevan a inversionistas nacionales y extranjeros a comprar y vender "corporaciones universitarias sin fines de lucro", en una danza de miles de millones de pesos y a vista y paciencia de las autoridades que tienen la obligación de hacer cumplir las leyes.
En este contexto, las universidades del Consejo de Rectores defendemos que el Estado mejore el financiamiento para estudiantes que ingresen a la educación superior a través de un sistema meritocrático, justo y transparente. Ello, en el entendido que estos fondos públicos sólo pueden ser otorgados a instituciones que cumplen la ley (que en Chile prohíbe el lucro), que todos sus procesos son públicos y auditados, y que el uso y manejo de los recursos fiscales recibidos sean controlados por la Contraloría.
Pretender que todos los chilenos financien mejoras del negocio de un particular para su propio beneficio es francamente impresentable. Reitero, una vez más, nuestra denuncia contra el secretismo en la reforma de la educación superior y contra el lobby oscuro y sin regulación. Y seguimos esperando que el ministro de Educación se haga cargo de una reforma de la educación superior con visión de Estado. Prof. Víctor Pérez Vera Rector Universidad de Chile.
Prof. Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile
Página 44
Cartas al Director