Pleno de universidades tradicionales zanjará situación el próximo jueves:

Envío de proyectos y trabajo de comisiones demora acuerdo entre rectores y el Gobierno

Demora acuerdo entre rector

Alejandra Muñoz C.

Cambios en la fecha de envío al Congreso de algunos de los proyectos de ley que considera la reforma a la educación superior y la forma de trabajo de las comisiones en que se abordarán temas como el financiamiento estudiantil, demoraron la firma de un acuerdo definitivo sobre los cambios al sistema entre el Consejo de Rectores (CRUCh) y el Ministerio de Educación.

Aunque se esperaba que ayer el Comité Directivo del CRUCh llegara a un acuerdo final con el Ejecutivo, modificaciones de última hora en las propuestas postergaron la decisión hasta la reunión que el pleno de los 25 rectores sostendrá el próximo jueves 30, jornada en la que además se desarrollará un paro nacional.

La idea del Gobierno, originalmente era enviar al Congreso entre julio y agosto las iniciativas sobre reprogramación de las deudas del Crédito Universitario y el proyecto que desburocratiza el trabajo de las universidades del Estado.

Según explicó el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, se ha avanzado en varias materias, pero aún quedan puntos que pueden mejorarse antes del próximo jueves.

"Lo que estamos perfeccionando son elementos vinculados a plazos, a formas de trabajo y a cómo se van a enfrentar los temas para su mayor eficacia en el mediano plazo", afirmó. A ello se suma, dijo Rojas, que también se está definiendo mejor la estructura de las mesas de conversación por cada tema.

El rector de la USACh, Juan Zolezzi, destacó que la idea del cambio en el itinerario de envío de los proyectos tiene como fin que se generen los espacios para recoger opiniones de todos los actores, tanto antes del envío del proyecto como en el Congreso.

El documento de consenso que existe hasta ahora no considera un incremento en los aportes de base a las universidades del Estado ni la creación de una superintendencia que fiscalice el cumplimiento efectivo de la norma que prohíbe el lucro en las universidades.

"El acuerdo contempla una subsecretaría que tiene muchas características de superintendencia y entendemos que con eso es posible concretar y acotar el tema que nos preocupa, que el control de todas las instituciones de educación superior y en particular de aquellas que pudieran estar lucrando", dijo Zolezzi.

El rector de la USACh aclaró que los consensos que existen hasta ahora son un "muy buen punto de partida", pero que deberá ser perfeccionado en las distintas mesas de trabajo.

El rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, no compartió la opinión de su par de la USACh y afirmó que los temas ausentes en el documentos son importantes. "Como Universidad de Chile, en este momento, dadas las omisiones, lamentablemente no estamos en condiciones de suscribir el documento", afirmó.

Pérez, en todo caso, valoró que el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, se comprometiera a poner urgencia al proyecto de ley que regula el lobby , otro de los temas fundamentales para la Casa de Bello.

Cinco mesas de trabajo

El documento que están consensuando los rectores y el ministerio considera la creación de cinco mesas de trabajo.

Institucionalidad: debe generar insumos para el proyecto que crea la Subsecretaría de Educación antes del 31 de julio.

Universidades estatales: debe presentar un marco para el envío de un proyecto al Congreso antes del 31 de agosto.

Financiamiento estudiantil: incorporará representantes estudiantiles y debe entregar insumos para los cambios a los créditos fiscal y con aval del Estado. Tiene plazo hasta el 31 de agosto.

Ciencia y Tecnología: debe presentar sus conclusiones antes del 30 de abril del 2012.

Aseguramiento de la calidad: sus conclusiones permitirán elaborar un proyecto de ley antes del 1 de julio de 2012.

Episcopado urge al consenso

Ante las movilizaciones estudiantiles, la Conferencia Episcopal urgió a buscar propuestas de consenso. El documento, leído por el portavoz Jaime Coiro, sostiene que la Iglesia sigue con atención las demandas estudiantiles; que existe un signo de un malestar del cual la sociedad en su conjunto debe hacerse cargo; que queda un largo camino para consolidar un modelo educativo con aprendizajes de calidad y que "las medidas arbitrarias y la violencia física o verbal no son el camino".