Carta al Director en El Mercurio: Transparencia de universidades

Señor Director:

El editorial de ayer sobre transparencia en universidades estatales destaca la importancia de que ellas entreguen información sobre su personal, remuneraciones, auditorías y demás datos solicitados por el Consejo de Transparencia en virtud de su carácter y de que reciben aportes estatales.

Siguiendo con el mismo principio del editorialista, es razonable y necesario que las universidades privadas que reciben recursos estatales también entreguen la misma información que las estatales. Si se trata de proteger el uso de recursos estatales involucrados, y si de montos se trata, es interesante comparar los aportes basales (Aporte Fiscal Directo, AFD) entregados por el Estado a universidades estatales y privadas, respectivamente, en algunas regiones del país según información de 2009 del Ministerio de Educación: $9.383 millones a la Usach y $18.391 millones a la U. Católica en la Región Metropolitana; $3.123 millones a la U. del Bío Bío y $10.807 millones a la U. de Concepción, en la Región del Biobío, y $1.693 millones a la U. de Playa Ancha y $8.170 millones a la U. Católica de Valparaíso, en la Región de Valparaíso.

Todas las universidades estatales son fiscalizadas por la Contraloría General de la República tanto en los recursos del AFD como en los recursos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), en los recursos estatales que reciben vía becas de arancel otorgadas a los estudiantes, en los recursos estatales obtenidos en fondos concursables, en los recursos obtenidos como donaciones del sector privado y en los recursos propios generados por proyectos al sector externo, no pueden endeudarse a más de cuatro años y todas sus compras deben ser realizadas a través de Chile Compra, obligaciones y controles que no tiene ninguna universidad privada de las mencionadas ni tampoco las universidades privadas nuevas.

También como norma de transparencia, desde hace meses que la Universidad de Chile ha denunciado públicamente sobre la urgencia de regular el lobby oscuro que se sigue haciendo en nuestro país y que sólo beneficia a unos pocos que tienen poder y dinero, y perjudica gravemente a la ciudadanía, y a nuestra vida social y democrática. Ya estamos en diciembre y no ha pasado nada. Mientras, se siguen discutiendo importantes proyectos de ley que involucran recursos millonarios y enormes conflictos de interés, y donde los grandes perjudicados son la ciudadanía y la calidad de nuestra convivencia.

Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile

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