Rector: Una superintendencia de educación superior que vele por la calidad

Frente a los escandalosos sucesos de los últimos meses, ha surgido un profundo cuestionamiento al sistema de educación superior y su credibilidad, y por ello la convicción de contar con una superintendencia de educación superior se ha instalado en la sociedad. Es un cambio respecto de lo acontecido a mediados del 2011, cuando exigirla era motivo de descalificaciones por parte de sectores que hoy, ante tales escándalos, la aplauden e impulsan.

Desde 1981 el sistema de educación superior chileno se ha caracterizado por un modelo privatizador y por una defensa acérrima de la libertad de enseñanza, dejando en segundo plano al derecho a la educación y su calidad y, más lejos aun, al derecho a una educación pública de calidad y equitativa. El ejercicio de esa libertad, junto a los arbitrios de algunos para burlar la prohibición legal del lucro, se ha traducido en la proliferación desregulada de instituciones de educación superior, sin que se vele por la "calidad" de la educación que impartan.

El actual marco legal solo cautela, durante el proceso de licenciamiento, que una institución de educación naciente genere un proyecto educativo razonable, pero, otorgada la autonomía, la institución puede abrir sedes e impartir las carreras que desee, sin sujeción a control alguno de la autoridad y sin tener que cumplir ningún estándar mínimo.

La actual ley de aseguramiento de la calidad, que estableció un proceso voluntario de acreditación, prometió un ejercicio "responsable" de esta autonomía. La realidad demuestra que, en varios casos, ésta se ejerció de manera irresponsable y a veces en contra de la ley.

Para asegurar que la superintendencia vele por la "calidad" de la educación, es indispensable que se apruebe una reforma constitucional que garantice efectivamente el "derecho a una educación de calidad". Aprobada esta reforma, no solo se podrá exigir "educación", sino que ésta sea de "calidad". Por lo anterior, el proyecto de Superintendencia no puede fundarse sólo en la necesidad de ampliar los márgenes de libertad personal por medio de mayor información, sino que debe instituir una instancia de control para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad.

Asimismo, el proyecto de ley debe contemplar las facultades para perseguir y sancionar a quienes infrinjan la prohibición legal del lucro de las universidades, y no disponer, como lo es en el actual proyecto, una regulación que en la práctica permite las relaciones comerciales con sus socios, fundadores o directivos y sus familiares. No se puede aceptar que los controladores o directivos de una institución universitaria, ya sea de manera directa, o a través de sus familiares o sociedades en las cuales éstos tengan participación, hagan negocios con la entidad. Una correcta regulación del sistema universitario es establecer una separación radical entre la entidad de educación superior y quienes realizan negocios lucrativos con ella.

Entonces la futura Superintendencia debe contar con atribuciones efectivas para hacer cumplir la ley y fiscalizar, sancionar e interpretar la normativa sectorial, así como con la facultad de dictar instrucciones sobre la forma de aplicar la normativa para aquellas situaciones no reguladas expresamente por la ley. Estas atribuciones permitirán que dejemos de escuchar los dichos de autoridades que culpan a un insuficiente marco legal de las crisis en materia de educación superior, sin que asuman ninguna responsabilidad personal por no haber actuado cuando correspondía.

Pero hay más. El actual modelo profundiza que instituciones de educación superior privadas también accedan a recursos públicos. ¿Habrá que esperar otro escándalo para exigir que el uso y manejo de todos los recursos públicos que directa o indirectamente reciben las instituciones de educación superior privadas sean fiscalizados por la Contraloría General de la República?, ¿o que tales instituciones estén sujetas a la Ley de Transparencia?, ¿o que las transferencias con recursos públicos sean realizadas a través del Portal Mercado Público?

La educación es un bien público y como tal corresponde a la ciudadanía ejercer un control de él, a través de la información fidedigna y transparente que demanda el uso de recursos públicos. Esto hoy solo se exige a las universidades estatales.

Víctor Pérez Vera 

Rector
Universidad de Chile

 

 

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