Financiamiento estatal a la educación superior

Víctor Pérez Vera Rector Universidad de Chile

Desde el año 2006, la Universidad de Chile está exigiendo al Estado un "nuevo trato" que fortalezca la relación de deberes y compromisos con sus universidades públicas. Así como el Estado financia a los hospitales y no a las clínicas privadas, a Codelco y no a las mineras privadas, las universidad estatales son parte esencial de las políticas públicas para, por ejemplo, mejorar la calidad de la educación y las ingenierías, o buscar soluciones para problemas nacionales o regionales, todo en ambientes laicos, pluralistas, independientes de grupos de interés específico, y donde se desarrolle en plenitud la libertad de pensamiento y el conocimiento complejo.

La Universidad de Chile es un ejemplo de lo que estamos planteando: de manera directa el Estado financia solo el 8% del presupuesto de su principal universidad, la que tiene los mejores índices de productividad e investigación científica del país, la única universidad chilena entre las 500 mejores del mundo ( ranking SCImago).

Las universidades públicas llevamos 40 años de olvido, en los que el Estado ha reducido el compromiso con sus universidades y ha aumentado el financiamiento fiscal a la educación superior privada, menoscabando y desnaturalizando la educación superior pública.

Prueba de ello fue el reciente informe de la Contraloría General de la República que dice que del 100% que el Estado destinó el 2012 al financiamiento de la educación superior, solo 42% fue para las 16 universidades públicas; 32% para las nueve universidades privadas tradicionales, y 26% para las universidades privadas nuevas, algunas de las cuales han sido mencionadas en los medios por temas de lucro.
Este mismo informe indica que si seleccionamos a las 10 universidades que más financiamiento fiscal recibieron el 2012, más del 60% fue a las universidades privadas -tradicionales y nuevas-. Es decir, el Estado otorgó menos del 40% a sus propias universidades.

La Contraloría también iluminó situaciones como la de Valparaíso, donde el Estado entregó más del 75% del Aporte Fiscal Directo de la zona a las dos universidades privadas tradicionales (U. Técnica F. Santa María y U. Católica de Valparaíso), dejando menos del 23% para sus dos universidades públicas (U. de Valparaíso y U. de Playa Ancha).

Con esta realidad, hay preguntas obvias. ¿Para qué el Estado tiene universidades públicas si casi no les entrega recursos? ¿El Estado estará esperando que las universidades estatales se mueran, para vender sus terrenos a universidades privadas nuevas o centros comerciales? ¿Veremos dentro de poco nuevos malls o strip centers en recintos universitarios?

Por razones de fe pública, el uso y manejo de los recursos fiscales que reciben las universidades públicas están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, las transacciones deben hacerse vía el Portal Mercado Público y ellas mismas están sujetas a la Ley de Transparencia. Ninguno de estos controles públicos fiscaliza directamente el uso y manejo de los cientos de miles de millones de pesos que el Estado entrega a las instituciones privadas de educación superior, algunas de las cuales se compran y venden en el mercado en cientos de millones de dólares haciendo una aplicación falsa de la ley que prohíbe el lucro en las universidades y a quienes el Estado, con recursos fiscales, les hace sustentable el negocio, facilitando situaciones como las que hoy investiga la justicia.

Para terminar con esta opacidad en el uso y manejo de recursos fiscales, es cosa que en la glosa 01 de la Partida 09, Capítulo 01, Programa 30, de la Ley de Presupuestos 2014 se incorpore lo siguiente:
"Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que reciban recursos en virtud de este programa presupuestario, quedarán sujetas respecto de su uso a los procedimientos establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y a la fiscalización directa de la Contraloría General de la República".

Desde mediados de 2011 "duerme" en la Comisión de Educación del Senado un proyecto de Nuevo Trato del Estado con sus universidades. ¿Cómo creer, entonces, que se fortalecerá la educación superior pública? Para nuestras comunidades esto significa que no existe, de parte de quienes dicen favorecer la educación superior pública, ni siquiera la voluntad política de poner el tema en discusión ni menos la de tener que pronunciarse al respecto.

 

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