Discursos oficiales

Discurso del Rector Víctor L. Pérez con motivo de la Ceremonia del 165º Aniversario de la Universidad de Chile: "Educación pública de calidad, la vitamina que le falta a Chile"

Rector Víctor L. Pérez Vera. Santiago, noviembre 21 de 2007

 

165 AÑOS DE ORGULLO

 

Sean mis primeras palabras para agradecer a S.E. la Presidenta de la República y Patrona de la Universidad de Chile, señora Michelle Bachelet Jeria, por acompañarnos y presidir el aniversario 165 de nuestra Casa de Estudios.

Como es tradicional, queremos testimoniar el reconocimiento institucional a distinguidos egresados, egresadas, académicos y ex académicos de nuestra institución, quienes han sido galardonados con el Premio Nacional 2007 y han contribuido a acrecentar el prestigio de la Universidad de Chile. Es así que hemos conferido la Medalla “Rectoral” a la Prof. Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo; al Prof. Ernesto Schiefelbein, Premio Nacional de Ciencias de la Educación; al artista Sr. Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas; al Sr. Gustavo Meza, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, y al Prof. Miguel Kiwi, Premio Nacional de Ciencias Exactas.

También, en esta oportunidad, otorgaremos la Medalla Senado Universitario a una distinguidísima ex funcionaria de los Servicios Centrales de la Universidad de Chile, la señora Ángela Jeria Gómez.

En este 165 aniversario de la Universidad de Chile y en presencia de nuestra Presidenta, me enorgullece anunciar que el Consejo Universitario ha aprobado incorporar, por primera vez en Chile, la variable de género a la denominación de los grados académicos y títulos profesionales que otorga la Universidad de Chile. Así, nuestras alumnas se titularán de abogadas, médicas, ingenieras, arquitectas, geólogas, sicólogas, etc.

 

NUESTRO DINAMISMO

 

Al celebrar un nuevo aniversario, tenemos mucho que agradecer a nuestros académicos, académicas, estudiantes y personal de colaboración. Son ellas y ellos quienes hacen que la Universidad de Chile, cualesquiera sean los indicadores de productividad académica que se utilice, siga teniendo en sus aulas a las y los estudiantes universitarios más talentosos del país, independientemente de su condición socio económica y de su modo de pensar; a los mejores y más productivos académicos y académicas del país, quienes desarrollan sus capacidades en ambientes de plena libertad intelectual; y a funcionarios y funcionarias que con profesionalismo, lealtad y compromiso contribuyen a que esos logros sean posibles.

Es así que este nuevo aniversario encuentra a la Universidad de Chile:

a) Con una nueva institucionalidad más asentada y más madura;

b) con el desarrollo de cuatro proyectos transversales y con numerosos proyectos locales en la línea de lo establecido por el Proyecto de Desarrollo Institucional, PDI;

c) con 1.400 académicos y académicas de media jornada y más, que este año vieron incrementadas sus remuneraciones en un 25% del promedio de sus jerarquías académicas, sujeto a ciertos requisitos y durante seis meses, gracias a un esfuerzo financiero institucional, una iniciativa que esperamos continuar;

d) con una gran inversión en infraestructura que permitió la construcción del Edificio de Clínicas de la Facultad de Odontología, la Escuela de Cine del Instituto de la Comunicación e Imagen, el Edificio de los Presidentes de la República de Chile de la Facultad de Derecho, y la Sala Multiuso del Campus Juan Gómez Millas;

e) con proyectos de infraestructura próximos a comenzar que incluye la concentración de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas en el Campus Norte, la ampliación de la Biblioteca y el Edificio de Académicos y Personal de Colaboración -ambos- de la Facultad de Economía y Negocios, el nuevo Edificio de Aulas del Liceo Experimental Manuel de Salas, y la consolidación del núcleo Beauchef Poniente, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas;

f) con nueve programas nuevos de Magíster y con dos nuevos programas de Doctorado, habiéndose acreditado en el año 2007 doce programas de magíster y cuatro programas de doctorado, así como se han reacreditado cuatro programas de magíster y ocho programas de doctorado; con 32 carreras de pregrado acreditadas y 12 más en proceso de acreditación, y –considerado el postgrado en su totalidad- con 34 de sus 35 programas de doctorado acreditados y con 70 de sus 115 programas de magíster acreditados;

g) con un sistema de protección y apoyo a los estudiantes socio-económicamente vulnerables y que significa un aporte institucional anual de seis mil quinientos millones de pesos;

h) con una política innovadora –concordada con la FECH- de protección a estudiantes morosos del cuarto quintil sin capacidad de pago de los aranceles adeudados;

i) con el mayor porcentaje de proyectos ganados en todos los fondos concursables para la investigación y creación en el país;

j) con el mayor número y porcentaje de publicaciones internacionales de corriente principal en el país;

k) con la mayor captación de mejores estudiantes de la educación media chilena;

l) con todas las facultades e institutos trabajando en la renovación curricular por competencias;

m) con la implementación del Sistema de Créditos Transferibles impulsado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, con el objeto de facilitar la movilidad estudiantil;

n) con un sistema institucional -trabajado en conjunto con los estudiantes- de evaluación de la docencia a través de un sistema integrado de encuestas docentes;

o) con un Convenio de Desempeño ya negociado, y a días de ser firmado, con el Ministerio de Educación, y destinado a modernizar la gestión institucional;

p) con cinco Programas Domeyko, orientados a fortalecer nuestra capacidad para abordar transversalmente temas de relevancia nacional (salud de la población chilena, producción de alimentos, energía, sociedad y equidad, biodiversidad),

q) con la participación en numerosos proyectos de transferencia tecnológica y en consorcios con empresas y con INNOVA CORFO;

r) y con una presencia activa y colaboradora en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y en el Consorcio de Universidades Estatales.

 

PARADOJAS DIFÍCILES DE ENTENDER

 

Por paradójico que parezca, toda vez que somos una universidad pública, logros como los ya mencionados para la preservación y el incremento de la calidad académica e institucional, sólo son posibles gracias a esfuerzos internos. Ello, puesto que el financiamiento de las universidades públicas -y la Universidad de Chile no escapa a esa situación- no responde a una política pública que esté orientada a asegurar la sustentabilidad de esas universidades en niveles que les hagan cumplir con su misión.

Así, los proyectos de infraestructura inaugurados durante el año 2007, al igual que los realizados desde el retorno a la democracia, se han realizado gracias a los recursos propios que han generado las unidades. Lo anterior es encomiable, pero no todas las unidades tienen las mismas oportunidades, generando inequidades insostenibles en el tiempo.

A lo anterior se añaden políticas públicas como el modelo de asignación del 5% del Aporte Fiscal Directo, AFD, que, buscando mejorar la calidad, al ser mal diseñadas terminan perjudicando a la Universidad de Chile, a pesar de ostentar los mejores indicadores de productividad académica en el país. Así, el año 1981, la Universidad de Chile recibía cerca del 29% del Aporte Fiscal Directo, lo que se mantuvo hasta 1987, para bajar al 24% en 1991, fecha desde la cual ha venido reduciéndose hasta un 20,6% este año. Sólo entre 1995 y el 2007 esta situación ha generado una merma de alrededor de $23.500 millones en el AFD, moneda promedio del 2007. Con esa suma habríamos cancelado nuestra deuda de arrastre y empezado a dedicar los $3.500 millones del servicio de la deuda (amortización e intereses) a nuestro desarrollo académico.

Por lo demás, las universidades estatales del Consejo de Rectores reciben sólo el 48,9 % del Aporte Fiscal Directo.

Otro ejemplo. En una economía de mercado como la vigente, a calidades similares en un servicio o en un producto, se esperan precios similares. Si la Universidad de Chile tuviera los mismos aranceles de otra universidad del Consejo de Rectores de calidad similar, ello significaría un mayor ingreso cercano a los $11.000 millones anuales. Pero no los tiene porque nuestra obligación es garantizar la equidad. Para mantener esa calidad comparable, alguien coloca la diferencia, y ese alguien es la comunidad de la Universidad de Chile.

 

EVENTO UNIVERSITARIO

 

No es primera vez que hacemos notar esta paradoja. Desde que asumimos la rectoría hemos insistido en la necesidad de un nuevo trato entre el Estado y sus universidades.

Toda la comunidad de la Universidad de Chile, bajo la convocatoria del Senado Universitario, ha realizado recientemente un evento en que las premisas y los términos de ese nuevo trato han sido examinados y propuestos teniendo en la mira no sólo a nuestra institución, sino al conjunto de las universidades del Estado.

Este fue un evento, como lo denomina nuestro estatuto, que revistió para nosotros la mayor trascendencia en su simbolismo y en su implicancia práctica; tanto por su forma, un encuentro del conjunto de la comunidad universitaria, como por su contenido, la temática de la relación entre la Universidad de Chile y el Estado.

En su forma el encuentro revivió lo esencial del concepto de Universidad: la idea de comunidad, de un ambiente cotidianamente generado y reproducido, de un espacio de relaciones donde el quehacer de cada uno cobra sentido en su interacción con los demás.

En su contenido, el encuentro abordó el gran tema, definitorio para nuestra Universidad desde el discurso fundacional de Bello, de la relación entre ella y quien debe, ineludiblemente, representar el conjunto de intereses de la sociedad chilena: el Estado. A la noción de Estado se asocian conceptos tan importantes como bien común, democracia representativa, solidaridad social, justicia distributiva; pero quizás sobre todo, bien común, convergencia y potenciación de intereses.

La primera de las cuatro áreas temáticas de este encuentro se refirió a la institucionalidad del Estado y al concepto de lo público.

Los otros tres argumentos abordados por el encuentro son el marco institucional para la educación superior, el financiamiento y el desarrollo de la investigación y creación.

El primero de estos tres temas posa la discusión del rol del Estado en lo que es más definitorio para nuestra Universidad, su institucionalidad dentro del sistema educacional chileno. Al respecto, reafirmamos nuestra convicción de que un sistema nacional de educación deber ser vertebrado en toda su extensión por un sistema de educación pública idóneo. En efecto, no existe otro modo de validar la opción que padres o estudiantes hagan de una institución privada si no es ofreciendo en el ámbito público una alternativa de excelencia. Esto resulta especialmente necesario en el sistema universitario, donde el ofrecimiento de títulos profesionales puede resultar un lucrativo negocio carente de toda regulación. A veintisiete años de la inéditamente permisiva reforma impuesta al sistema de educación superior, no parece haber habido interés serio por evaluar esa experiencia.

El tema de financiamiento debe abordar tanto en forma global los recursos que fluyen por el sistema universitario como, en su dimensión más concreta, el nuevo trato para la Universidad de Chile al que aludió el título de este encuentro. La obvia relación entre componentes financieros e ideológicos no puede seguirse eludiendo, así como el concepto de la educación como un servicio flotante en el mercado, o más directamente, la idea de universidad como negocio. El impacto que ha tenido sobre el quehacer universitario la necesidad de autofinanciarse debe abordarse explícitamente.

En cuanto al desarrollo científico e innovación, y a la investigación y creación en las humanidades, las ciencias sociales y las artes, son actividades cotidianas de la universidad, y su vínculo con la docencia resulta esencial, tal como defendiéramos en el reciente debate nacional concerniente a políticas de innovación. Las políticas de formación en estas áreas también fueron un tema del mayor interés, así como el aporte que esperamos de la universidad en la solución de los problemas medioambientales.

El encuentro quiso enfatizar la discusión acerca de la relación entre la Universidad de Chile y las políticas públicas sectoriales. Históricamente nos ha cabido un rol trascendente en la implementación de políticas públicas en todos los sectores de la vida nacional. Muchas veces este vínculo ha adquirido una connotación institucional como es el caso de la relación entre la Facultad de Medicina y los Hospitales públicos de Santiago.

El documento con los resultados de este encuentro le será entregado en esta ceremonia a S.E. la señora Presidenta de la República, como una contribución a la definición y puesta en práctica de un Nuevo Trato entre el Estado y sus universidades.

En esta misma línea, agradecemos a la Señora Presidenta el haber conformado el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, y el interés personal que S.E. ha manifestado hacia el tema de las universidades públicas.

 

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

 

Permítanme ustedes reiterar lo que dijera en la inauguración del referido encuentro universitario, hace dos meses. Sostenía entonces que las universidades públicas -y con ello hablo de las universidades del Estado de Chile- tienen por misión cautelar y producir, y contribuir a producir y difundir bienes públicos fundamentales para la comunidad nacional, con independencia de su condicionamiento por intereses particulares y en conformidad con los principios básicos del pluralismo, la diversidad social, la libertad de expresión y la democracia.

Esos bienes tienen en general un carácter de largo plazo. Por eso mismo, requieren desarrollo y fomento permanentes. No sólo comprenden aquellos bienes de los que participa efectivamente la comunidad en un momento dado de su existencia, sino también, y de manera esencial, aquellos que, como opciones de pensamiento, como horizontes de deseo y como apuestas simbólicas mantienen abierto el desarrollo del país y el sentido mismo de la comunidad histórica, sin los cuales el proceso de construcción de la sociedad se empobrece y atrofia.

Las universidades públicas garantizan al Estado y al país disponer de un capital de conocimiento que le permite tomar decisiones en función del bien común de sus habitantes, más allá de intereses sectoriales. Sus aportes a la equidad, la diversidad, el crecimiento cultural, la investigación y la innovación, la integración nacional, mundial y regional, al desarrollo de una visión especializada e independiente y, en fin, al sentido de ciudadanía y de servicio al país, constituyen bienes públicos irreemplazables para Chile, a cuya sustentación y desarrollo el Estado debe destinar recursos especiales.

El compromiso de la Universidad de Chile en este contexto es preservar y profundizar los principios y valores que deben inspirar a la educación pública: el cultivo incondicionado del saber, la búsqueda y la invención, el amor al rigor y la superación, la libre expresión de las opiniones, el pluralismo y la no discriminación, el fomento de la ciudadanía y de la democracia. Nuestro compromiso es conciliar la calidad con la equidad, porque entendemos que en una institución pública ambas son condiciones y características indisociables. En ese mismo espíritu, nuestro compromiso es contribuir al desarrollo de todo el sistema de universidades del Estado y entregar un aporte decisivo al mejoramiento de la educación chilena en todos sus niveles. Nuestro compromiso es definir nuevas formas de gestión y hacer el uso más responsable de los recursos que el Estado nos entregue.

Si ése es nuestro compromiso, lo que reclamamos del Estado es que reconozca la significación que tienen sus universidades en la configuración de lo público y en la producción del bien común. Ese reconocimiento debe reflejarse en un trato especial del Estado hacia sus universidades, en el que se establezcan los derechos y deberes que requieren ser cumplidos por ambas partes. Esta reciprocidad es un elemento fundamental del nuevo trato del Estado con sus universidades. El acuerdo de derechos y deberes entre las universidades públicas y el Estado debe establecer con meridiana claridad los estándares de calidad que se deben cumplir, el uso eficiente y pertinente de los recursos públicos y, por ende, los convenios de desempeño y formas de control con respecto al cumplimiento de las metas planteadas, como asimismo la estabilidad en el tiempo de la afluencia de recursos, de manera que la contribución que ellas hacen al desarrollo del país y al conjunto de los bienes comunes de sus habitantes tenga la solidez y la riqueza que el país demanda.

 

EDUCACIÓN PÚBLICA

 

Bajo el convencimiento generalizado de que la educación es el tema estratégico de mayor importancia para Chile, para su desarrollo humano y material, no sólo para su crecimiento económico, sino muy fundamentalmente para la construcción de una sociedad más abierta, justa y participativa, el año pasado y en este mismo salón afirmábamos que la educación que tenemos es la sociedad que proyectamos. Esa frase quería ser una señal de alerta para la situación y las proyecciones de la educación pública.

De hecho, se ha hablado insistentemente en el último tiempo de la educación pública, en diversos foros. Las conversaciones y negociaciones que tienen lugar en la discusión política, así como los debates que desde hace un año y medio apuntan a la generación de cambios sustantivos en el marco que rige la educación en el país, generan un contexto que en principio puede permitir que se remuevan muchos de los supuestos sobre los cuales se ha erigido el sistema actual.

Es una responsabilidad esencial de la Universidad de Chile, por ser la primera y más gravitante institución de educación pública del país y por su vocación reflexiva y crítica, estimular la remoción de esos supuestos, en todo lo que tengan de erróneo o conceptualmente mezquino. Tales supuestos han implicado una reducción esencial del carácter y el alcance de la educación pública. Pero no basta con formular la idea genérica de que se debe “preservar y mejorar la educación pública”, porque eso no pasa de ser un propósito vago mientras no se tenga claridad de lo que es y significa la educación pública, y mientras cada cual se represente bajo esa rúbrica lo que mejor le parezca.

La cuestión de la educación pública, diversamente debatida en el último tiempo, requiere de esclarecimientos fundamentales. Éstos son tanto más difíciles y urgentes hoy, cuanto mayor es el número de premisas y prejuicios implícitos en ese debate. Esas premisas y prejuicios conciernen a la significación que debe dársele a la educación como principio de construcción de sociedad y al sentido mismo de lo público.

 

REPENSAR EL ESPACIO PÚBLICO

 

Precisamente en estos momentos vuelve a sentirse la necesidad ─que consideramos imperiosa─ de repensar el espacio público. Más allá de las consideraciones que puedan legítimamente hacerse respecto a las distintas dimensiones de lo público, a la concurrencia de factores y actores diversos a su configuración, entendemos que lo público es lo que no pertenece a nadie en particular. Lo público es lo que pertenece a todos en común, pero no como una propiedad, sino como el espacio de pertenencia de todos y cada uno de los miembros de una comunidad. Lo público es el espacio de lo común, en él se trama el tejido de la comunidad, se formulan y procesan las expectativas de bien social y las alternativas de desarrollo de país. Es el espacio en el cual todos y cada uno pueden hacer presentes sus opciones, sus intereses, sus deseos y expectativas, su modo de vivir y de pensar, y es el espacio en que ellos pueden acordar las estructuras, formas, procedimientos, alcances y límites a través de los cuales se posibilite la coexistencia de todos y la concurrencia de todos en pro del mejor logro y del logro más pleno de la vida social, la realización más compartida y a la vez diversificada de todos esos aspectos. Y por cierto esto no ocurre porque un determinado sistema de poderes establecidos conceda graciosamente ese espacio, sino porque su apertura es un derecho originario de las personas, así como es un derecho de éstas participar en su construcción y su resguardo.

Visto desde esta perspectiva, el nexo fundamental entre la educación y lo público es al menos doble. Por una parte, consiste en el reconocimiento y la afirmación de que la educación es un derecho, no un servicio. Y es un derecho primario, porque la pertenencia de los sujetos sociales a lo público, es decir, al espacio de lo común, su pertenencia efectiva y participativa, implica que ellos estén habilitados para ejercerla en plenitud. Esta habilitación depende de la educación y del carácter de la educación─ que la sociedad les entrega. Éste es el otro aspecto del nexo entre lo público y la educación.

Pero es una evidencia que el proceso de privatización de lo público ha alcanzado niveles nunca antes vistos en nuestro país. El proceso de estrechamiento de la esfera pública ha tenido, tiene y tendrá severas consecuencias para la vida de la comunidad nacional: revertirlo es un imperativo al que no podemos sustraernos. De manera más que palpable, este proceso ha amenazado y sigue amenazando fundamentalmente el derecho a la educación, así como genera condiciones profundamente discriminatorias en la participación de los sujetos en la construcción de lo público y de lo común. No es necesario insistir aquí sobre la brecha escandalosa que existe entre los sectores sociales, según sea su capacidad de adquisición del llamado servicio educacional. Sólo basta con indicar que esta brecha, que parece no cesar de profundizarse, induce a condiciones de injusticia que tienden a hacer radicalmente inestable a nuestra sociedad.

 

TRIBALIZACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN SOCIAL VERSUS CIUDADANÍA

 

Las tendencias y fenómenos de disgregación y atomización social, el individualismo y la concentración en intereses particulares y excluyentes, el surgimiento de nuevas formas tribales de asociación, son premisas con las que necesariamente debe contar, y a las que debe abordar consistentemente la educación pública con sentido estratégico. Esos fenómenos son solidarios del tipo de sociedad que impone la globalización comandada por la lógica y la dinámica del mercado. Cada vez se pierde más de vista lo común. Y la solución a estos fenómenos no es, como muchos creen, mirando los síntomas de la disgregación (la delincuencia, la violencia organizada o espontánea, la ruptura de los lazos de solidaridad), y reservando para lo público la tarea del control social, mientras se entrega sin reservas ni restricciones todo lo demás a los intereses privados y a los derechos de propiedad. Pensar que lo público es la esfera de la vigilancia gubernamental es una misma cosa con el proceso de privatización generalizada. Y es un índice de cuán escasa atención se le presta a la fuerza integradora de la educación, que debe formar sujetos libres, conscientes de sus derechos, responsables de sus deberes, capaces de hacer valer su singularidad en la comunicación, en el entendimiento y en el disenso, en sus opciones y formas de vida, y capaces de contribuir con el conjunto de sus iniciativas al bien común.

No nos pueden obligar a privatizar todo. Está bien que quienes prefieran la educación privada opten por ella. Pero no está bien que quienes prefieran la educación privada obliguen a todos a privatizarse.

 

HUMANIDADES, ARTES Y CIENCIAS SOCIALES

 

Teniendo esto a la vista es que hemos insistido en la necesidad de revitalizar las humanidades, las artes y las ciencias sociales, no sólo en nuestra universidad, sino en ella como eje para todo el sistema de instituciones superiores públicas. Y no sólo porque efectivamente hayan sido las áreas más dañadas por la intervención dictatorial y porque inevitablemente sufran desventajas comparativas en el modelo de mercado imperante, sino que lo hemos hecho, principalmente, con perspectiva estratégica de país. Y que las disciplinas que se cultivan en estas áreas incentivan el desarrollo de una conciencia -cultural, ética y política- dotada de potencialidades de articulación social en virtud del sentido de identidad y de pertenencia, del reconocimiento de la diversidad y sus manifestaciones, del trabajo de la memoria y los deseos, de los procesos mismos de constitución de los sujetos. Ellas son los saberes que permiten explorar, conocer, difundir y proyectar las condiciones del desarrollo humano desde el punto de vista de los vectores internos (en términos de formas de vida, comportamientos, representaciones y expresiones) que caracterizan su dinamismo. Contribuyen de esa forma al crecimiento humano, y en la educación pública representan, por eso mismo, un elemento fundamental e irrenunciable.

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS, ESPACIOS SOBERANOS

 

Por su independencia, por su complejidad, por su pluralismo, las universidades públicas son un factor fundamental de los sistemas de educación superior de cualquier país desarrollado. Chile se ha apartado peligrosamente del buen sentido en estos asuntos: el gasto privado en educación superior es en nuestro país seis veces mayor que el gasto público, lo que es una anomalía si nos comparamos con los indicadores de los países de la OECD. Que Chile esté a la punta de los países más privatizados en educación no conforma un liderazgo que luego seguirán todos los países del mundo. Ello es simplemente una anomalía que se expresa en la baja calidad de nuestros indicadores de país y en la insatisfacción de la gente. Todo indica que deberíamos recuperar el necesario equilibrio entre lo privado y lo público, otorgando a cada actor del sistema un marco razonable de deberes y derechos para cumplir eficazmente con su misión. Esa recuperación supone asegurar no sólo la sustentabilidad básica, sino las condiciones ciertas de desarrollo y crecimiento de las universidades de carácter público.

 

EL DRAMA DE LA CALIDAD

 

La calidad de la educación incluye múltiples aspectos técnicos, pero con ellos el debate no se agota. Pues lo que entendamos por calidad y cómo la midamos, debe ser la expresión de lo que espera nuestra sociedad de la educación. En otras palabras, no sólo se trata de preparar actores competentes para intervenir en el mercado del trabajo, sino también, y esencialmente, de formar ciudadanía y de entregar a nuestros hijos los elementos y herramientas para que ellos puedan construir plena y libremente sus vidas.

Pero nadie duda hoy que la educación actual, la que tenemos, está lejos de cumplir esa expectativa de manera general. Con frecuencia es al revés, y nada lo hace más patente que el hecho de que la educación que reciben los jóvenes no hace más que consolidar la estratificación social existente.

El diagnóstico es claro y conocido por todos. Nuestro sistema educativo no tiene la calidad necesaria y sus resultados son mediocres. Ni siquiera en los colegios a los que asiste el 8% de la población más pudiente del país la educación responde a los estándares internacionales de calidad. Cuando los estudiantes de esos colegios son evaluados con pruebas internacionales como el TIMSS o PISA, los resultados indican que la educación que reciben es relativamente más pobre con respecto a lo que ocurre internacionalmente, y los resultados que obtienen estos alumnos están claramente por debajo del promedio de los resultados de los estudiantes de los países desarrollados. Y eso que sus aranceles son hasta diez veces la subvención que reciben los alumnos y alumnas de los sistemas público y subvencionado.

Desde el año 1998 que los aprendizajes globales de la educación chilena no mejoran (medidos en pruebas Simce), y se ha acentuado la segregación social de las escuelas.

Y cuando un sistema educativo no mejora los aprendizajes ni está cumpliendo funciones claves de integración, movilidad y cohesión social, enfrentamos una situación que requiere soluciones muy de fondo como las que hoy, finalmente, se están empezando a debatir.

 

UN NUEVO MODELO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA CHILE

 

Nos corresponde poner en pie un nuevo modelo de educación pública, que permita al país entender qué va a obtener de ella, qué requisitos hacen falta para que funcione como corresponde, o qué debiera hacerse si quisiéramos modificarla de manera sustancial.

Este nuevo modelo no puede estar dictado por la nostalgia de sistemas hoy superados, ni por la asimilación de la educación pública a las características de la educación privada. Lo primero es imposible y lo segundo es absurdo.

Mayor financiamiento, mejor calidad -en el sentido integral de la palabra- y más exigentes desempeños de todos los actores involucrados es una línea fundamental de avance. Chile está en condiciones de garantizar el derecho de acceso a la educación y de establecer un derecho más complejo, como es la exigencia de ciertos estándares de calidad comunes para todos los colegios y liceos del país.

Celebramos el acuerdo sobre educación Celebramos el acuerdo sobre educación que han concordado los partidos políticos y el gobierno, en la línea del Pacto Social al que ha llamado con liderazgo la Señora Presidenta, proceso en el cual valoramos el trabajo de la señora Ministra de Educación.

 

UNIVERSIDAD DE CHILE: UN MOTOR DE EQUIDAD

 

165 años después de haber tomado las autoridades de nuestro país la decisión de fundar la Universidad de Chile, se tiene que decir que fue una decisión no sólo acertada, sino ante de enorme trascendencia para la educación y la cultura de los chilenos y chilenas. Y fue además una iniciativa del gobierno de entonces que senadores y diputados aprobaron por unanimidad. El Ministro don Manuel Montt expresó con sensatez en su memoria al Congreso que “la educación pública no debe abandonarse al azar; es preciso que se dirija a un objeto y que haya cierta unidad en los medios que se adopten para llegar a él”, agregando que no convenía someter la buena marcha de la educación a las condiciones y plazos transitorios de un gobierno o de un ministro, sino a un cuerpo académico especializado: “la dirección de la educación -remata- exige extensos y variados conocimientos en las diversas ramas del saber”.

A la Universidad de Chile le ha tocado desempeñar el rol de institución articuladora de la educación pública chilena, y por ende de todo nuestro sistema educativo. Nuestro país está colmado de nombres de hombres y mujeres que pese a haber tenido que enfrentar una situación familiar deteriorada en lo económico o postergada en lo social, lograron desarrollar sus talentos gracias al sistema chileno de educación pública, formándose en un ambiente pluralista, pluriclasista, ejemplarmente no discriminatorio. En Chile siempre ha habido injusticia: sin embargo muchas de las perversas consecuencias de ésta pudieron aliviarse porque allí estuvo siempre la Universidad de Chile para garantizar que quien tuviera los méritos no sufriera discriminación.

 

VALORES HUMANISTAS, MOTIVOS PRÁCTICOS

 

Las políticas públicas en educación deben velar por que se mantengan y no se deterioren los valores de la cultura humanista: el respeto por los demás, la equidad, la libertad de pensamiento, la complejidad del saber en toda su riqueza, la diversidad, el pluralismo. La Universidad de Chile ha hecho propios estos valores desde sus orígenes. Ellos son parte de nuestra vida académica, y orientan todo nuestro quehacer.

No se trata de conceptos románticos: son distinciones que tienen que ver con el producto final de la educación, esto es, si formamos personas educadas en la solidaridad o en la insolidaridad, en los valores compartidos o en el individualismo, en la responsabilidad y la cohesión social o en la segmentación y la indiferencia. Por eso es que también tenemos motivos prácticos para creer en la educación pública. El debilitamiento de la educación pública, la evanescencia de este concepto, complica a mediano plazo la convivencia ciudadana, distancia a los diversos grupos, hace más heterogénea y selvática a la sociedad con todos los costos añadidos de violencia, delincuencia, retraso cultural, inestabilidad política y mala calidad de vida que caracterizan a las sociedades injustas.

La educación pública es motor irrenunciable de un amplio proyecto humanista y ciudadano, y su sentido es mantener la integración del todo nacional, conectar a los diferentes actores de la sociedad, superar los prejuicios de clase, fomentar el pluralismo, cruzar diversas miradas dentro del escenario colectivo, estimular la dignidad y el no sometimiento de las personas. Todo ello, por cierto, sin dañar la fibra íntima de cada cual ni las diferencias naturales que hay entre las personas, ni sus legítimas opciones, en una palabra: sin inhibir la diversidad, sino estimulándola. En un mundo crecientemente comercializado, donde cada cosa que podamos desear tiene un precio y se transa en el mercado, la educación pública es un resguardo de los valores colectivos, y una garantía de un futuro común para nuestros jóvenes. Nos quejamos de la conducta disociada o individualista de parte de nuestra juventud, pero cuando actúan así, los jóvenes no hacen otra cosa que seguir el testimonio de conducta de sus mayores.

 

DÉMOSLES UNA ESPERANZA

 

Cuando se trata de definir las políticas públicas en educación, cada uno de los actores relevantes tiene en su mente, con la mejor de las buenas intenciones, una imagen que orienta sus propósitos y acciones. En algunos, esa imagen tiene que ver con hacer eficiente el gasto fiscal; en otros, con aumentar el retorno de la inversión privada; en otros, con evaluar los desempeños; en otros, con asegurar y proteger la libertad de enseñanza; en otros, con preservar y difundir determinadas ideas o ideologías; en otros, con aumentar la cobertura educacional; en otros, con proteger el empleo y aumentar las remuneraciones; en otros, con estimular la investigación y creación de alto nivel, y así, muchas otras cosas. Tal diversidad de imágenes y propósitos, sin duda, dificulta los acuerdos.

Mi invitación es a definir las políticas públicas en educación con otra imagen en mente, una que podría facilitar los acuerdos: la imagen de una modesta madre pobladora, que a las seis de la mañana ya está levantada trenzando el cabello de su hija o lavando la cara y las manos de su hijo, antes de ir a dejarlos a la escuela, y que mientras los peina y los lava, los mira con ojos de esperanza, la esperanza que viene del soñar que la educación pública que ellos recibirán les dará las oportunidades que ella no tuvo.

 

MEJOR EDUCACIÓN PÚBLICA

 

Y es que las necesidades que hoy nuestro pueblo nos está clamando, se expresan en una sola frase: mejor educación pública. Miles de niños y niñas menores de seis años viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza en nuestro país. Según todas las investigaciones internacionales, si esos niños y niñas no reciben oportunamente los estímulos educacionales apropiados, su desarrollo cerebral, intelectual y afectivo no alcanzará sus potencialidades, limitándolos –condenándolos- intelectualmente de por vida, y a una condición de marginalidad en todos los sentidos de la palabra. Si esto no nos avergüenza, no nos angustia, o no nos escandaliza, no sé que otra cosa podría hacerlo. Escuchemos ese clamor, que no brota de las bocas sino que del alma de esas madres y padres que, en medio de sus carencias ven, en una educación pública de calidad, la única esperanza de un futuro mejor para sus hijos e hijas. Que ese clamor invada nuestros corazones y derribe las murallas de la indiferencia, y que esté presente en todas nuestras actividades y pensamientos. Sólo así podremos hacer brillar, con la luz de la esperanza, los ojos de todos los niños y niñas pobres de nuestro país; ellas y ellos tienen derecho a recibir, con amor, una educación pública de calidad: esa es su única esperanza.

Muchas gracias.

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