El gobierno ha comentado que el año 2015 se procederá a avanzar gradualmente en la gratuidad universal y efectiva en la educación superior, iniciando así un proceso que tomará al menos 6 años. Comenta que accederán los (las) estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerables de la población, abarcando extensamente la clase media….
Al ojo, pareciese que esta magna acción requiere de una mayor reflexión en un país en donde la educación superior oscila entre un modelo de educación superior liberal y de mercado y no como un derecho, tal como pregonan algunos organismos internacionales como la UNESCO.
En concordancia con lo anterior, se necesita una discusión en profundidad sobre el rol del Estado y particularmente el de las universidades estatales.
El gobierno indica que mantendrá un trato preferente con las universidades de propiedad del Estado pero a la vez subraya que las universidades estatales deberán introducir las modificaciones necesarias en su gestión para rendir cuentas respecto de sus planes de desarrollo y del financiamiento obtenido. Este nuevo trato incluye un fondo de aporte basal permanente exclusivo para las universidades estatales y un fondo permanente de apoyo a las universidades estatales regionales.
Ahora, ¿cuál es el precio a pagar? ¿La pérdida de su autonomía?
En sus Estatutos la Universidad de Chile -título I artículo 1°- consagra que: "La Universidad de Chile, persona jurídica de derecho público autónoma, es una institución de educación superior del estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica y administrativa…".
¿Cuál es la oreja que entregaremos?
Porque en países vecinos tales como Argentina, las Universidades públicas son financiadas por el Estado, sin cobro de aranceles de pregrado y la ley prevé elevar la inversión pública en educación universitaria. Prioriza:
- El mejoramiento en la calidad de la docencia e investigación
- La transferencia tecnológica a los sectores productivos
- La ampliación de la cobertura
En Bolivia, la nueva ley de hidrocarburos destina una parte del impuesto (5%) a las universidades públicas asignados en base a:
- Evaluación y acreditación
- Mejoramientos en la calidad
- Investigación aplicada en el marco de los planes de desarrollo nacional
- Población vulnerable
En Brasil, el financiamiento a las universidades públicas se basa en los aportes federales o estatales:
- Proyecto de ley establece que no menos del 75% del ingreso para educación del presupuesto federal se asigne a las universidades
- Alto gasto por alumno de pregrado, tres veces superior al de universidades privadas.
Para concluir con estos tres ejemplos, aunque existen muchos otros, se vislumbra que lo que preocupa, según las condicionantes de los Estados ejemplarizados, es que exista calidad y cobertura.
A la inversa en Chile, con un estado con baja participación relativa al financiamiento público de las universidades estatales, en dónde el 45% del aporte público es con base histórica, el 20% es por proyectos concursables, donde las ayudas estudiantiles cubren el 35% del gasto total y las universidades públicas financian más del 50% de su presupuesto con recursos propios no estatales.
Hoy el gobierno actual, al querer proveer de cierta gratuidad arancelaria estudiantil en educación superior, introduce la condicionante de arrebatar la autonomía y el control de las universidades públicas.
Para cerrar este artículo: "Hasta aquí íbamos bien, dijo el pavo, cuando las viejas pelaban el apio".