Nuevo Crédito

Santiago 25 de Enero de 2006

Rectores de universidades del Consejo de Rectores han opinado que la tasa de 6.1% aplicado al nuevo crédito privado para estudios universitarios es demasiado alta. En un artículo reciente, Brunner descalifica esa opinión puesto que las universidades tradicionales serían privilegiadas al obtener crédito solidario. Desconoce así dos aspectos fundamentales del problema. Primero, el crédito solidario cubre solamente a los estudiantes del 60% más pobre del país y deja prácticamente al descubierto a la clase media que tiene que recurrir a financiamiento privado. Esta población es importante en las universidades del Consejo de Rectores, y es justo y entendible que los Rectores expresen preocupación por las condiciones del Crédito que se otorgará a parte importante de sus estudiantes. Segundo, las universidades deben avalar a los estudiantes que adquieran crédito, por lo que están ellas directamente envueltas en el problema del costo. Aparte de no justificarse la descalificación que se hace de las opiniones vertidas, la cuestión de fondo es que el nuevo crédito es efectivamente caro y que un profesional recién graduado de médico, por ejemplo, tendrá una deuda superior a $30 millones, comprometiendo en forma importante su flujo de ingresos futuros. Quienes han aplaudido la expansión del sistema universitario, no han a menudo reparado en los requerimientos que por el lado de los costos el sistema demanda, y la falta de mecanismos que aseguren eficiencia y equidad verdadera. En forma contradictoria con las propias recomendaciones de la Comisión que Brunner encabezara hace algunos años, el país sigue teniendo una educación media de mala calidad, resultados inequitativos en el ingreso a la universidad y ausencia de mecanismos que protejan efectivamente a la clase media. Adicionalmente, la gran variedad de instituciones que se ha propiciado por la política vigente hace que los costos de la docencia sean difíciles de estimar por patrones comunes, mientras que no hay regulación alguna que obligue a las instituciones a transparentar toda la información del caso hacia las familias. Seguramente en esto tampoco habrá un cambio significativo en el futuro, por lo que el mensaje a la clase media es, nuevamente, la de seguir sin solución al problema educativo y enfrentar los crecientes costos que envuelven las soluciones de mercado.

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