Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo

Expertos de la U. de Chile visibilizan la realidad de los migrantes frente a la crisis sanitaria

La población foránea más numerosa en Chile es la venezolana con un 30,5% del total, seguida por la peruana y la haitiana, con un 15,8 y un 12,5% respectivamente.

La población foránea más numerosa en Chile es la venezolana con un 30,5% del total, seguida por la peruana y la haitiana, con un 15,8 y un 12,5% respectivamente.

Gran parte de la población migrante no trabaja de manera formal, por lo que no puede acceder a los beneficios estatales y tampoco hacer la cuarentena preventiva para mantener sus ingresos.

Gran parte de la población migrante no trabaja de manera formal, por lo que no puede acceder a los beneficios estatales y tampoco hacer la cuarentena preventiva para mantener sus ingresos.

María Emilia Tijoux, directora de la Red de Racismos y Migraciones, señala la precarización laboral será generalizada, y en ese escenario, las y los migrantes se van a ver mucho más desfavorecidos.

María Emilia Tijoux, directora de la Red de Racismos y Migraciones, señala la "precarización laboral será generalizada, y en ese escenario, las y los migrantes se van a ver mucho más desfavorecidos".

Solo un 36% de los centros de salud cuenta con un documento específico que incluya procedimientos específicos para población migrante.

Solo un 36% de los centros de salud cuenta con un documento específico que incluya procedimientos específicos para población migrante.

El vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, señaló que los migrantes tienen menos protección respecto a sus derechos en salud que la población chilena.

El vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, señaló que los migrantes tienen menos protección respecto a sus derechos en salud que la población chilena.

Eduardo Cardoza es secretario general del Movimiento de Acción Migrante, organización que agrupa distintos colectivos y movimientos migrantes en el país. Créditos: Londres 38

Eduardo Cardoza es secretario general del Movimiento de Acción Migrante, organización que agrupa distintos colectivos y movimientos migrantes en el país. Créditos: Londres 38

Los problemas de vivienda, hacinamiento, discriminación racial y un mal acceso a la salud y a la justicia, son parte del panorama que deben enfrentar muchos extranjeros al llegar al país, especialmente los que provienen de países latinoamericanos. En momentos en que Chile y todo el planeta trabajan por enfrentar la pandemia mundial por COVID-19, investigadores de la Casa de Bello destacan que estas precariedades se agudizan mostrando la peor cara de la desigualdad.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Extranjería del gobierno, hasta el 31 de diciembre del año pasado se registraron cerca de 1,5 millones de migrantes residentes en el país y durante el 2019 llegaron más de 242 mil. La misma entidad reveló que la población foránea más numerosa es la venezolana con un 30,5%, seguida por la peruana y la haitiana, con un 15,8 y un 12,5% respectivamente.

A las barreras culturales que implica vivir en otro país, la población migrante en Chile también debe sortear diversas complicaciones en educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social. Estos componentes son los encargados de medir la pobreza multidimensional y, según la encuesta CASEN, un 24,6% de este segmento sufre carencias en estos ámbitos, que actualmente se ven agudizados por la crisis sanitaria ante la expansión del COVID-19. A la fecha, el Ministerio de Salud ha registrado 5.116 casos de contagio y 43 personas fallecidas por este virus.

Para la directora de la Red transdisciplinaria de Racismos y Migraciones de la U. de Chile, María Emilia Tijoux, el trabajo informal es una de las mayores dificultades en este contexto. “La mayoría de la población migrante se encuentra en procesos de regularización de residencia y muchos de ellos sin documentos que les permitan acceder a oportunidades laborales por muy precarios que sean. Durante bastante tiempo se las han arreglado por cuenta propia o en la calle. Hoy su situación se ve absolutamente mermada por estas condiciones”, explicó.

El gobierno implementó la cuarentena total en algunas comunas regionales y de la capital. La mayoría de colegios y universidades están haciendo clases online y muchas empresas han desvinculado a sus trabajadores, mientras que otros realizan teletrabajo. Sin embargo, gran parte de la población migrante no trabaja de manera formal, por lo que no puede acceder a los beneficios estatales y tampoco hacer la cuarentena preventiva ante la necesidad de mantener sus ingresos.

La Profesora Tijoux recalca las complicaciones de esta situación. “La precarización laboral va a ser generalizada, pero en ese escenario, las y los migrantes se van a ver mucho más desfavorecidos porque además no tienen redes. Una mujer con dos hijos que los dejaba en el jardín para poder trabajar en el día no podrá hacerlo y tendrá que encargarse de esta tarea, junto con salir a buscar la vida como pueda. Es necesario que tanto el gobierno como los organismos locales consideren este escenario, porque estamos frente a una pandemia que daña a cualquiera que se exponga”, destacó.

Una cuarentena inexistente

El Movimiento Acción Migrante (MAM) agrupa a diversas organizaciones y colectivos con el fin de promover y defender los derechos humanos de la comunidad extranjera en Chile. Una de las acciones más concretas es su presencia en la Mesa Temática de Migraciones en el Senado de Chile. El secretario general de MAM, Eduardo Cardona, se refirió a las complicaciones que tienen estos habitantes para quedarse en sus casas durante la crisis sanitaria. “Hay grupos de personas que están dejados de lado en la protección a la pandemia, están en riesgo y pueden ser vectores de contagios o de contagiarse a sí mismos. Gran parte de la población migrante se ocupa de los servicios de aseo para que la sociedad siga funcionando. En estas condiciones, su situación es de absoluta precariedad y abandono porque ni siquiera hay políticas que atiendan su salud. La exclusión se agudizó y la muerte se hace más evidente en este contexto de peligro”, lamentó.

Las condiciones en las que vive la población migrante para sortear una eventual cuarentena obligatoria tampoco son alentadoras. La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que para que una vivienda sea adecuada, debe reunir criterios como seguridad, disponibilidad de servicios, habitabilidad y accesibilidad. Además, un documento realizado por la Cátedra de Racismos y Migraciones de la U. de Chile y el MAM, reveló que este segmento representa un 30% del total de hogares donde existe hacinamiento, allegamiento y una vivienda irrecuperable.

A esto se suma la poca accesibilidad que tiene este grupo a subsidios estatales, pues tienen dificultad para demostrar los ingresos formales necesarios y también para comprender los demás requisitos solicitados. Según informe del Departamento de Extranjería, entre el 2002 y 2018 de los 1.725.500 subsidios entregados, solo un 0,79% fueron destinados a migrantes.

Racismo y acceso a la salud

Chile ha ratificado diversas convenciones y en su legislación establece la igualdad, la no discriminación y la prohibición del racismo. Sin embargo, el abogado Francisco Bustos, quien también integra la Red Transdisciplinaria de Racismos y Migraciones, señala que existen varios problemas en el sistema. “La Ley antidiscriminación que se conoce como Ley Zamudio no es un instrumento efectivo. Por un lado, no existe educación en derechos humanos contra el racismo y, por el otro, no hay instrumentos jurídicos a menos que sean casos demasiado escandalosos. El racismo existente en el país es interseccional y viene de la mano con el clasismo y otras formas de discriminación”, explicó.

El Ministerio de Salud establece que las personas migrantes en situación irregular y carentes de recursos pueden acceder a las prestaciones de salud inscribiéndose en FONASA, pero los centros de salud no cuentan con las medidas necesarias para atenderlos. En enero de 2019 se publicó un catastro de 80 prestadores públicos de atención abierta y cerrada para conocer el estado de situación referente a la atención de personas migrantes. Este documento evidenció que solo un 36% cuenta con un documento específico que incluye procedimientos específicos y un 6% posee estrategias o programas especiales para promocionar que la población extranjera acceda a las Garantías Explícitas de Salud (GES).

El Profesor Bustos señaló que han recibido denuncias en que personas migrantes prefieren ir a consultorios de otras comunas porque saben que donde ellos viven recibirán una peor respuesta. En la misma línea, Eduardo Cardona agregó que “muchas veces el único acceso que tienen es el de urgencia. Ha ocurrido que les cobran o derechamente no atienden a personas que están con su visa de turismo vencida y no han podido regularizar su situación. Los problemas de racismo cotidiano se agudizan en situaciones de emergencia”.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, subrayó que “en el contexto actual de pandemia se exacerban ciertos problemas que deben ser abordados. Estamos preocupados porque la migración aumentó fuertemente en el país durante los últimos años, pero las condiciones y la protección que tienen respecto a sus derechos en salud es mucho más débil que para la mayoría de los chilenos. Para la U. de Chile es fundamental dar cuenta de estas problemáticas y hacer propuestas que permitan que estos temas se solucionen en el mediano plazo”.

Los expertos consultados coinciden en que para estos casos se debe buscar apoyo en la misma ciudadanía. Cardona enfatiza que la ayuda debe buscarse en la comunidad. “Buscamos apoyar con la difusión de información, la contención y el abordaje de aspectos de la vida que son importantes. Se deben fortalecer los lazos comunitarios con los medios tecnológicos y que el aislamiento físico no sea aislamiento social. Todos tenemos los medios para seguir actuando juntos y tenemos que hacerlo principalmente a partir de la transmisión de conocimiento”, destacó.

Finalmente, la Profesora Tijoux apeló a la solidaridad popular. “Mi llamado a la humanidad o la solidaridad está en las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, las redes de trabajo y la gente que estuvo en los cabildos. Es el pueblo que ayuda al pueblo y no me imagino ponerlo en otro lado. Confío también en los municipios, que han tenido un trabajo interesante al respecto, con sus oficinas de migraciones y con sus especialistas en esos lugares”, concluyó.

Comunicaciones VID

Martes 7 de abril de 2020