Si bien para muchos de los que componemos la comunidad de la Universidad de Chile consultarse las razones por las cuales el Estado debe apoyar a sus instituciones de educación superior son un conjunto de perogrulladas, a nivel nacional diversos actores que representan grupos de interés y presión han instalado un discurso que cuestiona un trato preferente para la educación estatal terciaria.
Sin duda dicho cuestionamiento tiene una naturaleza ideológica y de conveniencia personal e institucional de aquellos actores que participan del debate de la agenda pública y de la construcción de las políticas públicas del sector, en defensa de sus intereses. Asimismo, la lógica actual de detrimento de lo estatal por un discurso de adopción forzada del concepto de “lo público”, hacen necesario levantar de manera mancomunada una defensa de la educación pública y las universidades del Estado.
Ahora bien, siendo hoy la educación superior en Chile un mercado en el cual uno de sus oferentes es el Estado a través de sus universidades - donde existen potentes asimetrías de calidad, enfoques, tamaño, sentido y organización interna - se hace inminente el apoyo del país a las universidades que le pertenecen a todos /as los /as chilenos /as. Y es este el principal argumento por el cual el Estado debe apoyar decididamente a sus universidades, que han caído en el auto-financimiento permanente y muchas de ellas se han visto obligadas a cumplir al límite de lo aceptable sus misiones institucionales por razones de “mercado”; las universidades estatales le pertenecen a Chile y sus ciudadanos /as, reflejando los valores institucionales que profesa el país en sus proyectos educativos.
Las universidades del Estado deben servir a su “mandatario”, lo que no significa una obsecuencia programática al gobierno de turno. Muy por el contrario, la visión del Estado debe transcender y las universidades - que son la fuente de creación del conocimiento en nuestro país - deben ser respetadas en su autonomía, donde valores fundamentales como tolerancia, pluralismo y democracia universitaria interna (según jerarquías) deben ser asegurados en la normativa. La autonomía universitaria es el canal que garantiza independencia ideológica de carácter partidista y es un campo fértil a la necesaria meritocracia que debe reinar en este tipo de organizaciones.
Las casas de estudio estatales son por lo tanto una proyección del país, ya que ellas deben pensarlo, criticarlo, aportar en la construcción del conocimiento en las ciencias, artes, humanidades y técnicas, con la debida protección que entrega la nombrada autonomía universitaria, pero con la responsabilidad de trabajar en los más altos estándares de calidad. Así como exigimos que el Estado se haga presente y financie oportuna y correctamente a sus universidades y apoye a los /as estudiantes que la componen, las universidades estatales y sus comunidades deben transformarse en un estándar de calidad, de convivencia universitaria y de gobernanza deseable en el sistema, respetando la autonomía y los proyectos educativos de otras instituciones de carácter privado. Lo anterior es un ejemplo del equilibrio necesario entre derechos y deberes, propio de una sociedad moderna que busca su madurez.
El Estado y sus universidades requieren de una articulación armoniosa, donde las relaciones se den de manera fluida y permanente con los diversos poderes que componen la república a nivel nacional, regional, provincial y comunal. Se hace necesario un trato colaborativo que permita proyectar el desarrollo nacional y local, con un sentido de país claro y preciso, donde las universidades aporten con sus diversos proyectos educativos y enfoques. Para el caso de las universidades estatales estos proyectos deben considerar un sello de carácter laico que tienda al bien común de la sociedad toda, en coherencia y concordancia con las definiciones que tiene nuestro Estado.
Para el logro de lo planteado el Estado debe aportar con recursos, respetar la autonomía y articular un sistema que abra a todos los participantes las flexibilidades de gestión universitaria que se requieren para igualar condiciones de trabajo con otras instituciones de educación que se encuentran en el sistema. Por su parte las universidades del Estado deben asegurar los valores ya descritos, en un contexto de calidad que se transforme progresiva y decididamente en el estándar del sistema.