Según el último estudio Termómetro Social del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el COES, el 76,2% de la población aprueba que la mitad de los cupos del órgano constituyente sean para mujeres. La misma tendencia se observó en la segunda consulta sobre nueva Constitución realizada a la comunidad de la Casa de Bello, sondeo en el que más de un 90% manifestó estar de acuerdo con garantizar cuotas de género. En la misma línea, la Consulta Ciudadana llevada a cabo por la Asociación Chilena de Municipalidades incluyó esta pregunta en 7 comunas, las que sumaron más de 200 mil personas que aprobaban la idea de la paridad. Sin embargo, los mecanismos para concretar esa demanda aún no están claros.
Mientras un grupo transversal de diputadas presentó una indicación para introducir mecanismos de corrección de género tanto en la composición de las listas para la Convención Constituyente como en sus resultados, asegurando escaños, distintos sectores, incluido el ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, anunciaron que esto no forma parte del acuerdo para el proceso constituyente.
En palabras de la académica Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencia Política del INAP e integrante de la Comisión Técnica que elaboró la primera propuesta de dicho acuerdo, es efectivo que cuestiones como la paridad de género o los escaños reservados no formaron parte de la propuesta que ingresó al parlamento porque no hubo acuerdo y se resolvió dejarlo abierto para la discusión legislativa.
Para Heiss la opción que se aprobó en la Comisión de Constitución el día lunes es lo más cercano a garantizar paridad. “Hay que pensar que en órganos de representación en Chile recién en las elecciones de 2017 tuvimos por primera vez una cuota de género, que era de 40 por ciento y permitió subir a 23 por ciento de parlamentarias electas. Esta fórmula que se está proponiendo garantiza asientos, no solo candidaturas, para prevenir el fenómeno “arroz graneado”, en que para llenar la cuota los partidos llevan candidatas en distritos donde van a perder”.
La profesora María Cristina Escudero, también del INAP e integrante de la Comisión Técnica, indica que el principal escollo es respecto al mecanismo que lograría consagrar la paridad. “El acuerdo político debe tener una fórmula satisfactoria, que nos garantice algún resultado en paridad y en los otros dos temas. Mientras antes se produzca mayor certeza se le da a la ciudadanía de que este proceso va a contar con una adecuada inclusividad, y por lo tanto, mejorarán las probabilidades de tener un mejor proceso constituyente”, aconseja.
¿Hay riesgo de un proceso constituyente sin paridad?
Sin embargo, el panorama para lograr un acuerdo al respecto no es claro. Esto, ya que cualquier norma legal para la paridad requeriría al menos de tres quintos del congreso, en el caso de que sea una reforma que no tenga rango constitucional, e incluso de dos tercios en el caso de que la fórmula por la que se opte afecte la constitución vigente.
Es por eso que distintas agrupaciones y organizaciones feministas llamaron a manifestarse en las afueras del Congreso mientras se tramita la indicación que firmaron diputadas Frente Amplio, Partido Socialista (PS), la Democracia Cristiana (DC), Partido Comunista (PC), Renovación Nacional (RN), Partido por la Democracia (PPD) y el Frente Regionalista Verde Social (FRVS).
Para María Cristina Escudero la demanda tiene que ver con que “la ciudadanía está reclamando no sólo una nueva Constitución, sino también tener un mayor acceso al proceso de toma de decisiones”. Así, para la doctora en Ciencia Política “la Convención va a ser un nuevo pacto social, por lo tanto, mientras mejor se sienta representada la ciudadanía, mejor será la legitimidad del resultado que se producirá”. En este contexto la paridad “es relevante no porque se quiera reemplazar a los partidos políticos, sino como un complemento a la representación, por la misma debilidad que tienen los partidos políticos en este momento, y una oportunidad para alimentar mejor el proceso de toma de decisiones”.
“Cuando uno tiene un proceso en democracia tiene que tener mucho cuidado con el mecanismo mediante el cual se van a tomar las decisiones, porque van a significar la legitimación o no de esa decisión. Si no logramos un acuerdo para hacer un proceso más inclusivo y representativo de lo que la sociedad es en la actualidad, podemos correr el riesgo de que tengamos una muy buena constitución nueva, pero que la ciudadanía no lo valide, y quedemos en el mismo punto en el que estamos en la actualidad”, agregó la especialista.
La profesora Claudia Heiss también observa como un obstáculo el que no se aprobara ningún tipo de fórmula que avance hacia la paridad. “No es lo mismo hacer una constitución que una ley. El grado de legitimidad que requiere es mucho mayor", dijo, advirtiendo que "todas las teorías sobre sistemas electorales hablan de la tensión entre gobernabilidad y representatividad".
Como graficó la profesora, "en un extremo podríamos tener una asamblea super representativa pero hiper fragmentada y donde no sean posibles acuerdos. Y en el otro tener una enorme gobernabilidad, como pasaba en el binominal, pero con muy poca representatividad, porque cada bloque termina representando uno demasiado amplio de personas. Todo el diseño electoral se enfrenta a este dilema. Pero una asamblea constituyente, y esto está muy acreditado en la literatura especializada, el criterio de gobernabilidad es muy secundario frente al de representatividad, porque no está para dirimir proyectos contingentes, sino para generar grandes acuerdos que van a proyectar al país por décadas".
La misión principal de la asamblea constituyente "es generar un gran acuerdo que sea percibido como legítimo para todas sus partes. La paridad es una corrección a la exclusión política de las mujeres, que es uno de los problemas sistemáticos, junto a la exclusión de los pueblos indígenas. Y esto mina a la representatividad en su conjunto y es doblemente importante para una Constitución”, concluyó la profesora Heiss.