Contexto

En el último tiempo, hemos sido testigos de la crisis energética a la que se enfrentan los países del globo y de la cual Chile no está exento. Producto de lo anterior, el ejecutivo, a través de la Comisión Nacional de Energía, ha fijado su prioridad en la seguridad energética, a objeto de evitar la extrema dependencia de fuentes externas de energía como el gas argentino.

La opción parece válida en la medida de que ésta no se realice a cualquier costo, pues actualmente las políticas energéticas del mundo tienden concentrarse en la seguridad, asociada a la eficiencia, a las reglas del mercado, y a la sustentabilidad.

Chile ha participado activamente de estas preocupaciones, siendo parte de la Cumbre del Desarrollo Sustentable de Johannesburgo, en la cual los países acuerdan trabajar activamente en el tema de la eficiencia energética, del fomento de las energías renovables y del acceso a la energía. Asimismo ha ratificado el Protocolo de Kyoto y gozado de protagonismo en la última Conferencia de partes de Bali.

Todo lo anterior, conlleva a comprender que Chile debe, de acuerdo a sus compromisos internacionales, elaborar una política energética a corto, mediano y largo plazo que tome en cuenta los impactos ambientales y sociales de los proyectos energéticos. En este contexto, el foco de atención no debiera centrarse exclusivamente en el problema actual, sino en decidir lo que queremos para nuestro País en 50 años más y comenzar a tomar las decisiones hoy.

El crecimiento económico asociado al desarrollo energético nacional no es necesariamente incompatible con este tipo de impactos y es por eso que el proyecto de investigación que iniciamos se propone encontrar estas vías de conciliación, en las que gane la energía, el crecimiento, el medio ambiente y las personas.