“La unidad de subvención escolar no tiene ninguna base científica, fue algo arbitrario construido en dictadura. Dijeron ‘este es el monto’ y ahora todo el mundo habla de subir el monto pero no hay ninguna base. Nosotros queremos aportar a construir una propuesta para financiar la educación en Chile. Queremos construir una metodología para calcular el costo del derecho a la educación, en la cual puedan participar cada uno de los centros educacionales de nuestro país”, señala Rodrigo Sánchez, Profesor de Facso y Miembro del Comité Ejecutivo, Investigador y Coordinador del área de Extensión, Comunicación y Redes del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de la misma facultad.
Con ese proyecto en mente, un equipo de seis investigadores –dos de ellos de la Fundación Sol–coordinados por el profesor Sánchez consiguió fondos de la UNESCO y empezaron a trabajar en la primera fase de la investigación “¿Cuánto cuesta financiar el derecho a la educación?: Un aporte al adecuado financiamiento de la educación”. El foco del estudio fueron los establecimientos educacionales básicos y medios de la comuna de San Joaquín.
Tomando como ejemplo algunas experiencias de procesos similares en Brasil, Perú y Argentina, el equipo de investigación comenzó la articulación de este estudio participativo. “No estamos innovando, en América Latina esto se ha hecho”, advierte Sánchez, quien destaca la inclusión de la comunidad en este tipo de proyectos. “Generalmente desde el escritorio, desde el edificio central, no se ven el tipo variables que sí identifican las comunidades cuando se les consulta. Elaborar un presupuesto de forma participativa permite que se puedan considerar en los costos las necesidades locales y territoriales”, afirma el académico.
Construir las dimensiones que serían consideradas en el estudio, las variables asociadas y el costo de lo que actualmente se gasta en cada una de éstas, fue el paso siguiente de los investigadores.
Variables, costos y resultados
Cinco fueron las dimensiones que el estudio estableció como fundamentales a cumplir en la educación pública: disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, accesibilidad y fiscalización participativa del uso de recursos. Derivadas de éstas se estructuraron ítems, subítems, variables e indicadores para la contabilidad de costos.
La apertura y revisión de archivos y bases de datos del sostenedor municipal y del ministerio de Educación respecto a los dineros invertidos, entrevistas a directores de colegios e informantes claves y la realización de talleres con la comunidad educativa, fueron parte de las herramientas de investigación utilizadas para finalmente construir la matriz de variables y determinar una línea base para los distintos costos planteados en términos reales, correspondiente a lo que existe actualmente, e ideales, correspondientes a aquellos que asegurarían un piso básico de calidad. Entre las variables que se consideraron se incluyen infraestructura, transporte, materiales educativos, profesores, capacitación y una larga lista de necesidades.
Los resultados de esta primera fase de la investigación arrojaron importantes brechas de financiamiento en los establecimientos educativos estudiados en San Joaquín. A partir del caso de la Escuela Básica N°483 Poeta Neruda, la cual corresponde a un establecimiento que puede entenderse "pequeño", se desprenden una brecha de 95 por ciento entre los costos reales y los ideales, tal como se muestra en el siguiente recuadro.
No obstante estos resultados, el equipo de investigación está cierto de que la educación pública en Chile puede financiarse. El estudió ya se está ampliando a otras comunas del país, a la espera de nuevos fondos que permitan abarcar todo el territorio nacional.
“Creemos que el Estado está en condiciones de financiar por lo menos las escuelas públicas. En estos momentos el Estado entrega becas JUNAEB sin importar si tú eres de colegio municipal o de particular subvencionado. Eso no es normal, el Estado siempre tiene que tener un trato diferenciado hacia sus establecimientos. Porque por lo demás las escuelas municipales son las que reciben a los chicos más vulnerables. Nosotros siempre decimos, si el Estado prioriza sus escuelas, sí tendría los recursos”, advierte el profesor Sánchez.