El 23 de marzo miles de personas se reunieron en la Plaza de la Ciudadanía para participar de una votación simbólica. El objetivo era elegir entre tres mecanismos –Asamblea Constituyente, comisión bicameral y comisión de expertos- para generar una nueva Constitución que reemplace a la de 1980.
Los más de 3 mil votos depositados en las urnas ese día son el resultado de la convocatoria de distintos actores políticos y sociales para instalar la necesidad de realizar una Asamblea Constituyente (AC) como herramienta para superar la crisis que, afirman sus promotores, afecta al sistema político chileno.
La actriz Mariana Loyola es vocera del movimiento “Marca AC”, una de las organizaciones convocantes de la actividad y que nació tras la campaña “Marca tu voto” en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2013. Loyola asegura que la iniciativa busca “limpiar una clase política añeja” y “cambiar la Constitución de Pinochet, ilegítima, llena de candados y subterfugios para hacer perdurar el sistema neoliberal”.
Así, tras la manifestación realizada frente al Palacio de La Moneda “el siguiente paso es la convocatoria de un plebiscito para elegir el mecanismo para redactar una nueva Constitución”, asegura la vocera. En esa instancia se espera que la Asamblea Constituyente sea escogida por la ciudadanía ya que “es el mecanismo más democrático, participativo, institucional y sano para el país”.
Otra de las voces que respalda la idea de una Asamblea Constituyente es Fernando Atria, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En su opinión la idea de realizar una AC surge como una solución “a un problema de alienación respecto de las instituciones políticas existentes, que se experimentan como insuficientes, incapaces y deslegitimadas” en un contexto marcado por las investigaciones de los casos Penta, SQM y Caval.
Para Atria la AC se presenta como “un momento legitimador de nuevas instituciones políticas”, en un proceso que avanza “en la medida en que descansa en una demanda ciudadana por un momento de discusión y decisión sobre la nueva institucionalidad”.
En esta línea, Manuel Antonio Garretón, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, recalca el rol que los movimientos sociales han cumplido. Para él, si bien la idea de una Asamblea Constituyente fue planteada por diferentes grupos desde los años 80, “donde se hace masiva es en las movilizaciones sociales del año 2011, donde se vuelve a recoger la idea de una Constitución que no sea hecha por arriba”.
Para Garretón, la demanda por el derecho a la educación entraba en conflicto con una Constitución que “consagra un modelo socioeconómico donde prima lo privado, con un Estado subsidiario y con medidas políticas como el sistema electoral binominal, los quórums calificados y el Tribunal Constitucional”, situándose de esa forma la AC como el único mecanismo que permitiría “la participación de los distintos sectores políticos, sociales, culturales, de género y pueblos indígenas, en la elaboración de una nueva forma de ser como país”.
Las fuerzas sociales
Pero no todas las opiniones coinciden en afirmar que la Asamblea Constituyente sea la respuesta a la crisis política del país. Para el académico de la Facultad de Derecho, Francisco Soto, lo central no es el mecanismo que se utilice, sino que “el proceso sea desarrollado con deliberación y abierto al debate ciudadano, no por una élite”.
Soto destaca que existen “constituciones creadas desde el parlamento que son muy participativas, como en Brasil, y otras que son elitistas y centralizadas, y también asambleas constituyentes con mucho debate como en Colombia y otras en donde una mayoría gigante responde a un solo partido como en Venezuela”. Por lo mismo, destaca, “es muy importante la existencia de instancias de la sociedad civil que sean capaces de articular un debate serio y ser contraparte de quienes redacten un nuevo documento constitucional”.
Desde otra arista, Luis Thielemann, docente del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, enfatiza en que las asambleas constituyentes realizadas en países como Ecuador, Bolivia o Venezuela durante los últimos años “no fueron el lugar donde se definieron sus contenidos, sino que fueron expresión de un nuevo equilibrio político debido al surgimiento de nuevas fuerzas sociales con capacidad de imponer sus términos”.
En su opinión, en Chile no existirían esas fuerzas sociales que sirvieran de base para un cambio de esa profundidad. Por lo mismo “más que poner la centralidad en la realización de este momento constituyente, lo que no deja de ser deseable, la izquierda debiese pensar en cómo llegar a ese espacio con fuerzas capaces de definirlo en favor de las necesidades del mundo popular en el que se supone se afinca”.
En una posición contraria se sitúa Jorge Barrera, ex Secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2008 por el movimiento gremial, quién negó la necesidad de realizar cambios constitucionales debido a la inexistencia de una crisis de legitimidad de las instituciones. Esto ya que en su opinión en el país se vive “una crisis de la clase política, lo que es muy distinto a una crisis institucional. El problema no está en la legitimidad de las instituciones, sino que los problemas son de carácter personal”.
Barrera asegura que “el problema no es la Constitución sino que radica en el incumplimiento de la ley” por lo que “mientras no tengamos una cultura que sancione las conductas que vayan contra la ley la situación no va a cambiar”. Además, enfatizó en que la actual Constitución “ha tenido más de 120 reformas desde 1990, siendo revalidada por el ejercicio democrático, y si se quiere realizar nuevos ajustes se deben hacer en el Congreso que es donde radica el poder constituyente”.