La mañana del lunes 11 de mayo se concretó finalmente el anuncio del nuevo gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, luego de que la mandataria comunicara días antes en una entrevista televisiva junto a Mario Kreutzberger, que le había pedido la renuncia a todos sus ministros.
La medida, enmarcada en la crisis política desatada debido a las revelaciones de casos de corrupción ligados a las investigaciones de los casos Penta y SQM, generaron gran revuelo y los nombres de sus nuevos integrantes fueron ampliamente comentados por la prensa. Entre los variados juicios que han surgido en estos días, algunos catalogaron los cambios como un giro hacia el centro y a la moderación por parte del gobierno, mientras otros aseguraron que era un signo del regreso de la vieja guardia de la Concertación.
Para el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, Manuel Antonio Garretón, realizar estas interpretaciones resulta apresurado. En su opinión más que un regreso de la vieja guardia o moderación “lo que hay aquí es una solución de emergencia para no cambiar lo central del programa de reformas, pero entregando una señal de confianza a los elementos críticos” como la Democracia Cristiana.
“La Presidenta no tiene otra posibilidad que seguir adelante con las reformas. Aprovechó la crisis para retomar el tema constitucional, que se había perdido el 2014 por la prioridad que se le dio a otras reformas, y no está definido todavía cómo se va a desarrollar el mismo”, remarcó Garretón, planteando que con estos anuncios la Presidenta deja abierta la puerta respecto de la opción de realizar una Asamblea Constituyente.
Similar centralidad le otorga al debate sobre la Carta Magna el académico José Miguel Labrín, quien es coordinador del Diplomado en Comunicación y Políticas Públicas, y Subdirector del Instituto de la Comunicación e Imagen, para quien “se está fijando un nuevo rumbo, donde el factor del proceso constituyente será clave, aunque es difícil vaticinar de qué manera afectará en las otras áreas como la reforma educacional, del sistema de pensiones u otras”.
En esa línea, la salida de ministros como Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas “respondieron a la necesidad de coordinar una salida política a la crisis de confianza” aunque sin reeditar la política de los consensos, sino “reencauzando el debate con las otras fuerzas políticas con presencia en el parlamento”.
Para la Coordinadora del Magíster en Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos, María Cristina Escudero, la señal enviada por la Presidenta buscó “fortalecer los dos extremos de su coalición con el objetivo de que estén comprometidos con el programa en desmedro del Partido Socialista en particular” en una estrategia que buscaría fortalecer las áreas débiles en el gobierno.
En ese sentido, el nuevo gabinete “se enfoca en tres cambios: fortalecer su área económica con un nombre que ha sido muy bien recibido de manera transversal, por todos los sectores políticos, mejorar el manejo político con Jorge Burgos, una persona dialogante, con contactos en todos los partidos políticos y la agenda social con el ingreso del Partido Comunista en Desarrollo Social” en opinión de Escudero.
El limitado alcance de las reformas
Una visión más crítica tiene el profesor Sergio Grez, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, para quien el anuncio del lunes 11 confirmó el escaso margen de maniobra que tiene el gobierno para poder implementar las reformas contenidas en el programa elaborado por la Nueva Mayoría.
Así, para Grez “la Presidenta debió sacrificar a dos hombres de su entera confianza como los ministros Peñailillo y Elizalde, íconos del discurso reformista del gobierno”, imponiéndose por el contrario la posición del Senador Ignacio Walker, quien “posó como díscolo desde la derecha de la coalición”.
Junto con ello, la inédita salida del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, es interpretada por el historiador como “una señal hacia el intransigente empresariado nacional, reacio incluso a realizar aquellos cambios propuestos por el ejecutivo que apuntan a consolidar el modelo económico limando algunas de las asperezas más irritantes para la población”.
Con esos elementos en la mano, Grez desestima la existencia de reales posibilidades de que exista en un futuro cercano mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de una nueva Constitución, ya que “la llegada de Jorge Burgos al Ministerio del Interior es una señal inequívoca que cierra esa opción como política de gobierno. Sólo habrá Asamblea Constituyente si la ciudadanía ejerce una gran presión” sobre el gobierno.