“La ley que hoy rige la protección está desactualizada y requiere ponerse al día de acuerdo a las normas de la especialidad y los criterios técnicos que están vigentes. Junto a ello, las instancias que deben velar por la protección son verdaderamente insuficientes y además hay una carencia en la constitución de una institucionalidad adecuada”, dice Max Aguirre, académico y Director del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile, al preguntarle qué tan protegido está el patrimonio en el país.
Actualmente, la ley N°17.288 de Monumentos Nacionales es la que lo salvaguarda y la que define qué se entiende por él. La norma, que se refiere en detalle a monumentos históricos, públicos y arqueológicos, entre otras materias, además señala que “su protección se ejerce por medio del Consejo de Monumentos Nacionales”.
Junto a ella está la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la que en su artículo 60 deja en los planes reguladores comunales la facultad de identificar los inmuebles o zonas de conservación histórica que tienen valor local, “en cuyo caso los edificios existentes no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente”.
En ese marco, la casona de Vicuña Mackenna 20 sólo estaba considerada en el libro Materia y Memoria que buscaba iniciar un proceso de reconocimiento de los bienes culturales de la Universidad, pero no contaba con la protección de las leyes antes descritas. De ahí que en abril de este año se otorgaran los permisos de obra y demolición del lugar que hasta 2012 acogió a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
Las críticas al proyecto comenzaron de inmediato, en cuanto se supo de la demolición del edificio, y no cesaron hasta el anuncio de la mantención de la fachada del inmueble. La solución no dejó contentos a todos, como al profesor Aguirre, para quien esta medida “caricaturiza el patrimonio, restándole contexto y memoria histórica”.
La ciudadanía se levanta
El edificio de Vicuña Mackenna 20 “nunca se declaró monumento, por lo tanto, fue la sociedad civil la que reclamó y avisó a la prensa, por eso se llegó a un acuerdo”, opina Johanna Theile, vicepresidenta de ICOM- CC Unesco. Pese a ello, a la académica de la Facultad de Artes le sorprende “el poco amor que, en general, tiene Chile por esta materia”.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo define al patrimonio urbano como aquel que “comprende las edificaciones y los espacios públicos cuya forma constitutiva es expresión de la memoria colectiva, arraigada y trasmitida, los que en forma individual o en conjunto, revelan características culturales, ambientales y sociales que expresan y fomentan la cultura y el arraigo social”, cuestión que no se condice con lo que la profesora ha visto desde que llegó al país hace más de 30 años.
Ejemplo de ello es que “la gente raya el patrimonio para atacar a la autoridad de turno y cree que el daño se lo está haciendo a otro, porque no lo siente como propio”, explica Theile quien, también, se refiere al silencio que ha acompañado estas acciones. “El Santiago de 1900 era hermoso. ¿Y qué hemos hecho? Destruirlo. ¿Y las casas que se han demolido últimamente en Ñuñoa? Ese barrio tan bonito se está yendo, pero nadie levanta la mano y dice no”.
Esa situación parece estar cambiando, ya que la sociedad civil, la misma que cuestionó el proyecto de Vicuña Mackenna, comenzó a defender su patrimonio. Personas comunes y corrientes “hicieron presente una identidad que todos pensábamos no existía”, dice Max Aguirre. Y agrega: “La ciudadanía se levantó y hay casos emblemáticos como el barrio Yungay, Matta Sur y otros semejantes, donde los vecinos se están organizando”.
Alejandra Araya, Directora del Archivo Central Andrés Bello, también destaca la labor de las organizaciones ciudadanas, sobre todo porque “han ampliado los alcances de la Ley de Monumentos Nacionales y la de Protección de Bienes Nacionales de modo de integrar en ellas las valoraciones sociales, comunitarias e identitarias en el concepto tradicional de monumento que esas normas contienen”.
La ciudadanía también alzó la voz ante el proyecto que modifica la ley Nº17.288, que dejaría fuera del Consejo de Monumentos Nacionales a representantes del Colegio de Arquitectos, la Sociedad Chilena de Arqueología y el Instituto de Historia de la Arquitectura de la U. de Chile, entre otras organizaciones.
El proyecto también contempla entre sus medidas la exención del impuesto territorial de los bienes declarados Monumentos Históricos con o sin fines comerciales y la creación de Consejos Regionales.
La educación como arma de protección
“Lo que falta es educación” es uno de los dichos más comunes cuando se refieren al daño que hace la gente a algún patrimonio nacional. Y sí, pareciera que es un elemento relevante al momento de poner sobre la mesa las medidas que se deben tomar para propiciar un correcto resguardo a este tipo de objetos, en el caso del patrimonio tangible.
Es por eso que los expertos tienen los ojos puestos en esta materia, con el objetivo de generar conciencia desde la propias familias. “¿Cómo vas a incidir en el traspaso de valores sobre el patrimonio si lo separas de la educación formal o si no lo consideras un factor relevante en la transformación de nuestras relaciones sociales?”, se pregunta Alejandra Araya.
Opinión compartida por Theile, quien sostiene que “los padres deben llevar a los niños a museos para que sientan que son suyos”, afirma. Max Aguirre, por su parte, señala que es sustancial que este tema se enseñe en la educación básica y media. “Al niño se le debe inculcar el respeto por el patrimonio de la misma manera que se está haciendo con el criterio de sustentabilidad o el cuidado del medio ambiente”, considera.
En ese contexto, es imprescindible que el proyecto de Ministerio de Cultura “trabaje a la par de la reforma educacional”, señala Araya, quien cree que esta institucionalidad debe “apostar por definiciones y conceptos sobre los bienes culturales para que no sólo administre lo que existe, es decir, que efectivamente pierda el miedo de hablar de política cultural con sentido y con riesgos”.
El problema, asegura Aguirre, es que “la reforma educacional aún no define los contenidos que se aplicarán”. Por lo mismo propone que se baje el tema a la comunidad para que cada una de las municipalidades tenga una unidad dedicada al cuidado del patrimonio tangible e intangible local, que se rija por una institucionalidad mayor y que ayude a las organizaciones sociales que estén realizando un proyecto semejante.
Pero para lograrlo, el nuevo ministerio, que contendrá al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y el Consejo de Monumentos Nacionales, debe “fortalecerse y visibilizarse con voz propia frente a la sociedad, pues es una oportunidad única de hacer del tema un verdadero desafío para el país”, insiste la profesora Araya.
¿Qué hace la Universidad de Chile por el patrimonio?
Los académicos también consideran que la universidades del Estado, en especial la de Chile, deben tomar las riendas para que haya más difusión académica a nivel público “sobre la importancia y valor del patrimonio”, dice Aguirre.
Durante la gestión del Rector Víctor Pérez, por ejemplo, se articuló una red patrimonial que reúne a museos, archivos, bibliotecas y actores relacionados a nivel estudiantil y académico de la casa de estudios. Con ellos se realizó “una primera identificación del patrimonio cultural que quedó plasmada en el libro Materia y Memoria. Tesoros patrimoniales de la Universidad de Chile”, cuenta la profesora Araya.
Actualmente, “con la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán, esperamos inaugurar la nueva sala de exhibición de tesoros patrimoniales en Casa Central con una propuesta curatorial que aporte a las lecturas sobre el patrimonio, fortalezca los proyectos transversales, apoye en contenidos y reflexiones a las políticas públicas y cree nuevos modos de visibilizar el patrimonio como se hace en el proyecto Artificios de la Iniciativa Bicentenario que propone formas creativas, sustentadas en investigación y con sentido crítico”, asegura la académica.
Otra aspiración es la que está liderando Max Aguirre con el Instituto que dirige en la FAU. Se trata de un Observatorio del Patrimonio Nacional orientado a satisfacer y colaborar con las instituciones y con la sociedad, además de hacer un trabajo de reconocimiento “de las obras que hay que resguardar e, incluso, adelantarnos para tener previstas situaciones como las demoliciones”, cuenta el profesor.
El problema es que al igual que en la organización central del país, “como Universidad adolecemos de la misma ausencia de política institucional, y la misma forma parcelada y feudal de resolverlo”, señala Araya. Lo anterior, en relación a un Reglamento de Protección de Bienes Patrimoniales de la casa de estudios que en 2011 se presentó a Rectoría y al Senado Universitario y “que aún está sobre algún escritorio”, concluye.