Como es ampliamente conocido, la Ley 20.606 tiene como propósito luchar contra la creciente obesidad, principalmente infantil, en Chile. Esto mediante la limitación de las ventas de productos altos en nutrientes nocivos a partir de acciones tales como la imposición obligatoria en los envases de un etiquetado identificativo, la limitación de su comercialización en recintos escolares y de la publicidad dirigida a público infantil.
Al tratarse de una medida relativa a la calidad alimentaria a la cual se someterían tanto los productos nacionales como importados, ésta se encuentra en el ámbito del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Dicho acuerdo, el cual entró en vigor en el año 1995, tiene como objetivo garantizar que los países miembros (entre ellos Chile) puedan establecer los requisitos necesarios a las importaciones para proteger la seguridad nacional, prevenir prácticas engañosas, proteger la salud o seguridad humanas, la vida o la salud animal o vegetal y el medio ambiente. No obstante, todo ello considerando que no se generen obstáculos innecesarios al comercio. En este sentido, con el fin de promover la transparencia y la construcción de consenso, se establece la existencia de un Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC) el cual se constituye en espacio de diálogo donde se recogen las preocupaciones de los países miembros sobre las normas impuestas por otros miembros.
Fue precisamente en sesión del Comité OTC en marzo de 2013 que ocho miembros de la OMC, encabezados por Estados Unidos, plantearon su preocupación por el contenido de la Ley de Alimentos de Chile. En este sentido, a nivel general, si bien los países reconocían como legítimo el objetivo de Chile de proporcionar una información nutricional que contribuyera a la reducción de problemas de salud pública tan relevantes como la obesidad, consideraban que las acciones propuestas en la Ley no eran las más adecuadas. Lo anterior argumentado, principalmente, conforme a lo siguiente: a) falta de pruebas científicas suficientes sobre cuál es el umbral de riesgo relativo a nutrientes nocivos para el público general, dadas las particularidades de cada individuo, b) se produciría una discriminación de las empresas extranjeras debido a que deberían adaptar los envases de sus productos única y específicamente para el mercado chileno, c) la notificación de la medida (enero de 2013) y su fecha de entrada en vigor prevista (julio de 2013) no distaban lo suficiente como para posibilitar la consideración de las observaciones del resto de países miembros, además de que la información a disposición era insuficiente y d) existencia de una normativa internacional de referencia, contenida específicamente en el Codex Alimentarius, sobre indicaciones nutricionales de los alimentos que serviría para los fines perseguidos por Chile, pero que resultaría menos lesiva.
En las siguientes reuniones del Comité, celebradas durante 2013, 2014 y 2015, los países miembros han continuado planteando de manera regular preocupaciones sobre la Ley de Alimentos, uniéndose a la discusión nuevos actores como Brasil o Suiza. Por su parte, Chile ha presentado sus argumentos en favor de la Ley, aduciendo la necesidad de atender el grave problema que representa la obesidad en el país. No obstante, se ha mostrado en todo caso una actitud abierta al diálogo. De hecho, ha sido recién a fines del pasado mes de junio cuando se ha publicado en el Diario Oficial la modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos, mediante la cual se hace operativa la Ley de Alimentos que regirá desde junio de 2016, dado que se decidió realizar algunas modificaciones a la propuesta inicial conforme a la solicitud de la industria, como el cambio de la leyenda “exceso de” por “alto en”.
Lo anterior sucedió de manera casi paralela al examen de política comercial que Chile debió enfrentar también el pasado mes de junio ante la Organización Mundial de Comercio. Buena parte de las consultas a responder (realizadas por otros países miembros antes y durante la reunión) estuvieron relacionadas con la Ley de Alimentos. De hecho, la relevancia del tema llevó a que en su declaración final al término del encuentro, la representación de Estados Unidos afirmara que el país mantenía su preocupación respecto a ciertos elementos en la Ley, los cuales tenían en su opinión el potencial de “confundir a los consumidores” e impactar negativamente en las exportaciones del país.
Por tanto, la polémica entorno a la Ley de Alimentos en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales parece estar lejos de zanjarse. De hecho, según informaron medios nacionales el pasado fin de semana, Estados Unidos, Canadá y México ya habrían solicitado el establecimiento de un panel ante la OMC, lo que generaría aún un mayor tensionamiento respecto a este tema.