Paradójicamente, en momentos en que conmemoramos el “Día Internacional de la Mujer” y cuando creíamos que ya la sociedad había comprendido que la violencia hacia las mujeres es producto de un sistema de relaciones sociales en el que predomina el poder masculino, nos encontramos con la portada de un diario nacional que, refiriéndose al reciente crimen de una mujer inmigrante a manos de su pareja, titula: “El amor y los celos la mataron”.
La noticia, así contada, nos retrotrae a los viejos cánones del conservadurismo cultural y a los antiguos mitos, que suponíamos superados, acerca de los mal llamados “crímenes pasionales”, o a la antigua idea de que “quien te quiere te aporrea”. Estas concepciones pretenden hacernos creer que estos delitos son fruto del descontrol o arrebatos por celos, lo que podría incluso atenuar la culpabilidad; desconocen sin embargo que la violencia contra las mujeres, cuya expresión más extrema son los femicidios, se trata de un problema generalizado en nuestra sociedad, que está arraigado y construido culturalmente, expresando relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer.
Este nuevo asesinato no es producto del amor o de los celos, sino de la violencia machista que, lamentablemente, aún subsiste en el país, cobrando once víctimas en el transcurso de este año. Así lo ratifican las cifras del Ministerio del Interior que señalan que una de cada tres mujeres chilenas ha vivido violencia física, sexual o psicológica por parte de sus parejas o ex parejas, o las del Ministerio Público que muestran que 87% de las víctimas de violaciones y 83% de las víctimas de abusos sexuales son mujeres.
El movimiento de mujeres, junto con visibilizar el problema sacándolo del espacio privado en el que se encontraba, ha demandado por décadas una respuesta pública; hoy existen leyes, centros, casas de acogida y programas de prevención y atención a mujeres que viven violencia. Pero todo ello es aún insuficiente frente a la magnitud y a los efectos del problema.
Es por ello que las mujeres demandan al Estado y a la sociedad en su conjunto, nuevas y más eficaces respuestas. Entre otras:
- Incorporar la violencia de género en el diseño de la reforma educacional, de modo que en todo el sistema educativo se promuevan nuevas formas de convivencia entre hombres y mujeres y programas educativos y de formación docente con enfoque de derechos humanos.
- Desarrollar un sistema de justicia especializada en violencia de género a nivel de los tribunales de justicia y el Ministerio Público; y un plan de acción para enfrentar la trata de personas, que incluya prevención, control y persecución del delito; protección y asistencia a las víctimas.
Asimismo, se demanda que la nueva Constitución Política, cuyo contenido empieza a debatirse en el país, incorpore la vida libre de violencia como derecho en su catálogo.
El tratamiento de la violencia contra las mujeres a través de la legislación y los programas públicos, se ha circunscrito principalmente al ámbito intrafamiliar. Se requiere por tanto de una nueva ley que, basándose en la Convención internacional “Belem Do Pará” suscrita por Chile, aborde todo tipo de violencia de género (simbólica, institucional, física, sexual, patrimonial, psicológica) que se produce en diversos espacios. Una nueva ley que parta por reconocer las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, así como las discriminaciones múltiples que intensifican la violencia (etnia, situación socioeconómica, orientación sexual, u otras).