Las tensiones entre los choferes que trabajan con aplicaciones como Uber o Cabify, y los taxistas tradicionales -que se han traducido en protestas, insultos y enfrentamientos físicos- han marcado la discusión sobre el futuro del transporte remunerado de pasajeros.
Los reclamos de los taxistas y la preocupación de los distintos actores involucrados en la materia se tradujeron en un proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso el pasado 25 de octubre, pero que recién el 15 de marzo habría recibido suma urgencia por parte del Ejecutivo, en una discusión que no abarca sólo diferencias sobre condiciones de trabajo o competencia entre distintas empresas, sino también la protección de los datos de los usuarios, y la planificación urbana y del transporte público y privado en las ciudades.
Es ante esta situación que el Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) y el Centro de Regulación y Competencia (Regcom) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile organizaron el seminario "Uber: el desafío de regular las plataformas", realizado el 17 de marzo.
La actividad fue inaugurada por la vicedecana Maricruz Gómez de la Torre, quien detalló las ventajas y falencias de estas plataformas, las que la llevan a no cumplir con los requisitos estipulados hasta ahora por la ley y ser catalogados como competencia desleal por parte de los taxistas. Asimismo, se refirió a las dudas en torno al tratamiento electrónico o telemático de los datos personales de sus clientes. "En un mundo donde las clonaciones de tarjetas, robos de bases de datos y publicación de información confidencial de las personas constituyen un peligro constante, resulta relevante saber cómo estas nuevas plataformas protegen los datos que les entregamos", recalcó.
Usuarios y privacidad
El seminario se dividió en dos mesas de trabajo, la primera llamada "Regulando la economía colaborativa en transporte", y que fue moderada por el profesor Nicolás Rojas, director del Regcom. El espacio sirvió para conocer diversas posturas en torno al proyecto de ley, el que fue presentado por el abogado del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Alfredo Steinmeyer.
El profesional explicó que todo tipo de transporte público de pasajeros "debe ser una actividad regulada, debido a que está expuesta a una serie de externalidades". Sobre la propuesta para regular Uber, Steinmeyer destacó que establece condiciones para que "las operadoras de plataformas que intermedien el encuentro entre oferta y demanda de servicios de transporte público puedan ofrecer sus servicios con elevados estándares de tecnología o confort". Resaltó asimismo que una solución consistente en prohibir el funcionamiento de estas plataformas "sería ineficiente en el largo plazo y que cualquier solución que se opte debe tender a controlar la sobreoferta y en general a disminuir las externalidades negativas".
En la discusión también participó el diputado Giorgio Jackson, miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, quien llamó a tener cautela a la hora de tramitar el proyecto, enfatizando que aún existen varios conceptos no del todo claros frente a estas aplicaciones. El legislador descartó que Uber sea un emprendimiento de economía colaborativa, definiéndola más bien como "una innovación tecnológica que se aprovecha del arbitraje, de la relación entre usuario y conductores, lo que se mezcla con la necesidad de estar en la ciudad".
Por su parte, Carlos Schaaf, gerente general de Uber Chile, reconoció que hay aspectos positivos en el proyecto, como que los usuarios puedan conocer el recorrido y el costo aproximado de los viajes, sin embargo, criticó que se prohíba el pago en efectivo, que se aplique un impuesto especial o se exija una licencia profesional a los conductores. "La propuesta limita el acceso de las personas a este tipo de servicios y no pone al usuario al centro del debate", añadió el ejecutivo.
La segunda mesa de trabajo se denominó "Protección de datos en plataformas colaborativas de transporte" y fue moderada por la abogada del CEDI, Daniela Vásquez. En este espacio participaron Pablo Viollier, analista de Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales; Renato Jijena, director del CEDI; y Salvador Millaleo, investigador del CEDI.
En este punto del debate, los expositores coincidieron en la obligación que tiene una plataforma como Uber de proteger los datos y la privacidad de los usuarios del servicio e incluso de los conductores, aun cuando estos podrían ser útiles para ayudar en la planificación de la ciudad.
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