El Prof. Roberto Aceituno, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Casa de Bello, es miembro de la Comisión de Coordinación Institucional de U. de Chile, espacio que permite coordinar el trabajo de los distintos órganos de gobierno internos y que se ha constituido como un actor propositivo respecto al proyecto de Universidades Estatales, participando de diversas instancias de discusión sobre esta materia.
La presente entrevista tuvo lugar con anterioridad a la aprobación de la idea de legislar por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y de la presentación de indicaciones mediante las cuales el Mineduc modificó el proyecto de ley.
¿Qué opina sobre el fortalecimiento a las Universidades Estatales que se plantea en el proyecto de ley?
No es un proyecto que integre ese propósito como objetivo principal. El proyecto parece, más bien, ligarse a la Reforma a la Educación Superior, que a su vez refuerza el modelo de educación superior vigente. Entonces, no cumple en ningún caso con el objetivo de fortalecer a las Universidades del Estado.
¿Cuál es la intención que está detrás de este proyecto de ley?
Es difícil de interpretar porque hay contenidos que son muy poco razonables. Existe el propósito, desde un punto de vista muy conservador de mantener el estado de las cosas tal como han funcionado hasta ahora y, probablemente, respondiendo a las expectativas que ha generado el mercado en las instituciones privadas.
Es un proyecto que por omisión, es decir, no entregándole a las Universidades del Estado un trato preferencial, termina por beneficiar al sistema privado en el contexto del sistema de educación chileno.
¿Considera que esta reforma se plantea como un maquillaje a un sistema ya instaurado desde la época de la dictadura?
Sí. Creo que hay un intento por flexibilizar algunos asuntos de gestión de las Universidades del Estado, lo que es necesario. Sin embargo, los temas de fondo, que en mi opinión tienen que ver fundamentalmente con el financiamiento, no son tocados.
Todos los problemas que se han identificado, como el problema de la autonomía, el problema del gobierno, la condición de los funcionarios, son todos temas muy importantes, pero en mi opinión el más decisivo es el que tiene que ver con financiamiento.
En ese sentido, ¿cómo evalúa el sistema de financiamiento que se propone en este proyecto de ley?
La propuesta, en el mejor de los casos, no modifica sustancialmente lo que algunas instituciones Estatales recibirían por parte del Estado. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos -creo que la Universidad de Chile podría ser una de las más afectadas- reduce proporcionalmente ese aporte basal y esos recursos permanentes que las instituciones del Estado necesitan para funcionar. Si a eso se le agrega un subsidio a la demanda mediante la gratuidad a estudiantes de universidades privadas se produce un desbalance evidente que termina por aumentar el capital de esas instituciones versus un debilitamiento progresivo de las Universidades del Estado.
Por la vía del financiamiento yo diría que hay un retroceso evidente en la relación del Estado con sus instituciones, lo que es un contrasentido absoluto. Una locura absoluta.
En términos de autonomía, ¿cree que el proyecto de ley la vulnera?
Yo creo que, tal como está planteado, sí, o al menos restringiría su autonomía en la medida en que, por una parte, se verían debilitadas una serie de dispositivos e iniciativas institucionales que tiene la U. de Chile y que le costó mucho crear, como el Senado Universitario y el Consejo Universitario. Por otro lado, se debilita por el hecho de que proporcionalmente un consejo superior o directivo estaría constituido mayoritariamente por organismos externos a la Universidad.
Desde esos dos puntos de vista la autonomía se ve evidentemente dañada. Agrégale a eso el hecho de que determinados organismos pueden tener injerencia en, por ejemplo, la condición administrativa o funcionaria. Eso también supone un debilitamiento de los resguardos que la institución tiene frente a organismos externos.
¿Cuál es la relación que debería existir entre Estado y universidad?
A mi modo de ver debiera ser una relación institucionalizada, es decir, que no esté sujeta a proyectos que haya que estar haciendo permanentemente. Por lo tanto, un proyecto de ley como este debiera institucionalizar permanentemente la relación de las universidades con el Estado. Lo que en rigor está mal dicho porque eso supone que las universidades están fuera del Estado y en realidad son del Estado.
Debiera existir una institucionalización estructural. Y eso tiene una consecuencia directa sobre todo en lo relacionado con financiamiento. Aportes basales, inversión en infraestructura, movilidad interna entre académicos y funcionaros de las propias instituciones, en fin. Esas son condiciones estructurales que le restituirían a las Universidades del Estado su condición de ser… Universidades del Estado.
Por otra parte, creo que hay que distinguir el Estado del gobierno. Una Universidad del Estado no puede estar sujeta a los vaivenes políticos de los gobiernos de turno. El gobierno de turno podrá tener una representación, como la tiene actualmente en el Consejo o en el Senado, donde sea. Sin embargo, ésta debe ser en tanto representación del Estado, no del gobierno.
De la misma manera que un rector, un decano o un senador universitario no sólo se representan a sí mismos, sino que representan a la institución, lo mismo debiera ocurrir con la relación entre Estado, gobierno y universidad.
¿Cuál es su idea de comunidad universitaria y qué importancia le otorga a la participación triestamental de la comunidad?
Tengo una opinión muy favorable, en general, a la participación triestamental en un contexto de comunidad universitaria. Creo que la participación triestamental en distintas instancias, ya sea en los Consejos de Facultades, Consejo Universitario, en el Senado, en fin, es importante. Pero no tiene valor por sí misma si no es cuando esa participación está puesta en un contexto de comunidad.
Eso que parece medio retórico no lo es porque hay distintas formas de promover un sentido de comunidad y no promover un conjunto de intereses. Si juntamos al estamento funcionario, al académico y al estudiantil en el mismo espacio y no hemos creado las condiciones para que haya comunidad allí, lo que vamos a ver es conflicto de intereses, simplemente. Unos van a pelear una cosa, otros van a pelear por otra, y todo va a transformarse en un juego de fuerzas.
En mi opinión, la participación triestamental debiera estar al servicio y a la base de una comunidad universitaria dialogante, con una cultura universitaria.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados con un inciso nuevo, que estipula que las Universidades que no adapten sus estatutos a las condiciones explicitadas no recibirán financiamiento público, ¿qué piensa al respecto?
Es muy preocupante que existan declaraciones de esa naturaleza, más aun si tienen consecuencias normativas o legislativas. Es una práctica autoritaria en un contexto democrático. Eso se esperaría para una situación de estado de excepción o para una situación donde la universidad está detenida, como lo estuvo por la dictadura. Ser objeto de amenazas de esa naturaleza en un estado de cosas supuestamente democrático me parece gravísimo. Entrega una señal pésima no sólo para las universidades y para el Gobierno, sino que para el país completo.
Por último, me parece que esto requiere una posición mucho más activa de la Universidad y a lo mejor el conocimiento de esto por parte de la ciudadanía.