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Noticias del Senado Universitario

Académico de la U. de Los Lagos:

Prof. Francisco Ganga: "Ha faltado una adecuada planificación en el proyecto de universidades estatales"

Conversamos con Francisco Ganga, académico de la Universidad de los Lagos, sobre el proyecto de Universidades Estatales que actualmente se discute en el Congreso Nacional.

El prof. Francisco Ganga es académico e investigador de la Universidad de Los Lagos. Ha trabajado especialmente en el área de las formas de gobierno universitario en Chile.

El prof. Francisco Ganga es académico e investigador de la Universidad de Los Lagos. Ha trabajado especialmente en el área de las formas de gobierno universitario en Chile.

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Académico e investigador de la Universidad de Los Lagos, Francisco Ganga posee amplia experiencia tanto en el mundo público como el privado. En el campo universitario ha ocupado variados cargos y ha investigado especialmente en las formas de gobierno universitario en nuestro país y latinoamérica.

Participará en el V Congreso Iberoamericano de Gobernanza Universitaria, que se desarrollará desde el 20 al 22 de noviembre en la Universidad Autónoma de Nuevo León-México, donde será uno de los principales expositores. Es autor de numerosos textos, entre ellos: "Teoría de agencia (TA): supuestos teóricos aplicables a la gestión universitaria", "Dinámicas de transformación en la educación superior latinoamericana: Desafíos para la gobernanza", "El flipper burocrático en las Universidades", "Sistema de gobierno en las universidades de argentina" y "Valoración del comportamiento ético de los rectores de las universidades de iberoamérica"

Entrevistado para conversar acerca del proyecto de Universidades del Estado nos habló acerca de sus impresiones sobre la iniciativa, cuya idea de legislar se votó el pasado 5 de septiembre en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, esto tras una serie de modificaciones que comprometiera el Ejecutivo al proyecto.

-¿En términos generales, cómo considera el proyecto?

Pienso que, en términos globales, todos los que creemos en la educación pública estaremos de acuerdo en que definitivamente esta iniciativa legislativa representa un evidente avance. Los que hemos estado vinculados a las Universidades Estatales conocemos, no sólo teóricamente, sino también empíricamente, la problemática de ser parte de entidades educativas relegadas, que han sido completamente olvidadas, debiendo funcionar en plataformas de mucha precariedad de recursos.

Ahora bien, el viejo apotegma "no por mucho madrugar, amanece más temprano" creo que es completamente aplicable a este proyecto. Siento que lo que ha faltado es una adecuada planificación que hubiese permitido una reflexión y debate más acabado sobre la materia. Estamos hablando de tópicos que son claves en el futuro del país y, por lo mismo, es extremadamente necesario generar instancias donde las diversas visiones sean conocidas y debidamente consideradas.

-La Universidad de Chile tiene una larga historia. En los años 60 se definieron varios temas como la gobernanza universitaria y la participación de la comunidad. El golpe de Estado truncó esa etapa. En los años 90 resurgió el tema de la participación comunitaria, culminando con los nuevos Estatutos, de la primera universidad que los cambiaba desde la dictadura. ¿Qué piensa de lo que hace el proyecto sobre Universidades del Estado en esta materia?

Esta pregunta apunta justamente a la problemática recién esbozada, pues aquí estamos frente a una temática que requiere de un profundo debate que considere una serie de variables, donde la historia de la Universidad de Chile, y en general de la universidad en Latinoamérica, sea debidamente apreciada.

No obstante, existen otros factores a analizar, como por ejemplo la composición del cuerpo colegiado superior. Como se sabe, el proyecto establece un Consejo Superior, integrado por el Rector, tres representantes del Presidente de la República, dos académicos, un estudiante, un funcionario, un profesional de destacada trayectoria y de un reconocido vínculo con la región, el que, además, deberá ser egresado de la respectiva universidad.

Este gran cambio es en realidad sólo una ilusión, dado que solo afecta a las instituciones cuyos estatutos no fueron aprobados en democracia, lo cual implica que las siguientes instituciones no se verán afectadas: Universidad de Chile, Universidad de los Lagos, Universidad Técnica Metropolitana, Universidad de Aysén y Universidad de O’Higgins

En este orden de cosas, es cierto que han surgido, y con justa razón, voces criticando fuertemente estas disposiciones. Sin embargo, en ese punto la realidad muestra que el escenario no es muy distinto al de la mayoría de las instituciones estatales chilenas actualmente. La diferencia sustancial es el caso de la Universidad de Chile, donde su Máximo Cuerpo Colegiado, el "Consejo Universitario", está integrado por los Decanos y solo dos representantes del Presidente, además del Rector y el secretario general. En el resto de las universidades públicas, son tres representantes del Estado, lo que en promedio no supera el 33% de la composición, en el caso de la Universidad de Chile sólo llegaría al 11% aproximadamente.

Ahora bien, existe otro tema que se debiera analizar con mayor nivel de detalle y es la presencia del Rector en el Máximo Cuerpo Colegiado, específicamente en lo que concierne a su rol en esta instancia organizacional. En el caso de la Universidad de Chile, el máximo directivo adicionalmente es el Presidente del Máximo Cuerpo Colegiado, con derecho a voz y voto, situación que sólo ocurre en el 27% de las Universidades Estatales. Si analizamos la realidad de América Latina y España, los porcentajes son muy similares.

Otro tópico sobre el que se debe reflexionar tiene que ver con el isomorfismo de las universidades, particularmente sus estructuras organizacionales. No es posible olvidar que nuestras instituciones son bastante heterogéneas desde el punto de vista de su tamaño. Basta comparar a la Universidad de Chile, que cuenta con 39 mil alumnos, con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, cuya población estudiantil no supera los 5 mil estudiantes (para que hablar de la Universidad de Aysén).

En la misma línea, estimo que también se debiese meditar respecto de la forma cómo se eligen los máximos directivos, dado que el proyecto no modifica la ley 19.305 de 1993 en esta materia y, por tanto, persisten las mismas reglas de elección de pares para el cargo de Rector. Habría sido relevante analizar temas como la paridad de género en el gobierno universitario y la participación de otros grupos de interés, además de los estudiantes y funcionarios que acaban de ser incorporados.

-¿Qué piensa de la autonomía universitaria y este proyecto?

Si se quiere mantener independencia y libertad en los procesos de transferencia y generación de saberes, la autonomía de las universidades se transforma en un imperativo. La universidad pública debería moverse en un espacio donde existan garantías suficientes para desarrollar su misión sin la presión del poder político, ideológico y privado. Lo anterior significa que es notable y trascendente compatibilizar la necesidad de tener participación e implicación de los diversos grupos de interés, salvaguardando ineluctablemente este principio. De nuevo aquí estamos frente a un asunto que requiere diálogo, no en lo alusivo a la autonomía universitaria, sino en relación a la forma como se debe defender y garantizar este logro de la sociedad, ahora en el marco de un nuevo escenario organizacional, donde la entidad universitaria debiese responder con altos estándares de excelencia a los requerimientos y a las necesidades de las comunidades que la acogen.

-¿Qué opinión tiene acerca del financiamiento actual de las Universidades del Estado y sobre lo que propone el proyecto? Se habla de un préstamo con el Banco Mundial, para 18 universidades, a 10 años plazo por 150 mil millones de pesos. La U. de Chile recibe hoy un monto basal de 632 mil millones (aproximado).

Como he señalado previamente, las universidades del Estado han vivido en un contexto de insuficiencia de recursos, en muchos casos "raspando la olla" para poder sobrevivir. Si se quiere tener universidades de clase mundial, hay que invertir en función de atraer y preservar el talento humano de alto nivel. Los aportes anunciados son un avance, pero siguen siendo insuficientes. Es más, consolidan las asimetrías que existen entre las universidades ubicadas en la Región Metropolitana (concretamente la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago) y el resto de las regiones.

Si estudiamos las cifras, podríamos observar que, por ejemplo, la Universidad de Magallanes tiene un presupuesto de 25 mil millones para un poco más de 4.500 estudiantes e incluso para esta institución 833 millones no es una gran contribución adicional. De hecho, reciben 2 mil millones de aporte fiscal directo. En cambio, la Universidad de Chile cuenta con un presupuesto de 632 mil millones de pesos, y percibe 34 mil millones de aporte fiscal directo, lo cual representa un presupuesto superior a los 16 millones por estudiante.

Por lo tanto, queda claro que la cifra de los 150 mil millones es menor al 10% de los presupuestos anuales de todas las instituciones públicas (9,43 %). O sea, si lo dividimos por los 10 años, es inferior al 1% (0,943%) del presupuesto del sistema público. Por ende, estamos hablando de una cifra casi testimonial, o al menos, muy exigua.

Creo además que se debe poner el acento en el buen gobierno de las universidades, teniendo en cuenta que ello viabilizaría el uso eficiente de los recursos que se pretendan inyectar. Se podrían tener muchos recursos, pero si la gobernanza es inapropiada, nadie asegura que sean adecuadamente utilizados.

-Tampoco se habla de aumento de la matrícula de las Universidades Estatales, cuando en verdad el sistema estatal no es ni un 20% del total. ¿Qué opina de esto?

Si se revisa el sistema de información de educación superior se constata que efectivamente la matrícula de las universidades estatales es de 177.931 en pregrado; 3.762 en post título; 10.805 en magíster; y de 2.343 a nivel de doctorado. En total suman 194.841 estudiantes en la educación pública de un universo de 1.247.746, lo que representa un poco más del 15%. Este porcentaje se encuentra repartido como oferta por todo el territorio nacional y no concentrado en las tres grandes regiones, a diferencia de las universidades privadas. Si se fortalecen las instituciones estatales, y éstas lograsen mayores estándares de calidad, esa cifra debiera incrementarse, aunque no considerablemente. Si la apuesta es al aumento, el foco debe colocarse en las regiones e incluso en las comunas donde se concentran altos índices de población en nuestro país.

-¿Qué ocurre con los funcionarios de las universidades del Estado con este proyecto?

Al parecer, en este caso, los problemas de la carrera funcionaria se traspasan a las universidades desde el Estado, dado que el gobierno ha dado un paso atrás, y considerando sólo modificaciones menores.

De todos modos, se debe reconocer que el proyecto da la libertad a cada institución para determinar su propio estatuto funcionario, ello al parecer ha cambiado a la idea de que sea un estatuto funcionario común para todas las Universidades del Estado. Aquí lo relevante es asegurar que la meritocracia académica -y no el amiguismo, el nepotismo u otras malas prácticas que pudiesen surgir- siempre sea respetada y reconocida. No obstante, algo se debe decir respecto de la gran cantidad de contratos precarios que se han estado instalando en las Universidades Estatales, lo cual no sólo atenta contra la dignidad del individuo, sino también contra el pensamiento crítico, la libertad y la autonomía de las personas.

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