El sociólogo, abogado y Vicedecano de FACSO, Prof. Raúl Atria, ha dedicado buena parte de su carrera al área de la educación superior, donde se ha desempeñado como consultor del Consejo Superior de Educación (CSE), de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y de la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En el contexto de discusión del proyecto de ley sobre Universidades Estatales ha dado su opinión y análisis en diversos medios de comunicación e instancias de diálogo.
Esta entrevista fue realizada antes que se aprobara la idea de legislar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que el Mineduc presentara indicaciones que modifican el proyecto de ley.
¿Cómo evalúa el proyecto de ley del Gobierno sobre Universidades Estatales?
Para analizar el proyecto de ley habría que remontarse al momento en que se tuvo conocimiento del proyecto general de Reforma de la Educación Superior. Al examinar ese proyecto la pregunta inescapable fue ¿dónde están las Universidades Estatales?, ya que en el correspondiente articulado aparece un breve título sobre estas universidades, (me parece que es el título séptimo), que contiene alrededor de cinco artículos y eso es todo lo que se dice sobre ellas. Ante esa superficialidad era claro que la aspiración de conformar un sistema de Universidades del Estado quedaba completamente disminuida, pues no había ninguna idea matriz que sustentara seriamente el tema. De allí surgió la propuesta de expandir ese título en una ley separada, que abordara ampliamente el caso de la educación superior estatal, por la importancia que puede tener la Universidad Estatal para el desarrollo del sistema de educación superior del país.
Finalmente se dio la oportunidad de que el Gobierno transformara ese título del proyecto general en un proyecto de ley específico para las Universidades Estatales. Y ahí empezaron otros problemas. Porque cuando se ve en detalle el articulado de este nuevo proyecto, da la impresión que el Estado no sabe lo que es una Universidad Estatal, porque la trata como si fuera una entidad mercantil, donde lo que importa es cómo se maneja la corporación más que la sustancia de ella y me parece que ahí hay una apreciación sesgada y errónea de lo que es realmente una Universidad Estatal. No se tiene conocimiento de la realidad actual de la Universidad Estatal por dentro, sus propósitos y su modus operandi, nada de eso se recoge seriamente en este proyecto de ley.
Y en ese sentido ¿Cuál es el punto más grave?
Se menciona de paso lo que es la autonomía universitaria pero cuando se ve cómo ese concepto de autonomía se traduce en la normativa legal, es obvio que se trata la autonomía como algo puramente decorativo, porque en la práctica las Universidades Estatales quedan con una autonomía tremendamente reducida o barrida. La noción de autonomía tiene dos implicaciones. Una es la autonomía de la institución hacia afuera, que tiene que ver con que la institución no puede ser sometida a un control externo a ella. Y tiene una expresión interna, que nos lleva derechamente a la idea del pluralismo, porque autonomía interna significa eso. Si esto no se entiende así, se legitima la idea de una especie de vigilancia al interior de la universidad.
En nuestro caso, pienso que la Universidad de Chile tiene muy claro cómo funciona su autonomía interna, porque se reconoce como una institución pluralista, plenamente comprometida con ese rasgo fundamental de toda Universidad Estatal. No vienen por ahí los problemas. Los problemas vienen cuando la institución es puesta en el escenario tremendamente interventor que construye el proyecto de ley al incursionar en un área donde no tenía para qué haberlo hecho. El proyecto aspira, sin escrúpulos, a manejar el poder dentro de las estructuras de gobierno de la Universidad.
Entonces, ¿usted considera que se vulnera la autonomía?
Por supuesto. La estructura que se propone está basada en el control. En efecto, el Consejo Universitario que es el órgano colegiado principal, donde se definen las orientaciones estratégicas de la Universidad y se gestiona la marcha de la institución, queda como un Consejo Consultivo, que no tiene ninguna capacidad decisional. Por otra parte, se crea un Consejo Superior que se compone con nueve miembros, de los cuales hay cinco que son externos a la Universidad, (tres representantes del Gobierno y dos profesionales destacados), que son definidos por la propia ley como agentes públicos. Este Consejo es una entidad externamente controlada por una mayoría de agentes públicos ajenos a la institución.
Esta es una intervención brutal en la autonomía. Esto se parece, como lo he dicho en otras oportunidades, a las Juntas Directivas del gobierno dictatorial, que quiso dominar completamente a las universidades ¿Y qué hizo para controlarlas? Les puso una junta directiva. ¿Y qué hizo con los Consejos Superiores o los Consejos Académicos? Los transformó en entidades consultivas, lo mismo que hace este proyecto. En buenas cuentas, se está copiando una estrategia de control que viene de un momento que todos queremos olvidar. El proyecto pudo haber dicho que las Universidades Estatales tendrán la capacidad de darse a sí mismas la estructura de gobierno que consideren más apropiadas, siempre que se cautele la representación, la participación de los distintos estamentos en una proporción tal o cual y basta. No tenían que meterse en este enredo.
El intervencionismo del proyecto ha suscitado un tremendo rechazo de parte de las universidades, particularmente de todas aquellas que avanzaron en modernizar sus estructuras internas de gestión, como es el caso de la Universidad de Chile y de otras que también han hecho avances en esta materia. Todo eso queda borrado y la idea misma de autonomía recibe una primera bofetada en el tema del gobierno institucional, pero hay más. No se puede tener autonomía sin sustentabilidad financiera asegurada. Sin ella las instituciones estatales reciben una segunda bofetada, quedando expuestas a la lógica mercantil del autofinanciamiento. La sustentabilidad es una condición para hacer efectiva la autonomía plena de la Universidad Estatal, frente al Estado y también frente al mercado.
El proyecto no resuelve para nada el tema del financiamiento. Además, se habla de un sistema de Universidades Estatales, cuya coordinación se realizará a través de una comisión que designará el Ministerio. Se habla también de un plan de fortalecimiento para las Universidades Estatales que es una cantidad de recursos que se va a aplicar por diez años y que repartido entre las universidades es una gota dentro de la sopa. Ese fondo se va a administrar también por una comisión designada por el Ministerio. Después de este trato que se sustenta en la desconfianza ¿dónde queda la capacidad de la Universidad Estatal para poder desarrollarse con todas sus velas desplegadas?
¿Cómo debería ser la relación de la Universidad Estatal con el Estado?
El Estado tiene todo el derecho de conocer cómo se están gastando sus recursos. Pero no puede ser que este tema sólo se entienda como una especie de inspectoría de cuentas. Tendría que haber una instancia donde el Estado se asocia con la universidad en términos de proyectos, tareas, grandes desafíos nacionales. Esto no es puro asunto de contabilidad, de que no haya fraude al fisco. La Universidad Estatal no puede ignorar que ella tiene una relación extraordinariamente importante con el Estado, pero el Estado la trata como si fuera un servicio público más. De hecho, el proyecto sostiene que ellas son “parte de la administración del Estado”.
El punto central es que hay una característica de la Universidad Estatal, y no solamente de ella, en cuanto sus “jefes de servicio” son elegidos y no designados (a modo de ejemplo, los decanos son jefes de servicio). Esto no calza para nada en la estructura de la administración del Estado en la cual es inconcebible que un jefe de servicio sea elegido por sus bases. En este tema el proyecto no hace ningún aporte creativo.
¿Cuál es la importancia de la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones dentro de la Universidad?
Yo la creo fundamental. A mí me parece que las cosas han ido evolucionando de una manera tal que las experiencias de participación no han significado meter un ripio en la gestión de la universidad. El discurso reaccionario de la participación como antesala inevitable de la politización, probablemente tuvo alguna pertinencia cuando las universidades eran otra cosa, eran elitistas, pequeñas, profesionalizantes, pero hoy día tenemos universidades que son masivas, de gran desarrollo, complejidad y diversidad, que están recibiendo una población estudiantil que no tiene nada que ver con la que predominaba hace unos treinta años y que cada vez más se parece al país.
Eso significa que el tema de la participación hoy tiene que abordarse frente a una realidad que es distinta, por lo tanto, me parece que en esta condición no hay otra salida para generar un sistema de gestión apropiado a esta nueva institución que abrirla a la participación. Ahora, habrá que ver, participación de cuántos, con qué mayorías, con qué quórum, esos son aspectos instrumentales, pero la idea de la participación está instalada para quedarse. Es claro que, hay asuntos que son ya estrictamente reglamentarios y pragmáticos, pero la participación es de la esencia de la universidad pública estatal hoy.