El 25 de enero de 2018, el Congreso de la República aprobó un nuevo marco jurídico para la Educación Superior: una Ley de Educación Superior que norma el conjunto del sistema, y una Ley de Universidades Estatales. Estas dos leyes regirán la educación superior en Chile en los años que vienen.
El Senado Universitario, en tanto órgano universitario superior y estratégico de la Universidad de Chile, ha venido dando seguimiento, estudiando y pronunciándose respecto de estas iniciativas legislativas desde que comenzaron hace tres años (puede consultarse en Observatorio Legislativo www.reformauniversitaria.cl y www.uchile.cl/senado)
Desde hace más de una década, la comunidad educacional, particularmente a partir del movimiento estudiantil de 2011, había puesto en primer plano la necesidad de transformar el modelo de educación superior que el país había heredado de la dictadura. Esta nueva legislación surge como respuesta a esas demandas y representa los avances y limitaciones de la educación superior en una sociedad que sigue dominada por el paradigma de la mercantilización de la educación, la cultura, las ciencias y las artes.
Valoramos algunos avances que proponen estas leyes, como la intención de ampliar la gratuidad; los progresos en la regulación del sistema; y sobre todo, el reconocimiento por ley de las universidades estatales, que a diferencia de las privadas, son instituciones con características, responsabilidades y un papel específico en la sociedad. La creación de una red nacional de universidades del Estado y de mecanismos solidarios de apoyo y fortalecimiento de las instituciones estatales son progresos importantes.
También advertimos las limitaciones de estas leyes, particularmente en la falta de reconocimiento de la educación como un derecho social, ya que no se modifican sustancialmente los mecanismos de financiamiento mercantiles que han llevado a la crisis de la educación superior que hoy forman parte de nuestra realidad; la propuesta del Estado como un ente fomentador y no garante de la educación superior estatal; la ausencia de reconocimiento de una diferencia radical entre las instituciones de la cultura y las empresas de bienes y servicios; la permanencia de la educación técnica con un papel de menor que permite, además, el lucro de estas instituciones; el no aseguramiento de la investigación y la creación como funciones esenciales, despejando el camino a las universidades docentes; la eventual atomización de la comunidad universitaria frente a la potencial existencia de distintos regímenes laborales para académicos y no académicos; y la limitación de la autonomía de las universidades estatales.
Dado el marco que estas leyes imponen, particularmente para las universidades estatales, queremos entregar sintéticamente nuestra visión respecto de ellas, con el objeto de llamar la atención de la comunidad universitaria sobre los grandes desafíos que nos esperan.
1. IMPORTANCIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL. Es muy relevante que exista una ley que reconozca a las universidades estatales como instituciones que cumplen un papel estratégico en el país, como las FFAA o el Poder Judicial, y que tienen especificidades esenciales entre las universidades chilenas. Ellas son estratégicas y, en su calidad de instituciones de investigación, creación y enseñanza pública, constituyen el pilar básico del Sistema Nacional de Educación Superior, porque responden a la visión de largo plazo que sustenta al país y que solo el Estado puede asegurar. Tienen especificidades esenciales porque aseguran condiciones de producción de conocimiento guiadas por el interés público y no condicionadas por presiones externas de corto plazo, provengan estas del mercado o de agendas particulares que no recogen la riqueza del pensamiento y la cultura de la sociedad en todos sus matices. Las universidades del Estado son el espacio de encuentro de todos los sectores sociales e ideológicos del país y sus estudiantes aprenden en ellas a convivir con ideas, culturas y costumbres diferentes. Las universidades estatales son, en este sentido, el crisol de ciudadanía y la columna vertebral de la integración y la sustentabilidad social del país. Son también expresión de un estado democrático y factor de democratización de las sociedades.
2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y RED DE UNIVERSIDADES ESTATALES. Es crucial, para aprovechar sus potencialidades, que las universidades del Estado trabajen de manera integrada y armoniosa a lo largo del país. Las universidades estatales son el espacio donde se formula una visión estratégica de cada región y del país en general. Por ello, es fundamental el fortalecimiento de una red de universidades estatales y el establecimiento de mecanismos de apoyo colaborativo de unas con otras y con los Centro de Formación Técnica regionales. Es necesario el compromiso del Estado con todas sus universidades, apoyando a las que tienen más dificultades y obstáculos y potenciando a niveles aún más altos a las más desarrolladas.
3. COMPROMISO CON EL PAÍS Y AMPLIACIÓN DE MATRÍCULAS. El sistema de universidades estatales debe ser capaz de hacerse cargo de los retos que el mundo actual plantea a la sociedad y al Estado. Hay dos dimensiones esenciales a este respecto. Por una parte, debe apoyar e incentivar la investigación en problemas estratégicos en el ámbito social, cultural y ambiental, como los relacionados con el territorio, los pueblos originarios, los desastres naturales, la salud y el envejecimiento de la población y la sustentabilidad productiva, entre otros. Por otra, las universidades del Estado deben contar con una infraestructura y un marco jurídico adecuado que permita el acceso de los jóvenes que quieran ingresar a ellas para formarse y comprometerse con su país.
4. CIUDADANÍA Y GOBIERNO UNIVERSITARIO. Las universidades estatales tienen la responsabilidad de cimentar la ciudadanía y la democracia. Esto se aprende no solo conviviendo con otros diferentes, sino también comprendiendo en la práctica lo que significan el gobierno y la construcción de comunidad. Por ello, la participación de la comunidad en diferentes niveles del gobierno de la universidad es parte sustancial del aprendizaje ciudadano en estas instituciones y es parte de su riqueza distintiva. Ello, combinado con la necesaria buena gestión, permite formar un ambiente virtuoso que combina prácticas ciudadanas con creación y producción de conocimiento.
5. INSTITUCIONALIDAD Y FINANCIAMIENTO. Las universidades del Estado son instituciones que deben ser modelos de infraestructura, gestión y condiciones laborales centradas en el quehacer académico y, al igual que otras instituciones fundamentales de la república, es necesario que cuenten con los recursos para desarrollarse. Deben ser ejemplo de espacios de buena convivencia entre quienes enseñan, aprenden, investigan y crean, quienes desarrollan las condiciones materiales para que ello suceda, y quienes trabajan en la gestión, el mantenimiento, los laboratorios, las bibliotecas y los servicios. Es en las universidades estatales donde es posible establecer prácticas que luego se replicarán en todo el país: ciudadanos con diferentes labores conviviendo y proyectando a la sociedad.
El Senado de la Universidad de Chile continuará profundizando el análisis de la nueva normativa, estudiaremos su implementación e impacto en el sistema y expresaremos la opinión de nuestra comunidad universitaria, compuesta por académicos, funcionarios no académicos y estudiantes.
Llamamos a las comunidades universitarias a informarse (www.reformauniversitaria.cl y/o www.uchile.cl/senado) y a desarrollar debates en las mismas universidades, a esforzarse para que cumplan su misión, a exigir de las autoridades del país los apoyos necesarios, y a comprometer a las comunidades a entregar lo mejor de sí por el bien público, por nuestra sociedad y por el futuro de nuestro país.
SENADO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD DE CHILE, ENERO 2018.