Chile es el país de la región con la ley de migraciones más obsoleta, junto a Paraguay. Con más de 40 años de vigencia, el Decreto Ley N°1094 rige el tránsito y permanencia de personas desde un enfoque de seguridad nacional del Estado, normativa que los últimos dos gobiernos han propuesto modificar a partir de dos proyectos que no han visto la luz: el presentado por el Sebastián Piñera el año 2013, y la iniciativa del segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, ingresado al congreso el 21 de agosto de agosto del año pasado.
Ambas iniciativas, remarcaron actores sociales, del mundo académico y de las organizaciones de migrantes, no cambiaban tal perspectiva, gestada dentro del periodo dictatorial, incumpliendo de la mano los tratados internacionales en materia de derechos, entre ellos, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Ante el fenómeno migratorio que hoy se desarrolla en Chile, cuatro académicos de la Casa de Bello, desde sus diferentes miradas y disciplinas, plantean elementos fundamentales que debiese contemplar la normativa que finalmente rija en Chile durante las próximas décadas.
Respetar los compromisos
“Esta ley tiene que respetar los compromisos que el país ya ha asumido en el marco de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Tiene que hacerse cargo de que esos tratados introducen límites a los poderes del Estado en el sentido de que no puedan desconocer determinados derechos. Eso es lo principal”, relevó la académica de la Facultad de Derecho, Liliana Galdámez.
La profesora, también integrante del equipo del Centro de Derechos Humanos, insistió en la necesidad de “asumir estos tratados como una norma obligatoria para Chile”, lo que también “implica aceptar estándares internacionales en la materia”.
Como advirtió la académica, si bien la mayoría de los tratados no le dicen a los Estados qué política migratoria deben desarrollar ya que eso forma parte del ejercicio de la soberanía de cada uno, “a partir incluso de esa libertad que el propio derecho internacional de los derechos humanos reconoce también hay unos límites. El primero es el principio de igualdad y de no discriminación”.
Otro punto que destacó la abogada es que esta futura ley “debe partir reconociendo la diversidad como un elemento que enriquece la sociedades, no como un elemento que la empobrece. Esto es probablemente lo que ha hecho grande a muchos países en Europa”.
Una sociedad intercultural
Para Lucía Stecher, directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, uno de los elementos cruciales es que la normativa debe contener “una perspectiva que garantice el derecho de la movilidad humana”, de la mano de una institucionalidad explicitada que sea garante del cumplimiento de los derechos de las personas migrantes", cumpliendo así los tratados internacionales.
Asimismo, plantea la académica, de la mano de la inserción de los migrantes en la sociedad, “se debieran desplegar políticas e institucionalidades que permitan resguardar el derecho de los migrantes, en vista de las situaciones que hemos visto, por ejemplo, en el tema de las viviendas, donde hay una vulneración de derecho. Lo que la ley debiera es el marco de exigencia de que se construyan estas institucionalidades a distintos niveles”.
Otro punto, advirtió Stecher, es cómo se plantean temas tan complejos como los discursos y representaciones, o en otras palabras, “cómo se trabaja con la población chilena y migrante para que no se caigan en los discursos racistas y xenófobos, que no sólo están en Chile", sino que se despliegan en distintos puntos del planeta, en un contexto de "fascismos que resurgen". En ese contexto, advirtió, "hay que estar super atentos, hacer mucho trabajo educativo y mostrar el carácter humano de todas las personas, más allá de la categoría de migrante, de persona racializada o de trabajador sin derecho. Destacar la común humanidad y una perspectiva de derechos".
Evitar la naturalización de los discursos
Similar opinión planteó la académica de la Facultad de Ciencias Sociales y experta en el tema, María Emilia Tijoux, relevando que la consagración de la igualdad y dignidad de las personas también "atañe al cuidado con prácticas y discursos que hoy día están proliferando. Mi temor es que se puedan naturalizar como algo normal".
La ley "debe controlar y castigar prácticas y discursos que llaman a la violencia, al odio y al maltrato contra los migrantes en razón a su origen, su género, su color de piel y su condición económica. No puede ser que ahora estamos siendo testigos de maltratos, golpes, humillaciones y de un racismo cotidiano". La nueva ley, agregó la académica, debe "evitar que se naturalicen las prácticas racistas. Por ejemplo, empequeñecerlos, suponer que la gente no tiene conocimientos, suponer que llega una cantidad inmensa de pobres, sin capitales culturales".
Otro aspecto planteado es la visibilización y respeto de la cultura de quienes llegan a Chile. Es importante "la consideración de sus orígenes, su cultura, de historia y que eso se comunique a la sociedad chilena para que no se homogenice a la migración como una sola, para que se puedan comprender las particularidades". En definitiva, "una ley migratoria moderna tendría que tomar en cuenta los aspectos culturales", y, al mismo tiempo, "hacer reconocimiento de los estudios de las personas y aprovechar la presencia de migrantes que pueden contribuir a distintos campos del conocimiento, como la medicina y la cultura".
Representaciones y comunicación
Para el subdirector del Instituto de la Comunicación e Imagen, José Miguel Labrín, hay a lo menos tres ejes que atañen a la comunicación, en relación al fenómeno migratorio que deberían ser considerados.
Uno de ellos es el derecho a la comunicación y a libertad de expresión de los y las migrantes, que “implica garantizar que los diversos colectivos cuenten con medios que le sean propios, en su idioma materno y que satisfagan las necesidades de consumo de información de y para sus territorios de procedencia”. Esto se vincula además con que “gran parte de la construcción de lo migrante está relacionado con la apropiación y acceso a las tecnologías de información y comunicación, capaces de preservar cotidianamente los vínculos sociales a distancia, lo cual es otro aspecto a considerar en un marco de derechos desde una mirada de una ciudadanía transnacional”.
Otro elemento tiene que ver con la relación de la representación de lo migrante y el derecho a cautelar su dignidad y no discriminación arbitraria. A juicio del investigador, “es importante articular el debate de la nueva ley de migración con el proyecto de ley que sanciona los discursos de odio y de violencia, que la Presidenta Bachelet ingresó al congreso. Esto implicará que el sistema de medios, en particular, en sus dimensiones más profesionales, deba generar cambios sustantivos para eliminar los estereotipos y prejuicios que produce y reproduce cotidianamente sobre las personas migrantes”.
Finalmente, planteó Labrín, la ley debería tender, en el campo de la comunicación “a garantizar mecanismos para la resolución de conflictos y la promoción de una convivencia democrática en contextos diversos. La mediación intercultural, vista como un proceso de diálogo para la construcción de un bien común es un ámbito a promover en los principales territorios urbanos de acogida de población migrante”.
La garantía del acceso a un derecho fundamental: la salud
Para la directora de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina y coordinadora del grupo de estudios en Salud y Migración de dicha unidad académica, Soledad Reyes, si bien ha habido un avance en “asegurar el acceso a la salud de la población migrante para los niños, las embarazadas y adultos mayores”, falta “ver cómo se cubre para los adultos y adolescentes. Ese es un tema que hay que ver y que en este minuto no está contemplado en la ley”.
Esto último, detalló la académica, está relacionado con “la magnitud del crecimiento de la migración y que desde el punto de vista de los derechos humanos es algo que tenemos que asegurar a la población”.