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Dirección Jurídica

Políticas de prevención del acoso y la discriminación

Funcionarios instructores realizan jornada de evaluación sobre experiencias en investigaciones y sumarios administrativos

En dependencias de la Casa Central se reunieron los integrantes del actual registro de fiscales, investigadores y actuarios en materias de acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria, en una actividad convocada por la Dirección de Igualdad de Género y por la Dirección Jurídica con el fin de abordar las dificultades presentadas en la práctica de estos procedimientos.

Fernando Molina, Director Jurídico; y Carmen Andrade, Directora de Igualdad de Género

Fernando Molina, Director Jurídico; y Carmen Andrade, Directora de Igualdad de Género

Presentación a cargo de los abogados de la Dirección Jurídica y la Dirección de Igualdad de Género

Presentación a cargo de los abogados de la Dirección Jurídica y la Dirección de Igualdad de Género

A la jornada asistieron los funcionarios instructores en materia de acoso y discriminación

A la jornada asistieron los funcionarios instructores en materia de acoso y discriminación

Fue en agosto del año 2016 cuando la Universidad decretó la creación del registro de fiscales/as, investigadores/as y actuarios/as en materia de acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria

Fue en agosto del año 2016 cuando la Universidad decretó la creación del registro de fiscales/as, investigadores/as y actuarios/as en materia de acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria

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Fue en agosto del año 2016 cuando la Universidad de Chile decretó la creación del registro de fiscales/as, investigadores/as y actuarios/as en materia de acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria. Se trata de un instrumento que agrupa a funcionarios suficientemente capacitados, tanto en los elementos conceptuales que explican el fenómeno como en la normativa procedimental aplicable, y las pautas y disposiciones reglamentarias para enfrentar estas problemáticas.

Desde entonces, la otrora Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género -actual Dirección de Igualdad de Género- y la Dirección Jurídica de la Universidad han acompañado a los integrantes de este registro a través de cursos de capacitación, jornadas informativas, y recientemente en un encuentro que evaluó las experiencias y las principales dificultades detectadas por los funcionarios instructores en relación a los procedimientos.

A modo de contexto, la Directora de Igualdad de Género, Carmen Andrade, se refirió a la instalación plena de esta temática en las agendas estudiantiles y gremiales, "porque sabemos que el problema de la violencia de género es transversal a la sociedad y no es único a la universidad. Gracias al estudio sobre acoso sexual de la oficina de igualdad de género (2016), sabemos que la proporción de mujeres afectadas (21%) duplica a la de hombres (9%), siendo las estudiantes las más perjudicadas", detalló.

"Hemos visto que los mecanismos legales, investigaciones o sumarios, pueden ser considerados ineficaces o poco conocidos, por eso esperamos que con capacitación permanente y acompañamiento a quienes asumen estas labores podamos ir dando respuesta a esta problemática", sostuvo.

Jornada de discusión y evaluación

Mediante una consulta previa a quienes participaron, se pudo ver que la principal dificultad radica en distinguir jurídicamente los casos y establecer con claridad las conductas que constituyen una situación de acoso, así como definir dónde y cómo derivar o dar acompañamiento a víctimas. De las respuestas también se desprende la necesidad de apoyo jurídico especializado en forma permanente, ya que las tareas se facilitan cuando el rol de actuario/a lo cumple un/a abogado/a, especialmente en lo referido a fases, mecanismos de notificación y plazos de investigación; en vista también de la complejidad de compatibilizar las actividades regulares con la labor de fiscal.

Otro aspecto considerado como un nudo crítico es el desequilibrio que se reconoce entre la posición del denunciante y denunciado. Sobre esto, el Director Jurídico, Fernando Molina, explicó que con la promulgación de la nueva ley de universidades estatales “se equilibran los derechos de las víctimas y los inculpados, es decir, que desde la entrada en vigencia la ley, las víctimas podrán conocer el procedimiento, presentar pruebas e impugnar las resoluciones”.

En cuanto a lo detectado mediante la comunicación permanente que ha establecido la Dirección de Igualdad de Género con las organizaciones estudiantiles en materia de género y sexualidades, la abogada de dicho organismo, Vanessa Doren, se refirió a las dificultades para denunciar que tienen las estudiantes, “principalmente por desconocimiento del protocolo de actuación por parte de las unidades locales. En ese sentido, el rol de las autoridades puede ser el de agilizar el proceso y dar a conocer las medidas que se han establecido”, comentó.

La Dirección Jurídica, por su parte, también ha observado algunos inconvenientes en la ejecución de los procedimiento. El abogado de la unidad, Juan Carlos Gimeno, se refirió a la incorrecta formulación de cargos que se ha detectado en algunos caso, “los hechos no son descritos en forma concreta y precisa, o en ocasiones se omite la formulación de cargos o la notificación a quien es inculpado. También falta aclaración sobre hechos que se tienen por acreditados o sobre cómo se han comprobado tales hechos”, explicó.

Finalmente, fruto de la discusión en la sala surgieron algunas propuestas relativas a adecuar protocolos a las necesidades de las víctimas, en vista de que "los procesos de apertura y develación del acoso y abuso sexual son largos y complejos, y los plazos de prescripción debieran adecuarse a esa realidad". También se señaló que se requiere un manual detallado de plazos y pasos a seguir, con formatos disponibles para cuestionarios, citaciones y comunicaciones. A nivel institucional, en tanto, se expresó la necesidad de una unidad especializada que lleve a cabo los procedimientos y la entrega de asistencia a denunciantes y denunciados; junto con favorecer la dedicación exclusiva mientras duren las investigaciones y también aumentar la cobertura de las jornadas de capacitación de este tipo para disponer de más personal calificado para asumir tales responsabilidades.

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