La Ley 21.094 sobre Universidades del Estado, que entró en vigencia en junio de este año, finalmente cumple con reconocer el rol y especificidades de estas instituciones, esclareciendo también su relación con el Estado y las responsabilidades de este tiene con sus casas de estudios, facilitando procesos y generando entidades de coordinación que faciliten esta relación. Sin embargo, su implementación también ha supuesto desafíos para las Universidades Estatales, que a través de sus respectivas Direcciones Jurídicas han debido adecuarse a esta nueva institucionalidad.
Fue así como se realizó una segunda reunión entre representantes de estas unidades universitarias el lunes 8 de octubre, instancia que tuvo participación de los contralores internos y de los asesores y directores jurídicos de las diferentes Universidades del Estado, espacio en el que se analizaron temas diversos que van desde la ley de compras públicas, las normas relacionadas con la elección de rectores, las contrataciones y los actos que atenten contra la dignidad de integrantes de las comunidades universitarias.
"Estamos trabajando para impulsar una red de Universidades del Estado y la idea es ir profundizando los lazos. Hay diferentes realidades en cada institución. Somos entidades que estamos en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, algunas de mayor o menor tamaño, por lo que evidentemente es muy útil que podamos encontrarnos, que podamos debatir y que podamos llegar a ciertas conclusiones para orientar nuestro accionar hacia una misma dirección, y en este contexto los diferentes abogados que trabajamos en estas instituciones también tenemos que formar nuestra propia red para ver los temas que tenemos en común", planteó el director jurídico de la Universidad de Chile, Fernando Molina.
En ese mismo sentido uno de los temas transversales en este encuentro fue el "principio de coordinación" y su importancia "en la interpretación de toda la normativa aplicable a las Universidades del Estado, y la necesidad de un cambio en la cultura jurídica que impera al interior de las universidades y al interior de los servicios públicos -si es posible-, para hacer entender que las universidades estatales son parte de la administración del Estado y tienen que actuar en forma conjunta", explicó Stephanie Donoso, asesora legal del Cuech
Un tema que es recogido por la Ley 21.094 es la tarea del Ministerio de Educación de constituir un Consejo de Coordinación de las Universidades del Estado, lo que "podría ser una instancia también de mayor articulación y operación de manera más formal entre las instituciones, ya que la idea es que siempre haya una comunicación general a nivel del Consorcio para tener una voz común respecto a entidades externas y a los temas propios de cada universidad", señaló el contralor de la Universidad de Talca, Johann Allesch.
Una coordinación de las universidades a nivel jurídico que ha sido valiosa y muchas veces necesaria, como destacó Julio Landaeta, asesor jurídico de la Universidad de La Serena, ya que "permite intercambiar opiniones y criterios respecto a cómo están funcionando las propias universidades, las Contralorías Regionales o la propia Contraloría General de la República, así que es un espacio muy interesante y enriquecedor".