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Agenda legislativa

Facultad de Derecho entregó documento al Ministerio de Justicia con observaciones al anteproyecto de Nuevo Código Penal

Tras un trabajo coordinado entre departamentos, centros, académicos y ayudantes, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile entregó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, un informe con las observaciones al anteproyecto de Nuevo Código Penal, cumpliendo con la invitación que hiciera la Secretaría de Estado el 18 de octubre pasado a 36 Facultades de Derecho del país.

Facultad de Derecho entregó documento al Ministerio de Justicia con observaciones al anteproyecto de Nuevo Código Penal.

Facultad de Derecho entregó documento al Ministerio de Justicia con observaciones al anteproyecto de Nuevo Código Penal.

Comprendiendo el sentido de su misión pública y de la necesidad de contar con un Código Penal del siglo XXI, la Facultad de Derecho de la Casa de Bello convocó a una serie de reuniones ampliadas en las que participaron académicos pertenecientes a los diferentes Departamentos y Centros, en las que pudieron expresar sus planteamientos y consideraciones acerca de distintas cuestiones referidas al texto del Anteproyecto de Código Penal.

El trabajo fue coordinado por la vicedecana de la Facultad, la profesora procesalista Renée Rivero, y consistió en un análisis sistémico e integral del texto, que consideró las valoraciones generales y específicas hechas por los departamentos de Ciencias Penales, de Derecho Público, de Derecho Procesal y de Derecho Económico de la Facultad. Este trabajo concluyó con un informe en el que se plasman los consensos y las diversas visiones individuales sostenidas por los académicos que participaron de esa revisión.

Luego, con el fin de presentar y discutir estos informes con una mirada amplia e interdisciplinaria se sumó el aporte de los centros de investigación especializados de la Facultad: el Centro de Derecho Ambiental, el Centro de Derechos Humanos, el Centro de Regulación y Competencia, el Centro de Estudios en Derecho Informático y el Centro de Estudios de la Justicia, cuyos representantes participaron en tres sesiones de trabajo conjuntas con los departamentos.

Fue así como se llegó al documento de casi 140 páginas, que contiene tanto la opinión y análisis individual de diversos académicos, como la lectura interdisciplinaria y una perspectiva sistémica de la revision del texto y sus alcances jurídicos.

Principales observaciones

El informe, entregado al ministro Larraín este jueves 29 de noviembre, valora positivamente la iniciativa y que ella incorpore la totalidad de las figuras penales que en la actualidad constan, de forma dispersa y fragmentada, en un sinnúmero de leyes especiales. Sin embargo, advierten la necesidad de que las autoridades legislativas den sistematicidad a las decisiones de política criminal, dotando a cada propuesta de un estándar mínimo de coherencia conceptual y armonía valorativa respecto de las decisiones anteriores.

En materia ambiental, tributaria e informática, se identificó la existencia de agendas legislativas, conducidas por los ministerios sectoriales correspondientes, que establecen o modifican tipos penales, en leyes especiales, con textos que pueden o no ser afines al anteproyecto del gobierno. Eso se entiende por situaciones, necesidades y urgencias muy legítimas, que los justifican y que hacen inconveniente esperar que se apruebe un Código Penal nuevo.

Por ello es que se recomienda alinear las decisiones legislativas actualmente en trámite o en condición de ser presentadas al Parlamento, con este anteproyecto, de modo que las decisiones adoptadas en un ámbito se vean reflejadas en el otro.

El informe advierte que las modificaciones en la ley implicarán necesariamente un impacto y cambios en los procedimientos, cargas de trabajo, la ejecución de las penas, sistema penitenciario y, en general, en las prácticas judiciales de los operadores del sistema procesal penal, lo que deberá tenerse en consideración por las autoridades pertinentes.

Se advierte que el anteproyecto de ley hace referencia a una normativa sobre ejecución de penas, lo que se tratará de un futuro proyecto de ley cuyo contenido aún no se conoce.

Igualmente, se identifica la conveniencia de actuar desde ya reforzando la capacidad de respuesta de los tribunales y jueces que actualmente resultan competentes para atender este tipo de asuntos: los tribunales de garantía y los de letras con competencia penal. Esto en espera de la decisión de crear una judicatura especializada.

Durante la discusión ampliada del texto surgieron cuestiones respecto de los derechos humanos, como la necesidad de consideración e incorporación de enfoque de género e interculturalidad y discapacidad, la consideración del derecho de acceso a la justicia en temas como migración, la consideración de las garantías constitucionales en la ejecución de las penas, entre otras.

El equipo que trabajó en el informe estuvo conformado por 36 académicos y académicas: el Decano Pablo Ruiz-Tagle, la Vicedecana Renée Rivero, junto a los profesores Luis Felipe Abbott, Daniel Álvarez, Agustin Barroilhet, Gonzalo Berríos, Claudia Cárdenas, Álvaro Castro, Javier Contesse, Lorena Donoso, Valentina Durán, Jesús Ezurmendía, Jorge Ferdman, María Inés Horvitz, Cristián Hurtado, Ximena Insunza, Matías Insunza, Claudia Iriarte, Rita Lages, Valentina López, Juan Pablo Mañalich, Cristián Maturana, Joaquín Morales, Enrique Navarro, Luis Ortiz Quiroga, Diego Pardow, Rafael Plaza, Patricio Rosas, Miguel Schurmann, Guillermo Silva, Pía Tavolari, Jonatan Valenzuela, Paulino Varas, Ernesto Vásquez, Myrna Villegas y Nancy Yáñez.

Junto a ellos, 15 ayudantes: Fernanda Arias, Camila Belmar, Nicolás Chacana, Clara Donoso, Magdalena Gómez, Matías Mardones, Alejandra Olave, Débora Quiero, Carolina Sepúlveda, Camila Treimún, Sofía Wilson, Constanza Witker, Ilse Wolff e Isabel Yáñez.

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