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Ecuanimidad y transversalidad de los procedimientos disciplinarios

Inicio y fallo de las investigaciones por acoso serán decisiones de autoridades del Nivel Central

Como una forma de fortalecer el funcionamiento institucional de los canales destinados al abordaje de actos atentatorios a la dignidad de integrantes de la comunidad universitaria, y dando cumplimiento a los acuerdos suscritos entre la Rectoría y la Asamblea de Mujeres de la Casa de Bello durante 2018, a contar del 1° de junio este tipo de procedimientos sumariales, en contra de cualquier funcionario(a) de la Universidad, serán iniciados por decisión de la Dirección Jurídica, debiendo designar necesariamente a fiscales de la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso, dependiente de esa misma Dirección. Por su parte, las eventuales sanciones que propongan dichos(as) fiscales serán resueltas, en primera instancia por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, uniformando así los criterios, pertinencia y plazos de estos procedimientos respecto del personal de toda la Universidad.

El próximo 1° de junio cambiará la forma de abordar  las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos respecto del estamento académico y personal de colaboración en temas de género.

El próximo 1° de junio cambiará la forma de abordar las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos respecto del estamento académico y personal de colaboración en temas de género.

El cambio implica que ahora será la Dirección Jurídica quien decidirá si iniciar o no un procedimiento sumarial, designando, en su caso, a fiscales de la unidad especializada en la materia.

El cambio implica que ahora será la Dirección Jurídica quien decidirá si iniciar o no un procedimiento sumarial, designando, en su caso, a fiscales de la unidad especializada en la materia.

Con esta modificación, todas las decisiones respecto de este tipo de hechos quedarán centralizadas, propendiendo a una mayor uniformidad, pertinencia y cumplimiento de los plazos establecidos.

Con esta modificación, todas las decisiones respecto de este tipo de hechos quedarán centralizadas, propendiendo a una mayor uniformidad, pertinencia y cumplimiento de los plazos establecidos.

Documentos adjuntos
Decreto Afecto N° 1230 - 2019

El próximo 1° de junio la forma en que institucionalmente se abordaban las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos respecto del estamento académico y personal de colaboración, ante eventuales actos atentatorios a la dignidad de integrantes de la comunidad universitaria -especialmente por acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género, acoso laboral o discriminación arbitraria-, cambiará.

Esto luego de la Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República del Decreto Afecto N°1230/2019 de la Universidad de Chile, que establece una nueva delegación de atribuciones en este ámbito, centralizando todas aquellas referidas a casos de acoso y discriminación, asuntos que ya no se resolverán por las autoridades de las unidades académicas. Así, será la Dirección Jurídica quien decidirá si iniciar o no un procedimiento sumarial, designando -en su caso-, a fiscales de la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria.

A esto se suma que las eventuales sanciones que propongan los (as) fiscales serán resueltas, en primera instancia, por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, sin perjuicio del recurso de apelación ante Rectoría. Con este cambio, todas las decisiones respecto de este tipo de hechos quedarán centralizadas, propendiendo a una mayor uniformidad, pertinencia y cumplimiento de los plazos establecidos.

De esta forma se da cumplimiento a uno de los puntos del acuerdo suscrito por el plantel con la Asamblea de Mujeres en el marco de las movilizaciones feministas del 2018, particularmente el punto referido a “Órganos y Reglamentos – Sobre la institucionalidad de Género” que planteaba la creación de “una unidad central, autónoma de las facultades, institutos y programas en el ejercicio de sus funciones”, como es la recientemente creada Fiscalía.

Para la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade, este avance cambia completamente el escenario actual, dado que estos procedimientos, como explicó, “se desarrollaban en las facultades donde se constituían comisiones ad hoc con actuarias y actuarios”. Allí, detalló la directora, “nos encontrábamos con que eran personas no especialistas y que además, en general, los sumarios se sumaban a su ya recargada agenda de trabajo, entonces esto hacía obviamente que se alargaran mucho más que el tiempo indicado, o que se cometieran errores en la formulación de los cargos”.

Es por ello, y en acuerdo con el movimiento feminista, se impulsó la creación de “una unidad central conformada por abogadas especializadas en materia de género y violencia”, la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria, organismo que cuenta con una abogada coordinadora del organismo, Catalina Lagos; y Ximena Valencia, especialista en Derecho Laboral y Género, junto a personal de apoyo administrativo.

Como detalló la directora de Igualdad de Género, esto representa “un cambio significativo porque ya no van a ser los decanos los que deciden si hay o no investigación. Esto va a ir directamente a la Dirección Jurídica, la cual instruye el procedimiento y le traslada los antecedentes al organismo especializado, el cual está encargado de investigar y de proponer sanciones”.

Para el director Jurídico de la Universidad de Chile, Fernando Molina, este cambio deviene de un proceso donde “se generó un gran consenso en la comunidad respecto de la necesidad de uniformar criterios en el tratamiento de las denuncias”. En este contexto, esta modificación, explicó Molina, “permite avanzar en que exista un estándar común, para toda la Universidad, al momento de decidir respecto de las denuncias por acoso, en particular, si se ordena o no una investigación y si finalmente se aplica o no una sanción”.

Hasta antes de este cambio, contextualizó el director Jurídico, la atribución de ordenar sumarios o investigaciones sumarias “estaba radicada en diversas autoridades universitarias, cada una con una particular mirada respecto de la realidad del acoso. Además, la proximidad con las partes involucradas en el conflicto tenía siempre el riesgo de interferir en la ecuanimidad que se requiere para decidir si iniciar o no investigación y, luego de concluida, si se aplica o no una sanción administrativa”. Es por ello que, con esta decisión, evaluó, “hemos dado pasos transcendentales que reafirman la voluntad de la Universidad de responder en forma oportuna y decidida ante este tipo de hechos, tan complejos y dolorosos para los integrantes de la comunidad”.

Para Fabiola Divin, directora de Recursos Humanos de la Casa de Bello, esto representa un avance en “la protección de los derechos laborales de nuestro personal de colaboración, de académicas y académicos”. Esto porque “el acoso sexual, y en particular el acoso laboral son conductas y agresiones que requieren de un tratamiento especializado y experto, donde la oportunidad e integralidad son fundamentales, siendo esta Fiscalía el ente llamado a abordarlas”. Como prosiguió Divin, este cambio “es también un hito para el resto de las Universidades en materia de protección de los derechos laborales”.

“Esta gran iniciativa, pone de manifiesto la visión y convicción de nuestras autoridades, de promover y desarrollar buenas prácticas laborales en nuestra comunidad universitaria”, concluyó la directora de Recursos Humanos.

Desde el estamento funcionario, el presidente de la Asociación de Funcionarios de la U. de Chile (AFUCh) Servicios Centrales, Felipe Ramírez, la centralización "permite sin duda darle mayor seriedad a este tipo de investigaciones, ante los que las y los funcionarios de la Universidad muchas veces se encuentran relativamente abandonados a su suerte: sin información ni conocimiento sobre los procedimientos o plazos, y con muchas dudas sobre las personas a cargo de ellas".

En definitiva, agregó Ramírez, este paso "permite que estas prácticas comiencen a ser erradicadas de la institución porque ya no serán manejadas como problemas locales, y le entrega mayor confianza y certeza a las víctimas de que los hechos denunciados serán investigados con seriedad".

En paralelo, prontamente se procederá a la centralización de los procedimientos ante denuncias de acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género o discriminación arbitraria en contra de estudiantes de la Universidad, a partir de la propuesta de un nuevo Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria de los Estudiantes, elaborada por un Grupo de Trabajo integrado por autoridades y representantes de la comunidad, que viene trabajando desde el 2017. Dicha propuesta será presentada, dentro de las próximas semanas, a los órganos superiores de la Universidad.

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