Apoyamos las declaraciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que constató en las zonas fronterizas de Colchane y Chacalluta que la exigencia de visa consular para ingresar en condición de turista -que partió a fines de junio- se empezó a aplicar retroactivamente a las personas que se encontraban días antes de esa fecha en la zona del complejo de Chacalluta. Asimismo, a quienes piden asilo se les ha negado en frontera el derecho a iniciar el proceso.
Sin embargo, para obtener la visa consular que permite ingresar en condición de turista, los adultos requieren un certificado de antecedentes penales y un pasaporte donde venga estampado el Visto Consular de Turismo, documento que actualmente es difícil de conseguir en Venezuela debido a su alto costo. Antes de la fecha en que comenzara a exigirse la visa consular, los ciudadanos venezolanos podían entrar en condición de turistas, presentándose en la frontera sólo con su cédula de identidad, junto con acreditar –si así lo solicitaba la policía- los medios económicos suficientes para permanecer en Chile.
Lo anterior ha derivado en una crisis humanitaria que ha afectado a familias completas –muchas de ellas compuestas por niñas, niñas, personas discapacitadas y adultos mayores, - que han debido dormir a la intemperie sin recibir ayuda del Estado chileno, sobreviviendo gracias a la solidaridad de ciudadanos peruanos y chilenos. Asimismo, el gobierno chileno ha determinado que quienes buscan refugio o ingresar como turista, deben ser trasladados al consulado chileno en Tacna para tramitar sus visados, lo que puede tardar meses si se cumple con los nuevos requisitos exigidos por la autoridad. La situación se agrava porque, en el intertanto, cientos de personas quedan expuestas a mafias que trafican personas y se ven vulneradas en su derecho a migrar y solicitar refugio.
Condenamos, por tanto, el trato que se ha dado en Chacalluta y Colchane a quienes buscan refugio en Chile desde Venezuela y el incumplimiento de la Ley 20.430 de refugio, normativa que plantea, de acuerdo a estándares internacionales, que si una persona solicita refugio en frontera, la autoridad migratoria debe acoger ese requerimiento, tramitarlo y resolverlo en la Subsecretaría del Ministerio del Interior.
Exigimos al gobierno que cumpla sus compromisos adquiridos por el Estado chileno en el sistema internacional al mismo tiempo que exigimos que reconozca que como país estamos ante una crisis humanitaria que se ha generado luego de que el Ejecutivo abriera las expectativas respecto de asilo y refugio a los ciudadanos venezolanos que han visto en Chile una puerta para escapar de la situación de urgencia se vive en Venezuela.
CATEDRA DE RACISMOS Y MIGRACIONES CONTEMPORANEAS, Y CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS DE LA VICERRECTORIA DE EXTENSION Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Santiago, 8 de julio de 2019