Chile afronta una de sus mayores y más persistentes batallas en salud en su historia hasta el momento: la obesidad infantil. Si bien desde la implementación de la ley N°20.606 (2016) de etiquetado, venta y entrega de alimentos en establecimientos educacionales y regulaciones de la publicidad dirigida a menores, se han hecho muchos avances en esta materia, aún quedan numerosos desafíos. Según el mapa nutricional de JUNAEB 2022 uno de cada tres niños presenta obesidad, por lo que es hora de considerar la verdadera efectividad de estas políticas públicas a casi una década de su implementación, pero con un enfoque sustancialmente distinto, ya que esta columna no está escrita por un periodista o académico, sino por la mirada de un afectado, un actor pasivo, un estudiante y consumidor.
Mi nombre es Tomás, soy estudiante de enseñanza media de la comuna de Puente Alto, y hoy relatare mi realidad, la realidad que considero, también viven un sinnúmero de escolares en sus establecimientos educacionales.
Desde que tengo memoria he estado en un establecimiento con un kiosco escolar, al que todo el colegio concurre para comprar alimentos. El año 2016 presencié un cambio significativo; durante una semana, el kiosco escolar de mi establecimiento se cerró por completo. Al comienzo estaba extrañado por la situación, hasta que descubrí que se debía a una fiscalización por parte del Seremi de Salud a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 20.606. Los fiscalizadores entraron, vieron nuestro kiosco, y, sin más cuestionamientos, indicaron cerrarlo y se fueron. Días después de este episodio el kiosco reabre y todo vuelve a la “normalidad” previa. Hasta el 2020, última vez que estuve en ese colegio, este escenario se mantuvo sin mayor novedad.
Esta situación no es excepcional, es una “normalidad” que me arriesgaría a decir, ocurre en una gran cantidad de colegios de Chile, y también en el colegio al que me traslade durante pandemia, el que no sólo tiene un kiosco sino además una cafetería, en los cuales se venden alimentos no permitidos por la Ley 20.606.
Me pregunto; ¿Qué está fallando? y por sobre todo ¿Quién tiene la culpa?
Entiendo que es imposible hacer una fiscalización exhaustiva cada año a cada establecimiento y menos aún evitar que al día siguiente de esa fiscalización, todo vuelva a la “normalidad”, pero también comprendo que las autoridades y la sociedad ponen su confianza en las comunidades escolares para que la Ley se cumpla, entre otras cosas, porque va en beneficio de la salud y bienestar de los y las niños, niñas y adolescentes que allí estudian.
La alimentación, especialmente cuando hablamos de niños y niñas, está muy condicionada por factores como la familia, modos de vida, entornos y condiciones socioeconómicas, por lo que, un espacio como la escuela debería ser un lugar seguro, donde la disponibilidad y acceso a los alimentos saludables debería estar garantizada.
¿Pero qué es lo que pasa entonces en los establecimientos educacionales? Quizás las ganancias del kiosco escolar pesan más en la balanza. Al fin y al cabo, este espacio financia salidas pedagógicas, graduaciones, giras de estudio, convivencias, y otras muchas actividades. Estamos frente a un conflicto de interés entonces. Las comunidades escolares se debaten entre el cumplimiento de la Ley, la denuncia, el control y este financiamiento. Algo de esto aborda el Dr. Fernando Vio del Río, Profesor Titular INTA de la Universidad de Chile, en una entrevista donde menciona que el simple hecho de que los padres le den dinero a sus hijos para gastar en golosinas constituye un buen negocio para quien vende, pero también para el colegio, que recibe un arriendo que constituye la “caja chica” del establecimiento o incluso un negocio con fines de lucro. El mismo Dr. Vio vincula el origen de los kioscos escolares a una subida de ingresos en los 90’ proponiendo eliminar los kioscos como medida ideal para mejorar la alimentación y educar en cambio de hábitos en las escuelas, lo que requeriría de una decisión ministerial (educación) que incluyera financiar gastos menores en las escuelas y controlar el mercado negro de snacks que podría producirse.
Sin duda es necesario fiscalizar más, pero también comprometer a las comunidades escolares al cumplimiento de la Ley con el fin de proteger a niños, niñas y adolescentes de un ambiente obesogénico en establecimientos educacionales. Es necesario favorecer la disponibilidad, acceso (físico y económico) y el consumo de alimentos saludables especialmente en las escuelas, cosa que se intentó lograr con los kioscos saludables, pero, aparentemente sin éxito.
Se comprende que la política pública es un trabajo que da frutos a largo plazo, pero creo firmemente que no estamos avanzando en la dirección correcta bajo ningún motivo. Mi intención es visibilizar una situación que parece no queremos ni tampoco podemos visualizar. La salud de niños, niñas y adolescentes no puede esperar, por lo que hago un llamado, no sólo a las autoridades y a las comunidades escolares, sino al propio cuerpo estudiantil a tomar acción, a no permanecer inmóviles y demandar medidas concretas para regularizar esta situación, protegernos y exigir que se respeten nuestros derechos vulnerados por la falta de fiscalización y la negligencia de quienes tienen la responsabilidad de velar por nuestro bienestar.