En este ámbito universitario, este Senado ha presentado el documento Bases para una Propuesta de Institucionalidad del Sistema Universitario en el cual se abordan los temas de institucionalidad, instrumentos de financiamiento, fiscalización, acreditación, lucro y acceso. En todo ello el núcleo esencial es la diferenciación entre universidades públicas (o estatales) y privadas, las cuales no sólo se diferencian por su propiedad, sino por la distinta misión y función que cumplen. Las universidades estatales son aquellas que pertenecen a toda la comunidad nacional, garantizando el derecho a la educación superior de calidad, en principio gratuita, y cumpliendo una misión estrictamente pública en sus actividades. Por otra parte, las universidades privadas tienen un propietario particular y pueden combinar en distintas formas y medidas objetivos particulares y objetivos de bien público.
Resulta preocupante para este Senado que en ciertas propuestas no se haga la clara distinción entre universidades privadas y estatales y se proponga que los nuevos aportes basales sean indiferenciados para todas las del Consejo de Rectores e incluso algunos las extiendan a otras privadas. Con esto se estaría dando un giro completo al sentido más esencial de nuestra visión de educación superior, la que postula la defensa de la educación pública, abandonada por décadas y condenada a su privatización por la vía del autofinanciamiento, a una reiteración de su homologación con la educación privada guiándose por las reglas de la competencia del mercado y no por la lógica del servicio público.
En consecuencia, llamamos a los universitarios y actores políticos a reconocer la diferencia fundamental entre instituciones privadas y estatales, lo cual es una condición ineludible en la defensa de la educación pública superior. Sin una verdadera educación pública, que sea el eje central que articule todo el sistema de educación, no lograremos las condiciones de equidad, calidad e inclusión por las que clama la sociedad.
SENADO UNIVERSITARIO
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