A PESAR de los esfuerzos realizados y del entusiasmo con que algunos interpretan las cifras alcanzadas, lo cierto es que la calidad de la educación en Chile sigue siendo mediocre, y la inequidad y desigualdad, intolerables.
Chile necesita un cambio radical en sus políticas educacionales si quiere superar este lamentable y sabido diagnóstico. Y ello significa entender, al igual que lo hicieron países exitosos en lo educacional -como Finlandia, Singapur o Australia- que una educación de calidad y equitativa sólo se logra cuando la formación inicial de los profesores y profesoras se realiza según los más altos estándares de calidad, en universidades que son reconocidas por la excelencia de la investigación que realizan no sólo en educación, sino que en las demás disciplinas que enseñarán los futuros educadores, y en que existen políticas públicas que estimulan a los jóvenes más talentosos y con vocación a abrazar la actividad docente; políticas públicas que además valoran social y materialmente el ejercicio de la profesión docente, que respetan en su dignidad a los profesores y profesoras, y que confían en ellos.
Ante esta urgencia de cambio, invitamos al Estado de Chile, y al actual y futuro gobierno, a dar un giro audaz en las políticas públicas educacionales e instalar en el país una nueva iniciativa Bicentenario exclusivamente para educación, de una envergadura financiera, de una ambición académica, y de un compromiso nacional tales, que sea capaz de impactar y remecer, como un terremoto grado 10, en la raíz del eje central y de mayor vinculación con el desafío de mejorar lo antes posible la calidad y equidad de nuestra educación: la formación y perfeccionamiento de educadores y pedagogos en todos los niveles educacionales, y el desarrollo de investigación y creación multidisciplinaria en educación, según los más altos estándares internacionales.
A través de un fondo de 500 millones de dólares en 10 años se pueden financiar propuestas de cinco universidades -al menos tres de ellas estatales-, distribuidas en todo el territorio, y que se comprometan institucionalmente a través de sus facultades de Educación, a colocar la formación de profesores y la investigación en educación en el centro de su quehacer académico, involucrando a su vez a todas sus otras facultades y departamentos disciplinarios en esta tarea, desarrollando núcleos y proyectos de investigación compartidos, potenciando y coordinando esfuerzos formativos conjuntos así como el fortalecimiento de competencias didácticas en los departamentos disciplinarios respectivos, propiciando que académicos de diferentes disciplinas y unidades sean parte fundamental de programas de formación docente inicial y continua.
Estas universidades deben asumir el compromiso de que sus facultades de Educación sean capaces, en ese período, de transformarse en centros de reconocida excelencia internacional en su disciplina. El Estado, las universidades y estas cinco facultades de Educación, debieran concordar metas concretas de desarrollo y productividad académica, así como de evaluación del avance en cada proyecto.
Estas facultades debieran convertirse en los nodos articuladores de una Red Nacional de Facultades de Educación con la tarea de mejorar sustantivamente, en todo el país, la formación docente en todos sus niveles y el desarrollo académico del área. Ellas deben comprometerse a desarrollar proyectos que impliquen: i) inversiones en infraestructura y laboratorios de última generación; ii) concursos internacionales y nacionales para traer, en los próximos cinco años, al menos 200 académicos con doctorado y experiencia relevante en el aula escolar; iii) alianzas estratégicas con facultades de Educación de prestigio mundial; iv) creación de una red de establecimientos escolares y jardines infantiles en cada proyecto, con asiento principal en sectores sociales vulnerables, y que contemplen la existencia de centros de creación y experimentación de recursos didácticos, con programas de alta calidad para el desarrollo profesional docente y liderazgo educativo y pedagógico, dirigidos a profesores y profesoras, y a directivos en ejercicio; v) creación de centros multidisciplinarios de investigación y experimentación en educación, con especial foco en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, inclusión social, multiculturalidad, equidad de género; vi) desarrollar plataformas virtuales y presenciales que pongan a disposición de todos los educadores del país los desarrollos logrados.
La Universidad de Chile quiere ser parte activa de un gran esfuerzo nacional por mejorar la calidad y equidad de nuestra educación, sacando a la educación pública del nivel paupérrimo y segregado al que se la ha querido condenar por años. Por esas razones, estamos desarrollando un proyecto institucional de educación y hemos propuesto la creación de una Facultad de Educación integrada y transversal que le otorgue a la Educación un lugar definido, prioritario y consolidado en nuestra estructura académica; un lugar desde el cual reconstruir el liderazgo académico en este campo disciplinar, algo que el país espera de su principal universidad.
Invitamos a las candidatas y candidatos a la presidencia y al Congreso, así como a los actores sociales y políticos, a hacer de la formación inicial de profesores y profesoras de excelencia un objetivo de la máxima prioridad nacional. Y a concordar un pacto para hacernos cargo del bien común más preciado: nuestra convivencia y futuro juntos en este país que es nuestro y que es también de todos aquellos que sufren a diario las injusticias de un sistema educacional que hasta ahora, mayoritariamente, no confía en sus profesores, no confía en el derecho y en la capacidad de cada niño y niña a aprender y desarrollar todas sus potencialidades, y que ha mercantilizado y segregado la calidad de su educación, restringiendo a niveles intolerables la diversidad y la convivencia social.
Víctor Pérez Vera
Rector de la U. de Chile