Un nuevo trato con el estado para preservar el carácter y calidad de las universidades públicas
• La identidad de las universidades públicas está ligada a los valores de la equidad, la justicia social, la generosidad y productividad social del conocimiento...
• Un gasto público demasiado bajo, como ocurre en Chile, no permite crear espacios públicos de calidad.
• Una tarea fundamental que enfrenta el país es la generación de las bases culturales que den consistencia social a su desarrollo.
• Que la Universidad de Chile debe ser preservada en su papel de principal universidad del Estado y del país.
Un desafío fundamental que enfrentan hoy las universidades públicas, como la nuestra, es concordar un nuevo trato con el Estado; es vital para preservar el carácter público de nuestras instituciones y para asegurar en ellas los niveles de calidad que ese carácter exige. Seguir ignorándolo sólo generará mayores tensiones en nuestras comunidades universitarias, que no están dispuestas a renunciar a un carácter y a un nivel que les identifica y da sentido.
La universidad: un espacio público de calidad
La identidad de las universidades públicas está ligada a los valores de la equidad, la justicia social, la generosidad y productividad social del conocimiento, el servicio al país, el pluralismo, la transversalidad, la igualdad de oportunidades, los cuales deben vivirse en espacios de calidad.
Uno de los valores profundos de la Universidad de Chile está en el hecho de que cuando aquí construimos calidad, estamos construyendo equidad. Cuando nuestra docencia se hace bien y alcanza un alto nivel de calidad, esa calidad se distribuye entre estudiantes de diversos orígenes. En una institución orientada a estudiantes de mayor riqueza, en cambio, la calidad tiene un efecto secundario quizá no deseado, que es el de hacer más grande la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos.
Las universidades públicas debemos ser un espacio público de calidad. Las universidades públicas existen en el mundo desarrollado, y prosperan, y cuentan con el apoyo de la sociedad y de los gobiernos, no sólo por su tradición, su tamaño o su complejidad. También están allí porque constituyen una garantía de equidad, de transversalidad, de cohesión social e independencia intelectual.
Hay calidades que por cierto exigen recursos. El debate nacional sobre calidad en la educación tiene que ver, entre otras cosas, con los recursos. Un gasto público demasiado bajo, como ocurre en Chile, no permite crear espacios públicos de calidad. Las cifras son contundentes en educación superior: nuestro sistema público de universidades recibe comparativamente muchísimos menos recursos fiscales que el de los Estados Unidos o que el de cualquier país desarrollado. El 10% de los ingresos brutos de Codelco debe dejar de ir a financiar a las fuerzas armadas, debe ir en parte importante a financiar las mejoras en la calidad de las universidades públicas.
Necesidad de un nuevo trato
El establecimiento de este nuevo trato entre el Estado y sus universidades es imperioso. Por una parte, por los elementos heredados que condicionan el escenario actual, en los cuales se reflejan las secuelas de los graves daños que le fueran infligidos, por ejemplo, a la Universidad de Chile por la intervención dictatorial. Por otra, por la permanente necesidad de garantizar los espacios públicos para la libre creación y transmisión del conocimiento.
Un primer hecho de esa intervención es la separación de las sedes regionales sin que ello respondiera a un proyecto propiamente académico, lo que dañó severamente el sistema público de enseñanza superior y cuya necesidad se percibe hoy con toda evidencia. No hay que olvidar que este hecho se debió a una política de Estado por acallar a la comunidad de la Universidad de Chile, generándole, a ese mismo Estado, una "deuda histórica" para con nuestra institución. Es una deuda de dos caras, la económica y la política, ninguna de las cuales ha sido resuelta después del retorno de la democracia. La primera se mantiene impaga como una pesada carga económica que ha postergado permanentemente iniciativas de desarrollo y de inversión académica en esta institución. La deuda política es más profunda y se refiere al intento de la intervención de restarle toda relevancia a la Universidad de Chile y a su capacidad de pensar el país desde un espacio de libertad, y que buscó acallar su voz por la triste vía de exonerar y amedrentar a muchos académicos y de entrabar y entorpecer su desarrollo institucional. Si hoy día la Universidad de Chile muestra los mejores indicadores de productividad académica del país, a pesar de haber sido objeto de una sostenida política de Estado en su contra, ello se debe exclusivamente a la fortaleza, generosidad y sacrificios de su comunidad universitaria, hecho que no desliga al Estado, por razones éticas, políticas y valorativas, de tener que cumplir su deuda económica y política para con nuestra institución.
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| "Si hoy día la Universidad de Chile muestra los mejores indicadores de productividad académica del país, a pesar de haber sido objeto de una sostenida política de Estado en su contra, ello se debe exclusivamente a la fortaleza, generosidad y sacrificios de su comunidad universitaria", expresó el Rector. |
Un segundo hecho es el cercenamiento de las áreas de educación, que pasaron a constituir universidades independientes, las cuales han debido enfrentar problemas crónicos para alcanzar la necesaria calidad académica, provocando con ello serios impactos en la educación en general, pero con mayor daño en la que el Estado debe proveer.
Un tercer hecho es la drástica reducción de los cuerpos académicos en las áreas de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y en los imprescindibles aportes que éstas requieren para asegurar sus capacidades de desarrollo, produciendo un profundo desnivel comparativo en su labor académica respecto de otras áreas y, por ende, un severo impacto en la sociedad misma. En nuestro caso, estos efectos han sido graves y nos han llevado a plantear, como proyecto país, la revitalización de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y la constitución del Campus Juan Gómez Millas en un campus modelo en su tipo en el país. ¿Qué buscamos con ésto?
Una tarea fundamental que enfrenta el país es la generación de las bases culturales que den consistencia social a su desarrollo. Hemos asistido en todo este tiempo a la expresión, muchas veces inorgánica y hasta violenta, de inquietudes y demandas provenientes de sectores diversos y amplios de la población. Al margen de todas las consideraciones que estas manifestaciones merezcan o exijan, no podemos desconocer que a través de ellas se trasunta una condición de la vida social del país que es imprescindible abordar. Hemos asistido también a la evidencia de que los diseños y las soluciones exclusivamente técnicas, sin la adecuada consideración de los múltiples factores del contexto, tanto en lo que atañe a las condiciones estructurales al interior de las cuales se inscriben esos diseños, como a las variables del comportamiento social, están con toda seguridad condenados al fracaso.
Este país ha sufrido grandes transformaciones, los cambios se han infiltrado hasta en las fibras más delicadas del tejido social, y ocurre que sabemos muy poco acerca de ello. No debiera sorprendernos que, en general, tengamos tan poca capacidad para comprender o predecir conductas en el plano social, si no estamos prestando suficiente atención a los saberes que nos permiten, no sólo conocer e interpretar, sino también intervenir y modelar. La violencia acusa inequidades flagrantes, y también acusa falta de sentido, y por eso mismo expresa una demanda de sentido, que no estamos satisfaciendo. Es imprescindible que, junto con fomentar una mirada lúcida y crítica en el devenir de nuestra sociedad, podamos contribuir, desde los núcleos vivos de los saberes y disciplinas que se agrupan en las áreas de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales, a la configuración simbólica de la existencia individual y colectiva y a la apertura de sus horizontes históricos.
Los daños de la intervención y sus secuelas, que no han sido propiamente abordados desde una perspectiva de Estado y de país, no han sido perjuicios que afectaran sólo a esta institución, y, en general, al aparato público de enseñanza superior: afectan al país. Basta pensar en la merma de la capacidad de la Universidad de Chile y de las universidades estatales para favorecer la movilidad social y formar cuadros académicos y profesionales de primer nivel en los que se expresen, sobre la exclusiva base del mérito, las diversidades de distinto tipo -socioeconómicas, de género, de etnia, de creencia- que conforman a nuestra sociedad.
Elementos de un nuevo trato
El marco en el cual proponemos ese nuevo trato entre las universidades estatales y el Estado supone los siguientes elementos: a) Que el Estado reconozca la necesidad de seguir contando con el aporte de sus universidades, con el propósito de garantizar valores de pluralismo, diversidad, independencia, calidad y equidad en la formación superior, en la investigación, la creación y la extensión. b) Que la Universidad de Chile debe ser preservada en su papel de principal universidad del Estado y del país, atendiendo a su tradición, su capacidad académica instalada, su riqueza epistemológica, su diversidad social y su compromiso con los principios democráticos, por el volumen y la calidad de sus actividades, por su vocación nacional y por su independencia respecto de intereses sectoriales y particulares. c) Que en razón de estas mismas características esenciales y de su capacidad, la Universidad de Chile debe contribuir al desarrollo conjunto de todo el sistema universitario estatal a través de fórmulas cooperativas en sus diversas actividades y en sus tareas de servicio a las necesidades del país.
Sobre estas bases el nuevo trato tendrá que definir, con el debido resguardo a la autonomía universitaria, los compromisos que tanto el Estado como la Universidad de Chile asumen para hacer posible que ésta mantenga su identidad pública, acreciente sus aportes a la sociedad y se proyecte como una universidad de primer nivel internacional por su calidad.
Entendemos que este nuevo trato es necesario para el Estado, porque requiere consolidar un modelo de universidad estatal exitoso y estable, que sea coherente con las necesidades de desarrollo, de democratización y de construcción de ciudadanía del país, y que supere definitivamente las dificultades que se presentan tan recurrentemente en otras instituciones estatales de educación en países latinoamericanos. Y también es necesario para la Universidad de Chile, porque le permitirá proyectar su quehacer hacia otras responsabilidades mayores, con mayor autonomía respecto de la contingencia y con incidencia en el ámbito internacional, todo lo cual requiere condiciones de adecuada sustentabilidad en el largo plazo.
No estamos reivindicando una prerrogativa arbitraria de la Universidad de Chile, y tampoco estamos reclamando una exclusividad. A la vez que afianzados en un principio de autonomía que tiene su principal expresión en nuestra nueva forma de gobierno interno, nos entendemos insertos en un sistema a cuya construcción queremos contribuir decididamente. En ese sistema las relaciones con las demás universidades del Estado son fundamentales, porque atienden a la responsabilidad que éste tiene de suministrar condiciones de formación superior con calidad asegurada a lo largo del país.
Pero debe quedar claro que tampoco estamos reclamando una afluencia de recursos y un establecimiento de disposiciones favorables sólo para mantener nuestros estándares, que sabemos requieren mejoramientos profundos en muchas áreas y aspectos. Lo que buscamos es generar un modelo sustentable de universidad pública, que aporte decisivamente al aseguramiento de la calidad de nuestro sistema universitario y a las necesidades del país con el más alto nivel de rendimiento cultural, científico y tecnológico.
Pero, en todo caso, y sin perjuicio de los fondos concursables que ha generado el Estado, consideramos indispensable el incremento de los recursos basales que aseguren una plataforma de desarrollo sostenido en correspondencia con el logro de ese modelo. A ese incremento deberá responder la Universidad de Chile y las demás universidades del sistema estatal con un esquema transparente y periódico de rendición de cuentas sometido a criterios y estándares de la más alta exigencia académica y científica.
La Universidad de Chile reitera hoy, con plena fidelidad a su tradición y vocación, su carácter público, y el compromiso con su resguardo. Éste es también el sentido que tiene el nuevo trato con el Estado que ella demanda, en el convencimiento de que la educación es un bien público y que lo es en el grado más eminente. Le asignamos a la educación una índole irrenunciable de patrimonio y de capital de identidad, en la medida en que debe suministrar los elementos constitutivos de ciudadanía y expandir las bases de la democracia en nuestro país.
Atrevámonos a hacer algo dramáticamente distinto, innovemos creativamente y volvamos, como país, a nuestras raíces republicanas, y brindemos a todos los jóvenes de nuestra nación en conformidad con su mérito, y sobre todo a los más pobres, la oportunidad de acceder a una educación pública de calidad.
Víctor Pérez Vera, Rector Universidad de Chile