Hasta el Instituto de Derechos Humanos llegaron este martes 31 de mayo distintos representantes de la U. de Chile para reunirse con el equipo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas citas se enmarcan luego de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado propusiera ampliar el plazo de reserva de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de 40 a 90 días y endurecer las sanciones en caso de que éstas se filtren a la prensa, que se aprobara la Ley Corta Antidelincuencia y tras la reciente polémica por la querella de la Presidenta de la República a un medio de comunicación.
Desde la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (CDH), del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) y desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), llegaron quienes representaron a sus respectivas unidades a esta cita con Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión, quien visitó nuestro país en misión oficial luego de 13 años.
El ejercicio del periodismo crítico, el pluralismo en los medios de comunicación, la protesta social y la transparencia y acceso a la información pública, fueron algunos de los temas centrales de las reuniones que el relator sostuvo en Santiago.
La Cátedra de Derechos Humanos, representada por su coordinador académico, Claudio Nash expuso el caso de la solicitud de acceso a la información realizada por la periodista Catalina Gaete –quien también asistió a esta cita-, en el que pidió las copias de las actas de 1989 a la fecha del Consejo de Seguridad Nacional al Estado Mayor Conjunto, órgano que agrupa a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y que tiene dependencia del Ministerio Defensa.
La periodista explicó cómo luego de tener respuesta positiva ante esa solicitud y tras entrar a trabajar al equipo de comunicaciones de ese ministerio, le pidieron recibir el material y eliminarlo para conservar el trabajo.
“Nos pareció interesante traer este caso hasta acá porque hay en juego un par de cosas que tienen que ver con el acceso a la información, pero también tienen que ver con la preocupación de cómo está Chile construyendo su memoria histórica. Nos preocupa puntualmente que acá, una vez que el Consejo para la Transparencia resolvió que se acceda a aquella información y que el propio Consejo de Seguridad calificó que no constituye ningún riesgo para la seguridad", igualmente se haya limitado su acceso.
El profesor Laureano Checa, director de la Escuela de Periodismo, se refirió también al caso de esta solicitud de acceso a la información pública, relacionándola con la normativa vigente en esta materia, en la cual “habíamos dejado claro lo que era secreto y reservado, sin embargo hay una muy poca claridad respecto a qué es lo que podemos entender por seguridad nacional y nuevamente queda a discreción de algunos actores”.
Desde el CDH, la profesora Lea Sarles Newfarmer se refirió a cómo en Chile existe “una visión de la reivindicación de los derechos a la protesta como una amenaza a la seguridad y el orden público”. Se refirió también a los altos niveles de violencia policial, la desproporcionalidad de las agresionesy la discriminación que hay en el contexto de las manifestaciones, previo, en el momento y posterior a éstas.
“El hecho de que no hay mayor acción y compromiso con la libertad de expresión se refleja mucho en la falta de acciones después de que estos incidentes ocurren. En vez de tomarlo como eje central que la libertad de expresión es un derecho fundamental, se politiza”, dijo la académica de la Facultad de Derecho.
La voz de los estudiantes
Desde la FECh, René Crisóstomo se refirió a la visión de cómo han vivido los estudiantes el derecho a la protesta social, situación que hoy está marcada por la Ley Corta Antidelincuencia ya que ahora “se permite el control preventivo de identidad, que si bien tiene algunas limitaciones, siempre es el carabinero quien pone el criterio para detener o no una persona”.
Asimismo, explicó al equipo de la Relatoría algunas medidas que está tomando la Federación, como es el “Escudo FECh”, que incluirá “un área de primeros auxilios donde compañeros del área de la salud puedan atender en caso de emergencia durante nuestras manifestaciones”. También contará con la formación dee estudiantes para el trabajo de observación de Derechos Humanos en conjunto a otras organizaciones; además de un área de informática para crear una aplicación en donde se pueda ver y monitorear el recorrido de las manifestaciones.
Participaron también en este encuentro los profesores del ICEI Raúl Rodríguez y Patricia Peña, en representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y del programa Libertad de Expresión y Ciudadanía del ICEI.