La plenaria del Senado aprobó el pasado 17 de enero un nuevo documento que contribuye al debate sobre la reforma a la educación superior, denominado "Contribución al debate de la reforma a la Educación Superior. Análisis del Proyecto de Ley".
La tarea de análisis, realizada por el grupo de trabajo sobre la Reforma a la Educación Superior de este órgano normativo, no fue del todo sencilla, considerando que ante las críticas provenientes de diversos actores sociales, el ejecutivo presentó un Protocolo de rediseño en octubre de 2016 y posteriormente una Propuesta de Indicaciones que, en opinión de los Senadores, han sembrado incertidumbre respecto al contenido definitivo de uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno.
Entre las razones que justificaron el análisis se plantea la plena vigencia de decretos emanados en 1981 durante dictadura, los cuales han posibilitado la existencia de universidades privadas, han conducido al conjunto del sistema mediante lineamientos neoliberales, cambiaron el sistema de financiamiento que garantizaba gratuidad, permitieron la mercantilización del conocimiento y prohibieron la participación de la comunidad universitaria en las decisiones estratégicas de los planteles, esto último sólo cambiado en la Universidad de Chile, por medio de la promulgación en 2006 de un nuevo Estatuto diseñado participativamente y que fundó al Senado Universitario.
El documento de análisis de la ley retoma la anterior publicación del Senado respecto de la Reforma, titulado "Propuesta del Senado Universitario para una Reforma a la Educación Superior", aprobado el 13 de agosto de 2016, que estableció un diagnóstico de la situación actual, además de plantear principios orientadores a considerar en el diseño de un nuevo ordenamiento del sistema.
Elementos valorados del proyecto y principales críticas
En sus particularidades, el nuevo documento realiza una valorización de los distintos aspectos de la normativa en discusión.
Entre los elementos positivos que se detectan en la propuesta legislativa, se destaca la existencia de una definición de Universidad a la que se dota de mayor complejidad, la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), la consideración de criterios más objetivos para acreditación y control de las instituciones privadas y la eventual eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Por el contrario, los Senadores observaron negativamente que la ley no da lugar a cambios de fondo, pues conviven en su interior orientaciones y principios que responde a lógicas opuestas. Se acusa que la gratuidad no se concibe como un derecho, sino que está entendida para satisfacer una demanda; que el financiamiento de esto visualiza sólo a estudiantes y no a instituciones con características específicas; y además instala lógicas de gestión empresarial en instituciones públicas, con un nuevo modelo de gobernanza. De igual forma, se critica el enfoque del aseguramiento de la calidad por su carácter estandarizado.
Otro de los elementos criticados es el concepto de "sistema de provisión mixta" que, en opinión del Senado, figura en la ley propuesta "completamente transformado" en función de un Estado que controla "desde la distancia" y que financia por igual a proveedores públicos o privados. Con ello, se argumenta, "deja de ser pertinente el concepto mismo de universidad estatal", las cuales debieran jugar un rol central en el sistema de educación superior, postulan.
Un tercer elemento criticado es que no se observa un posicionamiento claro del ejecutivo con respecto al rol de las instituciones estatales y públicas, en dirección contraria a las demandas de los actores sociales que han reivindicado durante décadas a estas instituciones como generadoras de profesionales y conocimientos al servicio del país. Esta falta de apoyo se vería reflejado en la propuesta sobre gobierno universitario de las universidades estatales, donde se instalarían Juntas Directivas cuyas atribuciones eliminan varias de las atribuciones legales del Senado Universitario presentes en el actual Estatuto de la Universidad de Chile, creado participativamente por la comunidad, lesionando la autonomía universitaria.
Por último, se critica la separación del proceso de enseñanza de la producción de conocimiento, desviando el centro del debate de la educación superior hacia la cobertura, gratuidad y calidad, y relegando la investigación a ámbitos diferentes del educacional.
Metas básicas propuestas por el Senado Universitario
En el nuevo documento de Análisis de la Reforma a la Educación Superior, el Senado plantea como metas básicas a considerar por la reforma, la ampliación de la matrícula de las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales hasta al menos el 50% del total del sistema; el establecimiento de una Red Estatal de IES; la recuperación del financiamiento basal a las universidades mediante Aporte Fiscal Directo (AFI).
Desprendido de lo anterior, el Estado debe ser un promotor activo de la educación pública, con el fin de recuperar el rol nacional que esta debe tener en la generación de políticas estratégicas de desarrollo del país, un rol orientador en materias educativas y con cobertura nacional.
A su vez, debe exigírseles a las instituciones privadas que reciben financiamiento estatal y declaran asumir compromisos con las políticas públicas, calidad y pertinencia, ausencia de lucro, complejidad institucional (docencia, investigación y extensión), pluralismo (libertad de cátedra) y diversidad, libertad de creación e investigación, asumir como principios guía las políticas aprobadas democráticamente por al Estado, participación de sus comunidades en el gobierno institucional, colaboración constante con el desarrollo regional, nacional y con el sistema de educación superior, y que el conocimiento generado sea de propiedad social.
El nuevo documento del Senado está siendo socializado entre los diferentes actores del debate sobre educación y distribuido al interior de la comunidad universitaria. Es descargable desde el sitio www.uchile.cl/senado.