Con el fin de avanzar en temas de probidad y establecer nuevos parámetros dentro de los organismos estatales, el Presidente Gabriel Boric anunció la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado.
Se trata de un grupo técnico de trabajo de carácter transversal que abordará la relación de las instituciones privadas sin fines de lucro (corporaciones y fundaciones) con el Estado, sobre la base de los principios de transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas.
Dentro de los expertos designados, se encuentra el profesor Francisco Agüero Vargas, abogado de nuestra Facultad y Doctor en Derecho de la Universidad de Chile, Profesor Asistente del Departamento de Derecho Económico y actual Director del Centro de Regulación y Competencia (RegCom).
Dentro del grupo también destacan la egresada Valeria Lübbert, abogada y Master in Law and Government de American University, quien se desempeña actualmente como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, de la Segpres; como también el egresado Ramiro Mendoza, quien fuera Contralor General de la República desde abril de 2007 hasta abril de 2015, además de profesor y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y actual presidente del Colegio de Abogados de Chile.
De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno, la Comisión será encabezada por la abogada María Jaraquemada, actual directora ejecutiva de Chile Transparente; e integrada además por Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas y profesor de la Universidad Católica de Chile, y Jeannette von Wolfersdorff, economista y actual consejera del Consejo Fiscal Autónomo y directora de la Fundación Chile.
"Hemos decidido convocar a un grupo técnico de trabajo de carácter transversal, que aborde de manera seria, profesional y con visión de largo plazo en función del bien común, la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro, ya sean corporaciones o fundaciones con el Estado sobre la base de los principios que deberían inspirar la labor pública: transparencia, eficacia, rendición de cuentas, y entre otros", dijo el presidente Gabriel Boric al momento de anunciar la Comisión.
En un plazo no mayor a 45 días, la instancia tendrá que identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las IPSFL con el Estado y proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación entre ambas partes, que faciliten el conocimiento, por parte de la ciudadanía, sobre el uso de los fondos que se les entregan.
Además, podrán proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de los organismos colaboradores del Estado, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.
La comisión también revisará los mecanismos de control y rendición de cuentas, generará propuestas para prevenir los conflictos de intereses y propondrá sanciones en caso de que las instituciones no utilicen los fondos estatales en los proyectos para los cuales fueron asignados.