En el Salón Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile, se desarrolló una profunda conversación sobre los desafíos en la televisión. La jornada de reflexión “Desafíos de la Televisión”, en la que participaron expertos y académicos, debatió sobre el impacto de la convergencia de medios y tecnologías en el espacio público y analizó la situación de la regulación televisiva en nuestro país.
En la jornada, organizada por la Facultad de Comunicación e Imagen y el Consejo Nacional de Televisión, CNTV, estuvo presente Gustavo Gómez, investigador y consultor uruguayo, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de regulación, medios y convergencia (observacom), quien participó en el panel Experiencias comparadas: avances latinoamericanos y preocupaciones latentes y conversó con Claudio Medrano de Radioanálisis, de Radio Universidad de Chile, sobre los principales desafíos en esta temática.
-Un tema que nuestro país ha causado mucho debate, sobre todo por algunas iniciativas que ha emprendido nuestro gobierno en la materia, es la creación de una comisión de desinformación, que se le ha encargado de hacer un análisis respecto de este problema y también entregar algunas sugerencias al respecto. Esta comisión ha generado una serie de opiniones diversas. ¿Usted está de acuerdo con estas iniciativas, sobre todo a la luz de los resquemores que se han visto en nuestro país?
“Bueno, creo que es una muy buena iniciativa, de hecho, es un tema que está en el mundo discutiéndose, este no es un tema de Chile o que al gobierno de Chile se le haya ocurrido solamente. Yo participo en instancias globales de organismos que trabajan sobre libertad de expresión y realmente la cuestión del impacto de la desinformación en la democracia, en el ejercicio de derechos fundamentales se ha convertido en uno de los temas centrales del debate en materia de comunicación, de derechos y convergencia, por lo tanto, en principio, la conformación de una comisión que no tiene potestades sancionatorias y no va a tomar decisiones, que simplemente se trata de elaborar un estado de situación del tema y formular recomendaciones, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo y además me ha tocado seguirlo de cerca, esta es una comisión integrada por expertos, académicos, es muy equilibrada, entonces me parece que es una buena idea, que se elaboren recomendaciones en esta situación y hasta ahí voy. Después veremos que hace el gobierno con esos insumos, pero hasta ahí la comisión va muy bien, necesitamos profundizar en el tema y recibir la opinión de gente calificada que integra la Comisión contra la Desinformación”.
-Usted mencionaba un concepto que es utilizado constantemente por quienes están en contra de estas iniciativas, que es la libertad de expresión, que señalan que iniciativas de este tipo podría vulnerar ese derecho. ¿Qué podría decir al respecto?
“La simple conformación de una comisión que analiza un tema no puede afectar la libertad de expresión. Los resultados en términos de decisiones de políticas públicas, de regulación sobre cómo enfrentar la desinformación, sin duda, conceptualmente, nadie podría decir que eso es per sé positivo en libertad de expresión. Creo que es parte de la discusión justamente. Yo creo que lo que tenemos que ver es que pasa después, que podrían ciertas decisiones adecuadas respecto al enfrentamiento de la desinformación afectara a la libertad de expresión, es posible. Pero también lo contrario. Y creo que aún estamos muy lejos de saber si lo que va a producir esta comisión, que tengo entendido que presentará sus recomendaciones en noviembre de este año, tiene alguna sugerencia que pudiera afectar la libertad de expresión. Esperemos a ver que sale de ahí, pero una comisión asesora que no tiene capacidad de decisión no significa una afectación a la libertad de expresión solo por su existencia”.
-¿Cómo ve la situación de la regulación televisiva y audiovisual de nuestro país, sobre todo de los avances que existen en esta materia en otras partes de Latinoamérica?
“Yo creo que hay una legislación más que interesante en Chile, yo creo que de las mejores de la región en materia de asegurar, por ejemplo, derechos de las audiencias, en particular podemos hablar de niños, niñas y adolescentes, es una legislación sólida en ese sentido, pero además, y esa es una de las diferencias más importantes que tiene con el resto de América Latina, es que existe, aún con las debilidades que se puedan encontrar y aún también con polémicas, es que existe un regulador con autonomía, establecido por la Constitución vigente que da mayores garantías que si la regulación de televisión la tuviera directamente un gobierno. Yo creo que en ese sentido hay un punto de partida muy importante, que hay un organismo como el CNTV que desarrolla políticas de promoción, de fomento de contenidos, que establece una fiscalización del contenido de la televisión para proteger derechos”.
“Lo que está faltando es a lo que vinimos a conversar hoy, que es que hace la legislación del CNTV con una realidad de usos y consumos por parte de las audiencias de contenidos audiovisuales en otras plataformas. En ese sentido, yo creo que la legislación quedó corta y es necesario una revisión para que no haya asimetrías de regulación son servicios de televisión abierta que están regulados frente a servicios como Netflix o Disney Plus, que no están regulados y sobre todo diría, sobre una perspectiva de derechos, que podamos defender, vuelvo a los niños y adolescentes, que podamos protegerlos en cualquier plataforma, las viejas, televisoras abierta y también en los nuevos servicios audiovisuales, ese es el desafío que tiene Chile por delante”.
-¿Y cómo se debería enfrentar ese desafío?
“Yo creo que necesariamente hay que revisar la legislación porque quedó atrasada y por tanto como ya ha hecho Europa, que hace años que tiene una nueva legislación, ya no de televisión, sino legislación sobre servicios de comunicación audiovisual, lo cual incluye la televisión abierta y televisión de paga, pero también los nuevos servicios audiovisuales en internet. Yo creo que ese es un camino necesario y el siguiente es que hay que darle más competencias al CNTV, que recibe muchísimas denuncias de personas que se sienten afectadas sus derechos, o los derechos de sus hijos en estos servicios audiovisuales por internet. Y el CNTV está atado de manos para poder actuar y protegerlos”.
-¿Cuáles son los riesgos o las consecuencias que se podrían enfrentar de no avanzar en ese proceso de modernización o fortalecimiento del CNTV?
“Primero hay una asimetría de lo regulado. Habría empresas, que ofrecen servicios similares, que uno las ve en distintas pantallas, pero que son finalmente servicios audiovisuales, dirigidos al público, que tendrían reglas distintas. O sea, algunas empresas que ofrecen servicios audiovisuales estarían reguladas, con obligaciones, y otras no. Ese es un primer impacto de no hacer nada. El segundo tiene que ver con la protección de derechos, vuelvo a eso. Hoy nosotros deberíamos comprender que los derechos humanos reconocidos en lo que llamaremos el ámbito analógico, el tradicional, deben mantenerse también iguales en el ámbito digital. Por un cambio de tecnología, por un cambio de las formas de los negocios, o de la forma que vemos esos contenidos, no debería afectar el reconocimiento expreso de derechos que tienen las audiencias de esos servicios. Por tanto, si nosotros no logramos una adecuación, una modernización de la regulación, esa protección no termina siendo efectiva. O sea, queda en un papel, en una ley, de manera de reconocimiento teórico, pero el CNTV y Chile necesitan herramientas concretas para poder exigir a empresas que no están ni siquiera con oficina en el país, que respeten los derechos humanos de sus audiencias, por ejemplo”.
-Usted mencionó que efectivamente nuestra legislación, o las legislaciones en general, se han ido quedando cortas respecto de lo rápido que avanzan estas nuevas tecnologías. Y efectivamente, mientras más uno se demora en realizar este proceso de actualización, más riesgo se corre de quedar siempre cada vez más atrás, porque las tecnologías, siempre van evolucionando y van entregando nuevas propuestas y nuevas alternativas. ¿Cómo se vislumbra el futuro en ese sentido? ¿Cómo vamos a concebir los medios de comunicación, por ejemplo, de aquí a 10 o 15 años más?
“Esa es para sentarnos a tomar algo y conversar. Yo no tengo una respuesta para eso, pero entiendo la pregunta. Mira, yo creo que nosotros no somos capaces hoy, por la rapidez, por el volumen, por la escala, de poder anticipar rápidamente qué va a pasar con los medios de comunicación en tanto tiempo. Por lo tanto, nosotros, en este debate que está teniendo hoy lugar en la Universidad de Chile, y lo que están haciendo los Estados en Europa, y deberían ser América Latina, es no regular por tecnología.
A ver si me explico. Si nosotros no somos capaces de saber dentro de 10, 15 años, cuáles van a ser los medios que la gente va a utilizar para informarse, para entretenerse, ¿Qué, nos quedamos entonces parados y siempre legislamos sobre 10 años para atrás? Yo creo que hay un enfoque nuevo que deberíamos tomar, que es regular por servicio. No importa cómo va a ser la tecnología, no importa si va a ser por aire, si va a ser por cable, si va a ser por fila óptica, si va a ser por satélite, si va a ser por Internet. Lo que importa es que sea un servicio audiovisual. Importa el servicio y no el soporte por el cual se transmite. Podrá llegar de distintas maneras, podrá haber distintos modelos de negocio. Podrá ser gratis o será ser pago. Nosotros tenemos que regular todo lo que sea servicio audiovisual con determinadas características. Y creo que eso nos va a dar una flexibilidad muy grande para ya no estar corriendo de atrás, sino anticiparnos a esos nuevos servicios. Aunque no sepamos cuáles van a ser los nuevos medios de comunicación, si nosotros somos capaces de aprobar una legislación flexible que regule servicios sin importar la tecnología, creo que vamos a estar mejor preparados para lo que venga dentro de 10 o 15 años”.