Este mediodía, en el Instituto de Estudios de la Universidad de Chile, Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del MESECVI, el Mecanismo de Seguimiento establecido por la OEA para evaluar el cumplimiento del la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmada en la ciudad brasileña de Belém do Pará en 1994, realizó una exposición, donde pasó revista a la trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres desde antes de la Convención hasta nuestros días y muy especialmente post pandemia.
Luz Patricia Mejía recordó que en la década del ’80 recién se empezó a escuchar el clamor de la integración de las mujeres al proceso de desarrollo, pero no fue hasta 1993 que un movimiento de los países de América Latina y el Caribe, junto a Estados Unidos, plantearon la importancia de reconocer los derechos de las mujeres como parte de los DD.HH. “Eso implicaba el reconocimiento de una serie de derechos a las mujeres, incluyendo todo lo que tenía que ver con el tema de la violencia. Este fue un cambio de paradigma que se materializó a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará”, explicó.
Luego de la declaración de Belém do Pará se generan plataformas y mecanismos con el objetivo de defender los derechos humanos de las mujeres. Primero fue la violencia, es decir, cualquier acto que causara daño físico, económico, sexual, etc. contra las mujeres tanto en el ámbito privado como público. “Lamentablemente esto terminó siendo un mecanismo para proteger a la familia como un todo, o sea una suerte de retroceso de la seguritización de las mujeres como seres individuales”, agregó.
Es así como los movimientos de mujeres hacen una evaluación de los resultados de lo establecido en la primera convención, concluyendo que existen una serie de obstáculos que a la larga provocan que las mujeres dejen de denunciar, y si lo hacen, el Estado no ayuda.
Los estados se reúnen para recomponer esto, creando el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, que permita resolver los problemas regionales, como el acceso limitado a la justicia. “Se le pide a los estados que lleven adelante un proceso de búsqueda, persecución, protección y acceso a la justicia”.
La secretaria técnica del MESECVI explica que en 2004 recién se reconoce la violencia contra las mujeres como transgresión a los DD.HH, que se traspasa del ámbito doméstico al público, con implicaciones concretas. “Este reconocimiento permite sancionar otro tipo de violencias, por ejemplo en él ámbito de la salud, del trabajo, sexual, etc. Hoy todos los países de América Latina cuentan con planes nacionales de protección y otros que también incorporan aspectos de violencia contra las mujeres. También se comenzó a generar más información, estudios académicos y la incorporación de profesionales especializados en esta materia”.
La pandemia
Pero todos los avances logrados entre 1994 y 2020, sufrieron un retroceso equivalente a 80 o 100 años, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que afectó al mundo entero.
“Nos manda a las mujeres a la casa y nos someten a vivir con el agresor. Se produce un aumento sustantivo de la violencia, embarazos de niñas (que implican violaciones). Se desbordan las denuncias y los estados son incapaces de responder a esta situación”, afirma.
Pero la pandemia también incorporó la virtualidad a nuestras vidas, lo que ha tenido un componente positivo y también negativo, pues tal como explica la secretaria técnica del MESECVI, la virtualidad se convierte en una vía para que se genere un espacio de contención a las mujeres víctimas de la violencia desbordada. “Pero al mismo tiempo, la virtualidad permitió una nueva forma de expresar violencia. Se extiende el ciberbullying, la pornografía, etc. y los estados no cuentan con una regulación adecuada para prevenir y castigar estos actos”, denunció.
A juicio de Luz Patricia Mejía, esto nos obliga a repensar cómo el derecho internacional tiene que responder a estos nuevos actores. “Cómo se va a regular sin impactar otros derechos”, concluyó.