Carta del Rector, Prof. Luis Riveros, a la Comunidad Universitaria respecto al rechazo de los Estatutos de la Universidad de Chile por parte de la Contraloría General de la República.

Con esta fecha, y al cabo de siete semanas, la Contraloría General de la República ha devuelto sin tramitar el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio de Educación, que contiene los Estatutos de la Universidad de Chile. Por medio de este acto, la Contraloría General objeta el Estatuto elaborado por la Universidad, concordado con el Gobierno y tenido a la vista por el H. Congreso Nacional, el cual refleja las expectativas de la institución en torno a su gobierno interno como en cuanto a su rol y desarrollo como universidad nacional y pública. La Contraloría General de la República ha procedido a objetar el carácter autónomo de la institución, factor fundamental que en el debate interno hemos identificado como el necesario fundamento de nuestra excelencia en el hacer académico, e instrumento básico para lograr el desarrollo que merece la Universidad de Chile en el actual sistema de educación superior. La Contraloría General ha acusado así a la Universidad de Chile de haber promovido un proyecto de Estatuto inconstitucional que abrigaría una serie de preceptos abiertamente contradictorios con el orden jurídico existente, el cual además habría sido patrocinado por S.E. el Presidente de la República sin que se le hubiese advertido por las instancias intermedias del gobierno acerca de sus discutibles contenidos.

Las objeciones de fondo de la Contraloría General tienen que ver, esencialmente, con un cuestionamiento acerca de la naturaleza jurídica de la Universidad de Chile. Desde su fundación, la institución gozó de plena autonomía para desarrollar su trabajo académico, establecer las formas más apropiadas para el gobierno interno y propiciar todos aquellos aspectos a favor de su progreso material. Hoy día se argumenta la imposibilidad que tendría la Universidad de Chile para llevar a cabo la gestión autónoma de sus proyectos académicos. Se desconoce, asimismo, su naturaleza como entidad universitaria, y se nos restringe solamente a la calidad de un servicio público más que debe acatar, como cualquiera otro, los procedimientos administrativos por reñidos que sean con la naturaleza de su tarea académica. Se desconoce por parte de la Contraloría que la Universidad debe autofinanciarse en forma muy relevante respecto a su presupuesto global, y se le restringe a aplicar conceptos que ya no son pertinentes de acuerdo al modo en que está actualmente organizado y financiado el sistema de educación superior estatal. En sus consideraciones la Contraloría General desconoce muchas facultades de que actualmente goza la Universidad de Chile en conformidad con la ley vigente, tratando de restringir aún más el ya limitado ámbito de acción que la institución tiene para llevar a cabo su labor académica. En suma, las objeciones de la Contraloría General se orientan a cuestionar abiertamente las bases de nuestra existencia como institución, en el ánimo de frustrar a toda costa el DFL que contiene nuestra aspiración desde el punto de vista organizativo, de políticas y de propósitos de desarrollo.

Rechazo del modo más categórico este verdadero atropello a la Universidad de Chile. Las inconsistencias contenidas en las objeciones, y el abierto desconocimiento de la institucionalidad, tradición y requerimientos de una universidad, traducen más bien un apasionado juicio contra la Universidad de Chile, antes que un adecuado cumplimiento de la norma que mandata a determinar los aspectos que están en contradicción con la Constitución Política o con la Ley Delegatoria que facultó la promulgación del DFL. He solicitado al Supremo Gobierno que se recurra al Tribunal Constitucional para que sea el pronunciamiento de esa instancia superior la que resuelva en definitiva sobre esta situación, y para que se reponga justicia y reconocimiento verdadero a lo que significa la Universidad de Chile como entidad académica y como firme columna de la República.

Me apena que este cuestionamiento surja en momentos en que como institución tenemos la aspiración legítima de usar nuestras fortalezas para continuar desarrollándonos. Hay muchos que estarán satisfechos con la situación que se crea, con una Universidad de Chile cuestionada o sujeta a normas que le impedirán cada vez más poder responder en forma adecuada a los requerimientos de la sociedad chilena. Creo, sin embargo, que la ciudadanía nos respaldará ahora y siempre en la búsqueda de una Universidad de Chile para Chile, meta inobjetable que no se podrá nunca arrebatar de nuestro espíritu.