Leandro Espíndola Vergara, Profesor e Investigador Asistente en CAPP. Facultad de Gobierno, Universidad de Chile.
22 de agosto de 2023.
Una vez más, la presencia de un sistema frontal con una isoterma alta ha dejado en evidencia la innegable presencia del riesgo en nuestro país. Esta situación característica de nuestra geografía y clima, da lugar a lo que podríamos denominar como país multirriesgo, con un peligro o probabilidad de ocurrencia de uno o más fenómenos en simultáneo, con una alta vulnerabilidad en factores físicos, sociales, económicos y ambientales, y con un gran nivel de exposición de la población, bienes y servicios e infraestructura pública-privada susceptible de daños y/o pérdidas totales.
Es cuestión de comprender la situación y ver las duras imágenes y registros audiovisuales para entender que este tipo de fenómenos serán cada vez más frecuentes, dinámicos, agresivos y con una mayor magnitud en términos del daño o pérdida que estos provocan, específicamente, en aquellas comunas periféricas, rurales y aisladas que por condición base son altamente susceptibles a interiorizar un retraso o estancamiento de su desarrollo endógeno a nivel territorial.
En junio del mismo año ocurrió la misma situación, justamente en la zona centro-sur del país, donde se tuvo constancia de personas albergadas, aisladas, evacuadas, con daños importantes en infraestructura y equipamiento y, lamentablemente con personas fallecidas. Actualmente, el balance de afectación por este sistema frontal entre las regiones de Valparaíso y Biobío (seis regiones involucradas) realizado por el Comité Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), cuenta a la fecha del 22 de agosto con 854 personas albergadas, 34.176 aislados, 32.728 evacuados, afectación en 893 viviendas con daño menor, 296 con daño mayor, 3 destruidas, y 376 en evaluación. De manera trágica, este evento también ha resultado en la pérdida de tres vidas[1].
Las cifras anteriormente expuestas, más que darnos respuestas abren interrogantes sobre el accionar inter-agencial del Estado de Chile para responder de forma ad hoc ante este tipo de eventos. ¿Por qué todavía se sigue en la lógica de centrarnos en el proceso de alerta, respuesta, reconstrucción y rehabilitación y no en la prevención? ¿Cuánto es el gasto público que debe realizar el Estado de Chile para subsanar los daños y pérdidas por estos estragos? ¿Los desastres y/o catástrofes tienen correlación directa en el impacto del crecimiento y desarrollo del país y sus territorios?
Desde el marco internacional, el Marco de Sendai 2015-2030[2], establece como objetivo:
La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países (pág. 12).
Para alcanzar dicho objetivo se contemplan principios rectores, la función de los actores pertinentes, la cooperación internacional y alianzas mundiales y prioridades de acción. En este último, se comprende cuatro factores: i) comprender el riesgo de desastres; ii) fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; iii) invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia; y iv) aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Si bien los cuatro son gravitantes, el primero nos da la base para pasar de la Gestión del Riesgo de Desastres, forma o modelo de operar tradicionalmente, a la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), una práctica distinta a otras formas de enfrentar la problemática de los desastres y de su impacto en la población, porque su objeto de estudio se centra en el conocimiento de los riesgos y las causas de base que las generan y, en segundo lugar, que al contar con evidencia científica que respalda el incremento de número e impacto de desastres en nuestro país, se requiere de formación transdisciplinaria o interdisciplinaria para formar capital social preparado para responder a este tipo de desastres.
Lograr este tipo de gestión institucional público, privado y de la sociedad civil no es sencillo, dado que se requiere de una gran experiencia en la materia y una inyección y movilización de recursos bastante grande para que el actuar sea una respuesta precisa, eficaz y coordinada en su máxima expresión, materializándose en políticas, planes y estrategias, como de colaboración en la triple alianza.
Lamentablemente, el sistema frontal no se detendrá y los estragos ya son más que evidentes en servicios como la afectación de colegios, recintos de salud, equipamientos urbanos y de vivienda, como también en los mercados laborales y actividades silvoagropecuarios. El daño en infraestructura como en puentes, rutas y caminos básicos son otros elementos por considerar, dado su importancia en la conexión y movilidad de la población, como del acceso a la ayuda que se pueda brindar.
Es bajo este panorama trágico, que el mandatario ha establecido la medida de Estado de Catástrofe para regiones afectadas por el sistema frontal[3], siendo nuevamente aquellas regiones afectadas del mes de junio pasado, donde la región del Maule es una de las más afectadas por el momento.
Situación y desafíos ante la catástrofe:
El gran dilema en el que se encuentra la institucionalidad actual es en base a su reacción reactiva ante las emergencias y/o desastres y no gestionar de forma preventiva la situación. Se reconocen todos los esfuerzos de coordinación y colaboración necesarios para reducir los impactos negativos, que siempre pueden ser escenarios peores, no obstante, quedan brechas o desafíos no menores por tratar.
Uno de los primeros pendientes es hacer una baja práctica u operacional de la planificación estratégica. Si bien, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) cuenta con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030[4], se deben realizar mayores esfuerzos para contar con instrumentos de gestión con enfoque territorial, de género y factor riesgo, vitales para enfrentar este tipo de eventos. Los instrumentos como el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), los Planes Reguladores Comunales (PRC), Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD) y la incorporación de los nuevos Planes de Acción Regional y Comunal de Cambio Climático, a la luz de la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático entre otros, deben contar o, al menos, considerar mapas de amenaza y riesgos latentes de sus circunscripciones territoriales. Debemos ser capaces de avanzar de las definiciones estratégicas a la gestión pura.
Un segundo pendiente muy relacionado con el primero es el ordenamiento territorial. Este tipo de riesgos deja en evidencia que la crecida de ríos, aluviones, desprendimientos o remoción de masa, caídas de árboles, etcétera, se producen en lugares donde el asentamiento humano se ubica o, mejor dicho, donde la población se ha asentado de forma irregular acrecentando su nivel de exposición a diferentes tipos amenazas. El cómo planificamos y damos orden al territorio para crecer y desarrollarse es de suma importancia, sobre todo, cuando el cambio climático es una macro-presión[5] que afecta directamente a sectores de la sociedad más vulnerables o en situación de pobreza o pobreza extrema.
Un tercer pendiente es la gestión y generación de capacidades propias de las realidades locales o, para estos efectos, de las Unidades de Gestión del Riesgo en municipalidades. La descentralización podríamos entenderla como una forma de transferencia de poder hacia los territorios para que puedan resolver sus propias necesidades o problemáticas, deben contar con unidades especializadas o equipos técnicos-profesionales preparados para enfrentar dichas amenazas de forma eficaz y eficiente. Idealmente, disponer de equipos preparados significa una mayor cantidad de recursos a destinar.
Un cuarto pendiente es la asociatividad público-privada que en la última década ha sido un mecanismo ejemplar de esfuerzo colaborativo loable para enfrentar mancomunadamente este tipo de emergencias y desastres. Se debe avanzar hacia el estadio de la Gobernanza Territorial, dejando atrás la idea en que sólo el Estado debe preocuparse de este tipo de episodios, sino más bien, todos los actores involucrados del territorio en sus diferentes escalas/niveles, e involucramiento en la toma de decisiones.
Finalmente, desde la académica y el mundo científico se ha avanzado en los modelos predictivos para prevenir este tipo de situaciones o, mitigar los daños y pérdidas supuestos. Por ejemplo, el Atlas de Riesgos Climáticos para Chile (ARCLIM)[6], es una plataforma de acceso abierto generado como un proyecto del Ministerio del Medio Ambiente y desarrollado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y el Centro de Cambio Global (CCG-Universidad Católica de Chile) en colaboración con otras agencias nacionales e internacionales para apoyar el Programa Mundial de Evaluación y Gestión de Riesgos para la Adaptación al Cambio Climático por encargo del Ministerio Federal de Cooperación de Alemania. Este tipo de avance en ciencia y tecnología demuestra que se tienen los métodos o formas de abordar los problemas generados por los riesgos y desastres socio-naturales, pero a su vez, nos habla de la adopción de la administración pública en incorporar este tipo de insumo e instrumentos para tomar mejores decisiones.
En definitiva, es hora de dejar las cadenas humanas para salvar vidas y fortalecer la gestión institucional en un país multirriesgo como es el caso de Chile, dejando atrás las formas reactivas de responder ante los desastres y fortalecer e incorporar en la gestión técnica las experiencias históricas y locales de las comunidades.
Referencias
ARCLIM. (2020). Atlas de Riesgos Climáticos . Obtenido de Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Chile: https://arclim.mma.gob.cl/
Gobierno de Chile. (21 de agosto de 2023). Presidente de la República Gabriel Boric Font anuncia Estado de Catástrofe para regiones afectadas por sistema frontal. Obtenido de Prensa Presidencia: https://prensa.presidencia.cl/fotonoticia.aspx?id=249493
SENAPRED. (febrero de 2020). Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030. Obtenido de Ministerio del Interior y Seguridad Pública: https://emergenciaydesastres.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/04/POLITICA-NACIONALGESTIO%CC%81N-REDUCCIO%CC%81N-DEL-RIESGO-DE-DESASTRES-2020-2030.pdf
SENAPRED. (22 de agosto de 2023). Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Obtenido de Ministra del Interior y Director de SENAPRED entregaron balance e informaron cursos de acción pos sistema frontal en la zona centro-sur del país: https://senapred.cl/noticias/ministra-del-interior-y-director-de-senapred-entregan-balance-e-informan-cursos-de-accion-por-sistema-frontal-en-la-zona-centro-sur-del-pais/
UNISDR. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. (U. Nations, Ed.) Obtenido de https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
Nota biográfica
Profesional y Profesor de la Escuela de Postgrado (Facultad de Gobierno). Coordinador Estratégico e Investigador del Centro de Análisis de Políticas Públicas. Asistente de la Coordinación Académica del Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local de la Universidad de Chile. Administrador Público (Universidad de Chile). Magíster en Gobierno y Gerencia Pública (Universidad de Chile). Postítulo en Planificación del Ordenamiento Territorial Regional y Local y Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales, con mención en Gestión Pública. Posee cursos especializados en Cambio Climático de la Universidad de Chile y Gestión de conflictos urbanos y desarrollo sostenible del Lincoln Institute of Land Policy.
Citas
[1] SENAPRED (2023).
[2] UNISDR (2015).
[3] Gobierno de Chile (2023).
[4] SENAPRED (2020).
[5] Consúltese para mayor profundidad en: Centro de Análisis de Políticas Públicas (2023). Informe País: Estado del medio ambiente y del patrimonio natural.
[6] ARCLIM (2020).