Los procesos de movilidad humana son complejos y sabemos que para asumirlos se requieren políticas públicas complejas en las que las comunidades se fortalezcan con una perspectiva intercultural. El mundo ha girado rápido en los últimos años, y las democracias de baja intensidad, por darles una categoría, han permitido que –junto con la ausencia de Estados responsables– la movilidad humana se haya incrementado a nivel interregional. Y Chile llegó tarde y llegó mal. Las dos caras de una misma moneda son la securitización y el humanitarismo caritativo, en el sentido de que ambas perspectivas sobre cómo abordar políticas, narraciones y discursos dan cuenta de una mirada que no dignifica a quienes migran, a quienes buscan una mejor vida, sean de la nacionalidad que sean.
Discriminar por nacionalidad es xenofobia, y por etnia, color de piel y otros rasgos físicos que categorizan y racializan a las personas es racismo. Y muchas veces confluyen xenofobia y racismo. Y ahí sí que Chile llegó hace mucho, desde la Colonia. Esa mirada colonial se perpetúa hacia los pueblos indígenas, los y las migrantes pobres, especialmente de la zona caribeña.
Las cifras de Cepal y otros organismos internacionales mucho hablan de los aportes de los migrantes en Chile. Hay evidencia empírica en investigaciones de este tipo de instituciones y de otras académicas, municipales, organizaciones sociales, entre otras. Y es ahí donde las coberturas mediáticas se enmarañan y amplifican decisiones, como del mercado de Lo Valledor, de exigir “ser chileno” –al estilo de “un buen chileno”, que se torna en una frase totalitaria y fascista–. Muchos medios se hacen eco de este tipo de decisiones, justificando lo injustificable, aplicando el sello de “delincuente” a todo migrante que no cumpla con requisitos, no solo papeles, sino vestimenta, acento, mirada, no sea “triunfador” o “emprendedor”, valores arraigados en la sociedad chilena desde una mentirosa alabanza a la meritocracia sin condiciones de base.
¿Y las comunicaciones del Estado? Se esperaban campañas apoyando las relaciones interculturales en un país que requiere con urgencia hablar y actuar respecto de la movilidad humana; se esperaban políticas que se articularan con municipios que llevan muchas veces el “Sello Migrante” sin contar con recursos, personal o capacitación. Un Estado precario como el de Chile también sigue fallando –aunque ha avanzado más aquí que en derechos sociales desde todos los poderes– en seguridad en frontera y en las calles. La seguridad no es solo policial, es social y también sabemos que las mafias transnacionales se ensañan con quienes migran –coyotes, trata de personas, reclutamiento del crimen organizado– y están a la intemperie.
Llegamos tarde y no podemos seguir llegando tarde, y como comunicadoras y comunicadores tenemos la obligación de contar con manuales de estilo en los medios para trabajar éticamente las informaciones, contrastarlas, criticarlas, mostrar evidencia, denunciando los discursos y acciones de odio. Los medios no han sido tampoco muy críticos con los dichos racistas que le han merecido una demanda judicial al cantante Pablo Herrera contra la población haitiana, y suman los ejemplos que solo confunden, aumentan la sensación de miedo –sin investigar sobre el papel de las policías y la inteligencia en seguridad–, mientras no se proponen nuevas narrativas en relación con la necesidad de un Estado que sea parte del Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, y se potencia la polarización.
Si no hay una discusión ética sobre estos tratamientos noticiosos antes de las elecciones del segundo semestre, este año presenciaremos –y me temo que será más duro– cómo la migración sigue siendo el chivo expiatorio de un país que se traiciona a sí mismo amparando el odio como única salida de sus propias fronteras.