Durante los últimos años, más de 200 países del mundo se han planteado cambiar su Constitución, siendo cada vez más frecuente que este proceso se plantee en países que no se encuentran inmersos en una crisis institucional.
Así lo explica el profesor de la Facultad de Derecho, Francisco Soto, quien aseguró que "la tradición era que las constituciones se cambiaban en contextos como una revolución, o la construcción de nuevos Estados tras la independencia de un país, pero cada vez es más habitual que en medio de una crisis de legitimidad de las instituciones, se cambie la Constitución como forma de reencantar a la ciudadanía".
En la misma línea, para la profesora María Cristina Escudero, del Instituto de Asuntos Públicos (INAP), si bien los momentos de crisis son fáciles de identificar en etapas no democráticas, la lectura se dificulta cuando se enfrenta este tipo de coyunturas en un contexto democrático.
Para la académica, en estas circunstancias el fundamento final de la crisis radica "en el estado del sistema político y su deslegitimidad, que termina decantando en lo que vemos ahora en el país: cuando las instituciones no tienen legitimidad en democracia, la gente sencillamente deja de obedecerla".
Esto cobra especial importancia ya que desde que la problemática en torno a la Constitución comenzó a ser discutida, se han impulsado distintas iniciativas para hacerle frente, incluido el proceso de cabildos impulsado por el anterior gobierno de Michelle Bachelet, sin que ninguno lograra llegar a buen puerto.
"Si se posterga indefinidamente el proceso constituyente peores serán las condiciones para realizarlo, ya que habrá más polarización, menos capacidad de llegar a acuerdos, y más posibilidades de que un sector termine imponiendo su visión sobre el otro", explicó Escudero.
Antecedentes históricos
En esa línea, el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Sergio Grez, hizo hincapié en que existen pocos antecedentes en la historia de nuestro país de momentos en los que la iniciativa por cambiar la Constitución surja a partir de movilizaciones sociales, como ocurre actualmente en el marco de las potentes manifestaciones que se desarrollan en el país desde el viernes 18 de octubre.
"El único momento histórico comparable fue en 1925, cuando a diferencia de todas las ocasiones anteriores, los sectores populares -el movimiento obrero organizado, sectores medios junto a una variedad de actores sociales- intentó hacer oír su voz por primera vez en la historia de Chile de manera independiente de las maniobras y propuestas provenientes de la élite", destacó Grez.
En aquella ocasión la "Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales" reunió en marzo de ese año a distintos actores sociales provenientes de organizaciones sociales, feministas y sindicales durante cuatro días en el Teatro Municipal de Santiago, para señalar una serie de principios que a su juició debían estar presentes en el nuevo texto constitucional.
El objetivo de los reunidos era contar con una visión común con la cual disputar la Asamblea Constituyente que el Presidente Arturo Alessandri Palma había prometido al país que convocaría, lo que a la postre no cumpliría: tal como en ocasiones anterior, el mandatario optó por designar a una comisión encargada de generar la Constitución, para luego ser plebiscitada -sólo un mes después- en medio de una baja participación del electorado.
Hoy en día, tal como a principios del siglo XX, no serían sólo las fuerzas de la élite las que se encuentran discutiendo el tema constitucional, sino que existe instalada una demanda de largo aliento desde hace al menos 10 años de parte de organizaciones sociales, populares y políticos, por avanzar en esta materia.
"Este es un movimiento muy heterogéneo que si bien no responde directa y exclusivamente al impulso del movimiento obrero, cuenta con su presencia a través de distintas organizaciones que han abrazado la reivindicación de la Asamblea Constituyente, junto a amplios sectores de las capas medias, profesionales, intelectuales críticos, pobladores, es una demanda transversal que reúne a un amplio conglomerado social", remarcó el académico, quien también es integrante del Foro por la Asamblea Constituyente.
Mecanismos y participación
De una u otra forma, la demanda por reemplazar la Constitución de 1980, impuesta en dictadura por los militares y sus aliados civiles, ha ido de la mano con la idea de la realización de una Asamblea Constituyente en nuestro país, como garantía de participación democrática en la elaboración de la nueva Carta Fundamental.
Sin embargo, los académicos hacen hincapié en la existencia de distintos mecanismos de participación: la Asamblea Constituyente (AC), el Congreso Constituyente o una Comisión de Expertos.
Para la profesora Escudero lo central radica no en el mecanismo sino en asegurar que el que se defina sea participativo y representativo, lo que puede darse tanto en un Congreso Constituyente, como en una Asamblea Constituyente.
Sin embargo, advierte que en la primera alternativa se corre el riesgo de mezclar las funciones legislativa con la constituyente, lo que puede terminar afectando al funcionamiento cotidiano del país ya que "la discusión constitucional es de largo plazo, y si los parlamentarios se concentran en discutir y elaborar ese texto, paralizarán la labor legislativa necesaria para que el país siga funcionando".
En contraposición la AC es un órgano especializado que puede tener una representación más amplia que el Congreso Nacional dependiendo del mecanismo que se defina para escoger a sus integrantes, aunque se corre el riesgo de que se tome más atribuciones de las que le competen.
"Algo fundamental es que no hay forma de hacer un mecanismo constituyente sin un acuerdo previo, que es tan importante como el proceso constituyente en sí mismo, porque en él se decide quiénes van a participar y bajo qué reglas -sesiones públicas o privadas-, qué mayorías se necesitarán, cómo se elegirán sus integrantes, de dónde surgirán si de los partidos u organizaciones sociales, habrá o no cupos para los pueblos indígenas o paridad de género", detalló la académica.
Por su parte el profesor Soto hace hincapié en la necesidad de establecer con antelación los espacios de participación que complementen a los espacios de representación propios del mecanismo que se escoja para elaborar la nueva Constitución.
"Creo que se deben combinar distintas fórmulas que aseguren la participación de la ciudadanía. Los partidos se tienen que hacer presentes pero también las organizaciones, aprovechando algo que ya se probó en el proceso impulsado en el gobierno anterior: la utilización de actividades presenciales (cabildos) y plataformas digitales que permitan incorporar comentarios de los ciudadanos, de manera que se pueda sistematizar de forma científica la información como fórmula para generar un real diálogo", aseguró.