La menor cantidad de agua disponible producto de los años de sequía y los efectos del cambio climático suponen un desafío para la producción agroalimentaria de Chile, segunda industria exportadora nacional. Así lo asegura el director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente (AGRIMED) de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Dr. Fernando Santibáñez, quien ha participado en la elaboración de numerosos informes sobre la materia para instancias gubernamentales.
En un informe realizado el año 2015 titulado “Los Recursos Hídricos”, el profesor Santibáñez alertaba que en el futuro habría menos agua disponible debido al cambio climático, que traería consigo importantes transformaciones en el régimen de precipitaciones: lluvias de corta intensidad que no podrán ser absorbidas y se perderán en el océano, la elevación en 500 metros de la altitud en la que se podrá encontrar nieve en la cordillera; hechos que detalla el experto, no permitirán contar con las actuales reservas de agua que hoy tenemos.
Consultado sobre las medidas que se pueden tomar en nuestro país para enfrentar esta situación y asegurar que no falte agua para la producción agrícola y para el consumo, explicó que es necesario mejorar la gestión de las cuencas de los ríos junto con cuidar la vegetación en las zonas altas de los valles.
“Tenemos que tener una política pública integrada de los territorios, que se enfoque en el ciclo hidrológico completo” afirmó, de manera que se combinen mejores sistemas de riego, de distribución y una cultura de consumo más económica en la ciudad, con una reforestación de las áreas altas de las cuencas e instalaciones que permitan embalsar el agua que escurra.
El director de AGRIMED enfatizó en que no existe actualmente una política de protección de la vegetación en las cuencas, y que las áreas protegidas que existen son pequeñas e insuficientes. Esto repercute -indicó- en que “las napas subterráneas están dando señales graves de agotamiento hasta la región de Los Lagos, y aumentan los riesgos de que se produzcan deslizamientos de tierra”.
Una forma de revertir esta deficiencia sería contar con una política de incentivos a la reforestación con especies locales, lo que según el experto no se realiza en Chile, aunque sí en otros países. “En Estados Unidos existen los llamados “distritos de conservación”, donde los habitantes de un territorio acuerdan contribuir a su conservación, recibiendo subsidios del Estado y sellos para los productos generados en la zona que certifican que provienen de zonas de protección colaborativa de la naturaleza”, de manera de estimular la conservación de esas zonas.
Otro de los aspectos que ayudarían a que la agricultura no sufra las consecuencias de la falta de agua es mejorar la infraestructura disponible para almacenar y distribuir el agua, materia en donde el Estado no ha vuelto a invertir desde hace décadas. Así, el profesor Santibáñez denuncia que “hay zonas donde todavía se riega con canales de la época de la colonia, incluso en Santiago, y desde la capital al sur la mayoría de estos no están revestidos”, lo que disminuye su efectividad.
Junto con mejorar el sistema de distribución, Santibáñez alertó respecto a que se debe aumentar la capacidad de almacenamiento. “Según nuestros cálculos faltan entre 2 y 3 mil millones de metros cúbicos de agua almacenada en la zona central, adicionales a la infraestructura disponible. Esto no quiere decir que se necesiten grandes embalses, pueden combinarse instalaciones medianas y pequeñas” que permitan contener líquido que no sea absorbido por la tierra para evitar que se pierda en el océano, informó.
Barreras legales
Pero no son únicamente factores naturales los que dificultan tener una mejor gestión del agua, sino también legales, debido a la concentración de los derechos de agua. “Si eres un inversionista agrícola y quieres ir a hacer un gran proyecto de riego para producir fruta de exportación en alguna localidad, te vas a encontrar con que no hay derechos de agua y vas a tener que comprarlos muy caros”, enfatizó Santibáñez.
Los principales dueños de estos derechos serían, según el académico. las compañías eléctricas. “Este es un problema de política pública importante contra el que se va a estrellar cualquier intento por aumentar la capacidad agrícola hacia el sur”, remarcó.