Los sucesivos eventos relacionados con ciencia y tecnología durante los últimos meses, están marcados por el consenso entre diversos actores, sobre la necesidad de relevar el papel que la creación de conocimiento y la innovación deben jugar en el diseño e implementación de soluciones modernas y audaces que reposicionen a Chile como un país emergente.
La ralentización del crecimiento del PIB y del ingreso per cápita, la inestabilidad de los precios de las materias primas y el aumento de las demandas ciudadanas, constituyen señales claras de que la posibilidad de expansión económica, basada solamente en las exportaciones de los llamados commodities y en la utilización de mano de obra no calificada, está llegando a su máximo límite.
La necesidad de agregar valor a la economía sustentada en innovación es tan urgente, que no basta con diseños teóricos ni discursos formales. El anuncio de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología resulta esperanzador, pero no una solución por sí misma. Es además imprescindible realizar acciones concretas que fortalezcan la institucionalidad actual y sus instrumentos, y promuevan nuevas iniciativas cualitativamente de mayor envergadura.
Resulta contradictorio que, por una parte, se promueva la formación de nuevos científicos, generando un deseable crecimiento de la masa crítica, y por otra que los instrumentos de financiamiento de la investigación muestren una constricción que propicia una tasa cada vez más alta de fracaso y por ende un clima de desencanto importante.
En Chile, más del 90 por ciento de la investigación se realiza en las universidades, por lo que resulta inexcusablemente inconsistente que los temas científicos estén fuera del debate de la reforma a la educación superior.
En innovación, tras años de incentivar un cambio cultural respecto a la tercera misión universitaria, la Corfo también ha dado señales equívocas al disminuir el apoyo a proyectos de investigación aplicada, concebidos y dirigidos desde las universidades, reemplazándolos por programas como el de investigación por contrato otorgados a las empresas, que se topan con sus escuálidas competencias en I+D, además de ser ajenos a la cultura y a la misión de las instituciones de educación superior.
Debemos reemplazar la lógica evidentemente agotada de la pura competencia individual y la consiguiente elitización del quehacer científico, por un modelo que también incorpore la combinación de la excelencia científica con la pertinencia y la investigación orientada, mediante la implementación de nuevos instrumentos que apunten a grandes proyectos colaborativos de interés nacional.
La credibilidad del sistema depende de que se aumenten los fondos y tasas de adjudicación de los proyectos Fondecyt y Fondef; que se reabran los programas de Corfo dirigidos a la investigación aplicada en las universidades; que se financien permanentemente los centros de excelencia exitosos; y que se dote a Conicyt de una estructura adecuada para la gestión de mayores recursos; eliminando de paso algunas trabas administrativas y burocráticas por parte de la Contraloría General de República para con sus programas.
Que se designara a un científico activo en la presidencia de Conicyt, como es el Premio Nacional Mario Hamuy, es una señal altamente positiva, pero esta debe ir acompañada de un empoderamiento político de su cargo y de un fortalecimiento del Consejo de Conicyt para el diseño de un plan de desarrollo integral de la ciencia. Se hace además imprescindible mejorar los derechos laborales de los técnicos y profesionales que trabajan en los proyectos científicos.
Hay que confiar en el potencial alcanzado por la ciencia chilena, invirtiendo recursos adicionales, independientemente de la coyuntura del ciclo económico. Muchos países, hoy desarrollados, lo hicieron así y lograron dar saltos cualitativos que hoy les permiten brindar condiciones de vida mejores a sus actuales generaciones.