La Carta Democrática Interamericana se aprobó en Lima el día 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados en los EE.UU, en sesión especial de la Asamblea de la OEA con el objetivo principal de fortalecer la institucionalidad democrática en la región.
El documento establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia representativa, como el respeto a los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos y la libertad de expresión.
Desde que se firmó la Carta ha sido invocada en diez ocasiones: la primera vez fue en 2002 para defender a Hugo Chávez de un intento de golpe de Estado en Venezuela, en Bolivia (2003, 2005, 2008), en Nicaragua (2004 y 2005), en Perú (2004), en Ecuador (2005, 2010) y para condenar el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya en Honduras en 2009.
En la presente ocasión, el secretario general Luis Almagro ha invocado el artículo 20 de la Carta Democrática para el caso venezolano. Dicho artículo establece que "el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes".
Almagro, para justificar su decisión, hace mención de varias situaciones que, a su parecer, comprometen la democracia venezolana: la crisis humanitaria generada por la escasez de alimentos y medicinas, el bloqueo de los poderes del Estado y la situación de derechos humanos contra los presos políticos.
Según el analista estadounidense Michael Shifter, “Almagro no tiene un estilo típico al de sus predecesores en la OEA". Ello porque toma posturas más políticas y proactivas ante temas en que sus antecesores no actuaban. Almagro es un político avezado, fue canciller de Uruguay en el gobierno de José Mujica y tuvo un papel trascendental en destrabar el conflicto con la Argentina de los Kirchner por la papelera Botnia.
Las relaciones entre Nicolás Maduro y el secretario de la OEA empezaron a deteriorarse abiertamente en octubre de 2015, cuando Almagro recibió en el organismo a las esposas de los líderes opositores venezolanos encarcelados Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.
Almagro ha respondido duramente a las ofensas personales de Nicolás Maduro. Este lo acusó de “agente de la CIA” y de “traidor” y el jefe de la OEA le replicó diciéndo que se estaba convirtiendo en uno más de los tristemente célebres “dictadorzuelos” que han existido en la región. Simultáneamente apoyó la aplicación a Maduro del referéndum revocatorio contemplado en la Constitución venezolana.
Chile, Uruguay y Argentina hicieron un llamado a un “diálogo político y a un genuino entendimiento cívico entre todos los actores políticos y sociales”, abogando por la “plena protección de los derechos humanos y las libertades individuales”. Argentina, por su lado, en un primer momento, hizo un llamado para aplicar a Venezuela la Cláusula Democrática de la Carta Democrática Interamericana, pero luego se sumó a la posición de Chile y Uruguay.
Después de la reunión del Consejo permanente de la OEA el pasado primero de junio, el consenso regional mínimo en la OEA, hasta el momento, es inducir un diálogo entre los actores en pugna, en pos de una solución pacífica y democrática que resguarde los derechos humanos e impida el quiebre violento de la institucionalidad. No se prevé, por lo pronto, la sanción más severa de la suspensión de Venezuela de la OEA, ya que se requiere de los votos de dos tercios de la Asamblea General. No obstante, el solo hecho de que se haya invocado la cláusula demuestra que la situación en Venezuela va de mal en peor.