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Conversatorio sobre derechos humanos

Información pública, secretos y seguridad de Estado: Expertos debatieron en la U. de Chile

¿Qué entendemos por derecho al acceso a la información pública? ¿A quién pertenecen los archivos? ¿El secreto de Estado es realmente utilizado para proteger los intereses de una nación? Éstas y otras preguntas fueron abordadas en el marco del conversatorio "Documentos secretos y Fuerzas Armadas: Las ataduras para el derecho a la verdad", realizado por la Cátedra de Derechos Humanos.

El conservatorio Documentos secretos y Fuerzas Armadas: Las ataduras para el derecho a la verdad se realizó este miércoles 13 de julio.

El conservatorio "Documentos secretos y Fuerzas Armadas: Las ataduras para el derecho a la verdad" se realizó este miércoles 13 de julio.

Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos.

Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos.

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Documentos secretos y Fuerzas Armadas: El derecho a la información en el centro del debate
Video del conversatorio "Documentos secretos y Fuerzas Armadas: El derecho a la información en el centro del debate"

El caso de la periodista Catalina Gaete, quien en septiembre de 2015 solicitó al Estado Mayor Conjunto una serie de actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) entre 1989 y 2012, que le fueron en primera instancia negadas argumentando que éstas podrían afectar la seguridad del país, y cuya entrega hoy se está resolviendo por medio de la justicia, motivó a la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones a abrir un debate franco, recogiendo diversos puntos de vista en torno al tema.

Hugo Frühling, director Instituto de Asuntos Públicos U. de Chile; Azun Candina, académica Facultad de Filosofía y Humanidades U. de Chile; Francisca Skoknic, subdirectora Centro de Investigación Periodística CIPER Chile; Claudio Fuentes, director Escuela de Ciencia Política U. Diego Portales; Pablo Contreras, académico U. Alberto Hurtado; Víctor Herrero, académico Instituto de la Comunicación e Imagen U. de Chile; Gladys Camacho, académica Facultad de Derecho U. de Chile; Felipe Agüero, académico del INAP, junto a la periodista Catalina Gaete y Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, participaron del conversatorio realizado este miércoles 13 de julio y transmitido vía streaming a la comunidad universitaria y la ciudadanía.

La apertura del debate estuvo a cargo de la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de nuestro plantel, Faride Zeran, quien señaló: “Es un honor estar aquí con estos distinguidos invitados, para abordar un tema que es clave no solo para la Universidad de Chile sino para el país, y que tiene que ver con el caso de las actas del COSENA, un tema que para quienes somos periodistas tiene que ver con el acceso a la información y con la transparencia de una democracia”, afirmó Zeran, haciendo eco también de las múltiples miradas y argumentos que atraviesan este debate, las cuales permiten a su juicio “tomar conciencia de lo que significa, no solo vivir este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, en materia política, de derecho y de reivindicaciones ciudadanas, sino sobre todo cómo el tema de la transparencia y del acceso a la información, pasa a ser un tema hoy más relevante que nunca”.

Junto con relatar a los presentes el proceso de solicitud de las actas del COSENA y los hechos que en adelante ésto desencadenó, Catalina Gaete enfatizó que, “el contexto dentro del que se hace esta solicitud, es en el marco de una investigación periodística que se desarrollaba en Radio Universidad de Chile por un equipo de periodistas. Justamente estábamos tratando de buscar aquellos aspectos de la transición que no han salido a la luz”.

Previo a la ronda de intervenciones, Claudio Nash, moderador del conversatorio, afirmó que a través de este tipo de encuentros la Cátedra que coordina pretende "generar una práctica al interior de la Universidad de juntarnos a conversar temas relevantes en materia de derechos humanos, y nos pareció que éste era un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque une dos temas que nos han preocupado durante este año de trabajo: por una parte el ejercicio efectivo de derecho, en este caso, el derecho de acceso a la información, y por otra parte, el trabajo vinculado a la memoria, los archivos, que contienen esa memoria tanto del país como de la Universidad”.

Desde sus respectivos ámbitos los ocho panelistas invitados fueron entregando sus diversas reflexiones a partir del caso de Catalina Gaete. Hugo Frühling apuntó al derecho de reserva de las instituciones de orden en nuestro país. “Creo que la argumentación gubernamental en este caso refleja un sentido común respecto al derecho a la información, y ese sentido común es que hay ciertas instituciones, que parecen estar en el ámbito de la reserva. Es decir, las instituciones de orden, más las de Fuerzas Armadas, parecen portar con una especie de presunción de que lo que hacen no debiera ser discutido”, dijo.

Siguiendo esta misma línea, la subeditora de CIPER, Francisca Skoknic, afirmó: “Efectivamente hay una tensión súper fuerte entre el derecho de acceso a la información pública y seguridad nacional. Yo estoy de acuerdo en que hay un límite y entiendo que hay cosas que tienen que permanecer en secreto, sin embargo, estamos en un escenario en que todo es secreto cuando se trata de defensa y eso no puede ser. Hemos visto casos últimamente como el Milico Gate o todo lo que ha pasado con la Ley Reservada del Cobre. Durante muchos años se nos dieron argumentos de por qué esto tenía que ser secreto y se invocaban valores como la seguridad nacional, y resulta que había una cortina que no nos dejaba ver que lo que había tras eso era corrupción”.

Desde una perspectiva jurídica, Pablo Contreras, abogado y Jefe de Normativa y Regulación del Consejo Para la Transparencia (CPLT), problematizó sobre la actual Ley de Transparencia la cual señaló, “no tiene una regla que sí tienen otras legislaciones iberoamericanas, que impiden alegar como reserva o secreto en el caso en el que están involucradas violaciones a los derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, estoy pensando en la legislación mexicana y en la legislación peruana. Me parece que ese tipo de reglas expresas, permiten precisamente en sociedades de transición, en esquemas de justicia transicional, lidiar con los horrores del pasado y la liberación de información”.

Finalmente y dando un giro histórico al debate, Azun Candina, partió su intervención con las siguientes preguntas: “¿A quién pertenecen los archivos finalmente?¿Quién tiene el derecho y la capacidad de usarlos, de verlos e incluso de destruirlos y descartarlos?”. Para la disciplina archivística, advirtió Candina, “los archivos pasan por dos períodos, su uso administrativo –cuando son necesarios para la gestión de una organización– y su uso histórico –aquello que se preserva porque se considera importante más allá del uso burocrático que se le dé. Pero uno podría decir que atravesando ese uso administrativo puntual y ese uso histórico que viene más adelante, está su uso ciudadano, es decir el acceso que las personas deben tener a esos archivos, tanto para uso personal, como para usos colectivos y también para los usos que tienen que ver con la historia y la revelación de nuestra historia reciente, por lo tanto, aquí el principio sería que estos archivos son de todos nosotros”.

 

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