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Empleo

¿Es necesario un Estatuto Laboral Juvenil en nuestro país?

En un país donde la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanza el 16,2 por ciento, la posibilidad de que se creen hasta 100 mil puestos de trabajos para estudiantes de Educación Superior es sin duda una atractiva posibilidad. Sin embargo, la discusión en el Congreso de un Estatuto Laboral Juvenil ha sacado a la luz fuertes diferencias de opinión entre gremios empresariales -que valoran los incentivos para contratar estudiantes-, y sindicatos, que denuncian la precarización del trabajo.

Las voces críticas con la actual propuesta de Estatuto Laboral acusan que la iniciativa precariza las condiciones laborales de los trabajadores.

Las voces críticas con la actual propuesta de Estatuto Laboral acusan que la iniciativa precariza las condiciones laborales de los trabajadores.

Por el contrario, quienes respaldan la idea del Estatuto plantean que es necesario generar mayor flexibilidad para hacer más atractivo contratar trabajadores jóvenes y sin experiencia.

Por el contrario, quienes respaldan la idea del Estatuto plantean que es necesario generar mayor flexibilidad para hacer más atractivo contratar trabajadores jóvenes y sin experiencia.

Con el objetivo de incentivar la incorporación al mundo del trabajo de jóvenes de entre 18 y 24 años que se encuentran estudiando en instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado, el gobierno reactivó el Proyecto de Ley que crea un Estatuto Laboral Juvenil, que dormía en el Congreso desde la primera administración de Sebastián Piñera.

La iniciativa legal recibió duras críticas desde la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, y otras organizaciones sindicales, quienes acusaron una precarización del trabajo juvenil debido a -entre otras cosas-, incorporar como causal de despido que el joven deje de estudiar, en un escenario marcado por una tasa de desocupación.

Por el contrario, desde el gobierno y organismos empresariales como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), valoraron que el proyecto estimula el trabajo formal, y se hace cargo de necesidades urgentes como la disminución del desempleo juvenil y de la deserción en Educación Superior debido a la necesidad de trabajar.

Respecto a esta diferencia de criterio entre impulsores y críticos de la propuesta de Estatuto Juvenil, Miguel Urrutia, profesor de sociología del trabajo y la acción sindical en la Facultad de Ciencias Sociales, aseguró que la existencia o no de un proyecto de estas características obedece "más bien a una necesidad de los empleadores, ya que si bien en un primer momento resuelve algunos problemas inmediatos y asegura que los estudiantes que trabajen no pierdan subvenciones o becas, se retrocede en derechos establecidos, trasladándose a la larga esos costos al trabajador".

Para Urrutia, en una sociedad "con un mercado del trabajo tan desregulado" no habría necesidad de que los estudiantes adelantaran su ingreso al mundo laboral, excepto que fuera algún tipo de práctica. Sin embargo, la realidad implicaría que "en algunos casos el mismo título de mala calidad que sacan los condena a prolongar su permanencia en esos trabajos precarios a los que ingresaron siendo estudiantes".

Por el contrario, el académico de FACSO aseguró que "bastaría con hacer reformas específicas en el Código Laboral en algunos artículos que afectan a quienes estudian, resolviento problemas que tienen que ver con cómo articular jornadas parciales. Si el gobierno tiene verdadera intención de facilitarle la vida a los trabajadores jóvenes, ésa sería la vía, no precarizar más".

Una opinión diferente sostiene el profesor Claudio Palavecino, experto en Derecho del Trabajo, quien recuerda que los costos asociados a contratar a un trabajador sin experiencia -y por ende menos productivos, como los estudiantes-, hacen menos atractivo entregarles puestos que podrían tomar trabajadores a plena capacidad.

Por ello, la existencia de un Estatuto Laboral Juvenil es necesaria para generar incentivos a través de "una mayor flexibilidad respecto de los trabajadores jóvenes, bajando los costos que implica incorporarlos. La otra opción es la no contratación, y que los empleadores prefieran trabajadores que a diferencia de los estudiantes puedan dedicar una jornada completa a su labor", expresó.

Respecto a la crítica en torno a la precarización de las condiciones de trabajo, Palavecino insistió en que si bien los estudiantes quedarían con "un estándar de protección un poco más bajo que el trabajador a plena capacidad productiva, de todas maneras va a tener algo de protección en comparación a si trabajara informalmente", por ejemplo en materia de aporte a la seguridad social.

Actualmente el proyecto de ley se encuentra esperando su discusión en la Cámara de Diputados luego de ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo de esa instancia legislativa, espacio en el que se incorporaron numerosas indicaciones por parte de parlamentarios oficialistas y de oposición, quedando abierta la discusión sobre qué mecanismo se generará para que los jóvenes puedan combinar el estudio con el trabajo.

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