La inequidad en el acceso, uso y goce de un medio ambiente sano y de los servicios ambientales que este provee es otra expresión de la injusticia social que caracteriza a Chile, y que ha llevado a la ciudadanía a demandar un nuevo pacto social.
A pesar que la Constitución vigente asegura a todas las personas el derecho “a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y señala que es un deber del Estado “velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”, afirmando que “la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”, la materialización de ese derecho-deber no es percibida por la ciudadanía. De hecho, este derecho se ha visto comprometido en las denominadas “zonas de sacrificio”, esos lugares cuyos habitantes se ven obligados a vivir en un ambiente donde no sólo el aire, sino también el suelo y agua tienen presencia de contaminantes por sobre los niveles compatibles con la salud. Lo mismo pasa con los habitantes urbanos y rurales que no tienen acceso al agua a consecuencia de una institucionalidad que no garantiza ni prioriza ese derecho básico.
Corregir estas inequidades debe ser parte de un nuevo pacto social. La agenda social debería comprometerse con el objetivo de lograr que todas las personas tengan una vida ambientalmente digna y que nuestros recursos naturales renovables y no renovables sean usados y aprovechados racionalmente, gozando la ciudadanía en su conjunto, de sus beneficios. Para lograr esto será indispensable reformular en la nueva constitución el derecho de propiedad y su subordinación a los requerimientos de un medio ambiente sano, así como revisar las instituciones del Estado y sus distintos instrumentos relacionados al medioambiente, como la Ley 19.300.
La participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales es otro aspecto que forma parte de la crisis que estamos viviendo. Si bien la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en otros instrumentos de gestión ambiental existe formalmente, la Ley obliga a que ésta se realice en plazos y condiciones muy asimétricas entre la ciudadanía y los titulares, lo cual la convierte en una instancia prácticamente estéril, facilitando que se aprueben proyectos que terminan deteriorando la calidad y formas de vida de las personas. Un nuevo pacto social debe asegurarle a la ciudadanía oportunidades y medios para participar de manera temprana y equitativa en los procesos de toma de decisiones ambientales que les afecten.
Junto con esto, es mandatorio corregir las marcadas diferencias en la tipología de proyectos que debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Muchas actividades silvo-agropecuarias que inciden significativamente en la calidad del ambiente y, por lo tanto, de la vida de conciudadanos, no fueron incluidas en este sistema por presiones de grupos de interés. Hoy la ciudadanía demanda eliminar ese tipo de privilegios, los cuales refuerzan las relaciones de poder asimétricas que existen en el territorio, con el consiguiente deterioro e injusticia ambiental que eso conlleva.
Igualmente, se hace imperiosa la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. No firmar el Acuerdo conlleva, por una parte, dejar en la indefensión a las y los defensores del medio ambiente, por cuanto este instrumento internacional reconoce y garantiza su protección junto con definir las personas o grupos en situación de vulnerabilidad respecto su derecho a la vida, la salud, el trabajo y su ambiente. Por otra parte, no firmarlo representa otra marcada inequidad en el trato entre connacionales. El Acuerdo tiene como objetivos “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. No suscribir este tratado argumentando que al hacerlo Chile estaría expuesto a cortes de justicia internacionales en caso de controversias, representa una marcada contradicción, por cuanto los numerosos tratados comerciales firmados por Chile con múltiples países también contemplan estos mecanismos de resolución de controversias. Privilegiar el comercio por sobre el ambiente en el cual se vive, es otra expresión de la falta de justicia ambiental.
Sobrevalorar el crecimiento económico, soslayando los derechos y deberes ambientales consagrados en la Constitución, ha conllevado la degradación de los ecosistemas y la amenaza de extinción a numerosas especies, sea por sobreexplotación o pérdida de su hábitat. Además de ponerse en riesgo numerosas especies y ecosistemas, ello implica disminuir la calidad de vida de la población. El bienestar de la población depende en parte de los bienes y servicios que su biodiversidad les provee, incluyendo desde recursos alimenticios hasta elementos identitarios de las culturas presentes en nuestro territorio. Reconocer la contribución de la biodiversidad nacional al bienestar de la población debería formar parte del nuevo pacto social junto con la inherente obligación del Estado de “tutelar la preservación de la Naturaleza”, de la cual los ecosistemas y especies forman parte.
La degradación de la calidad ambiental y el deterioro de los bienes y servicios que provee la Naturaleza están también amenazados por el evidente cambio en los regímenes climáticos que experimenta Chile, y lo mismo ocurre con las personas. Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, tanto en el largo plazo, por el aumento sostenido de la temperatura, pero también en el corto plazo a través de la mayor frecuencia e intensidad a eventos extremos como sequías y aluviones. Estos eventos producirán desastres socio-naturales que afectarán a las comunidades de manera desigual, acentuando la condición de vulnerabilidad social en la que viven muchos chilenos. Los grupos de menores recursos resultarán mucho más vulnerables, al tener menor capacidad de preparación y respuesta, así como limitados recursos económicos y humanos para enfrentar estos episodios. Para remediar esta inequidad es imprescindible que existan políticas públicas adecuadas y oportunas, elaboradas con la participación de la ciudadanía.
Hacer efectivo el derecho a vivir en un medio ambiente sano y disponer de una naturaleza adecuadamente protegidas es una tarea a la cual el Estado debe obligarse, adecuando y transformando sus normativas e institucionalidad. La crisis social que enfrenta Chile es una oportunidad para abordar las inequidades ambientales que experimenta la ciudadanía. Un ambiente sano contribuye significativamente a vivir una vida más digna, que es lo que Chile hoy demanda.