La conversión de autos antiguos, previos al año 1992, se había transformado poco a poco en una alternativa interesante para una cada vez mayor cantidad de personas que buscaban darle una nueva vida a sus vehículos, a través de una opción que juzgaban además ecológica. Para ello, bastaba la adquisición de unos kit de conversión en Estados Unidos o China con un costo de entre 5 y 6 millones de pesos, y la posterior adquisición de una patente especial que se renovaba cada seis meses luego de una prueba básica.
Sin embargo, luego de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones emitiera el último mes una circular interna a todas sus Secretarías Regionales Ministeriales oficiando a las plantas de revisión técnica a no realizar esa inspección en autos convertidos, todos estos vehículos quedaron automáticamente fuera de la ley.
El profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e integrante del Centro de Energía, Williams Calderón, explicó que la conversión de vehículos aprovechaba un vacío de la ley, que establece que todos los autos posteriores a 1992 -por lo tanto con sello verde- no pueden ser modificados, pero no menciona a los más antiguos. "Lo que permitía por normativa el Ministerio y el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) era que estos autos se podían modificar porque quedaban fuera de la restricción planteada por la ley, pero nunca ha existido una norma que dijera que efectivamente se pudiera hacer, ni con requerimientos técnicos para realizarlo", detalló.
En la misma línea, la también investigadora del Centro de Energía Paulina Ramírez, alertó sobre la inexistencia de un organismo certificador que pueda realizar pruebas de choque, de airbag, cinturones de seguridad o estructura como las que se le realizan a los vehículos nuevos que ingresan al país, de manera de poder establecer estándares similares a los que deben cumplir los autos a combustión.
"Es posible generar una normativa al respecto, capacitar a la gente y desarrollar un organismo para cumplir con estas tareas, estableciendo también estándares que deban cumplir las empresas que se dedican a convertir vehículos, con pruebas de seguridad. En este momento cualquier persona natural podía hacer la conversión a bajo costo y tener en dos meses el auto en la calle", explicó Ramírez.
Ante eso, el profesor Calderón destacó que no es posible trabajar permanentemente la demanda por convertir vehículos viejos en eléctricos, por lo que es importante contar con "una norma clara y no tan rígida y que se adapte al desarrollo de esta tecnología, pero para eso se tiene que abrir una discusión sobre la ley que fija como límite el año 1992. Estamos hablando de vehículos que tienen casi 30 años, debemos pensar en cambiar el límite a 2002, o a 2008 incluso".
En ese sentido, el académico afirmó que una alternativa interesante sería observar las normas ya establecidas en países europeos o en Estados Unidos "y combinar la más idónea para Chile con la experiencia local, sumándole a ello que el 3CV debe tener la capacidad de testear baterías, vehículos en movimiento, revisar el sistema de enfriamiento y control de las baterías, los switch de seguridad, entre otras cosas, de manera de tener estándares de seguridad equiparables a los que existen para los vehículos a combustión".
¿Una alternativa ecológica?
La posibilidad de contar con autos que no tengan emisiones de gases contaminantes es sin duda atractiva en un contexto mundial marcado por el debate sobre las consecuencias del calentamiento global. A ello el profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Mauricio Tapia, suma los beneficios relacionados al ahorro en repuestos, el desarrollo de baterías más eficientes y ligeras, y la menor cantidad de componentes mecánicos, para tener una alternativa clara ante los autos a combustión.
Sin embargo, el académico explica que si bien se mejora ecológicamente "hay un problema que es propio de todo vehículo de cuatro ruedas: el espacio que ocupan durante el desplazamiento por la ciudad. Para enfrentar esta dificultad, que genera congestión, tacos y otros problemas, hay que avanzar hacia un sistema de transporte público eléctrico y de alto nivel, para que la gente deje de utilizar el vehículo de cuatro ruedas. Hay que cambiar la forma de moverse en las ciudades".
Consultado por el eventual aumento de consumo de energía eléctrica y la relación que tiene con el debate sobre la matriz de producción de ella, el profesor Tapia aseguró que es necesario cambiar el paradigma respecto a esta materia. "Hay que bajar a la escala de las personas y pensar en el desarrollo de alternativas comunitarias o locales de producción de energía. Cada pueblo o ciudad podría tener su propio sistema de recolección de energía si aprovechamos el potencial local con energía fotovoltaica o eólica en el norte, o pequeñas turbinas de paso en los ríos del sur", aseguró.
En ese sentido, cuestionó que "si tienes un condominio en donde toda la techumbre sean paneles fotovoltaicos, podrías producir energía para todas las casas e incluso podrías vender el sobrante al sistema eléctrico, pero actualmente no se puede hacer, sólo se puede obtener un descuento en la cuenta mensual, por lo que estamos sometidos al arbitrio del que genera y transporta la energía en el país".